A través de una publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el fin de la rebaja temporal de retenciones a la soja y el maíz, cuya vigencia se extendía hasta el 30 de junio.

La medida, que se materializó en el Decreto 439/2025, regirá desde el 1° de julio y hasta fines de marzo del próximo año, aunque no tendrá impacto en las alícuotas para el trigo y la cebada (se mantendrá la rebaja).

Previo a ello, diferentes sectores del campo manifestaron su malestar por la decisión del Ejecutivo en no prorrogar este beneficio. Tal es así que el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, fue contundente al respecto.

"Las retenciones son y serán un robo con cualquier Gobierno", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia. Al mismo tiempo, el productor agropecuario dijo que se siente decepcionado por la gestión del presidente Javier Milei, a quien cuestionó por no cumplir su promesa de eliminar los Derechos de Exportación.

"El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja", recordó Kovarsky, quien agregó que el campo tiene paciencia, "pero el bolsillo ya no aguanta más".

En una campaña agrícola marcada por la incertidumbre climática, pero en la que en general las condiciones de lluvias y temperaturas acompañaron, algunos productores que forman parte de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) demostraron que la clave del éxito no reside en la suerte, sino en la estrategia.

Con un manejo agronómico intensivo y una visión a largo plazo, lograron cosechas récord en soja y maíz, incluso donde las lluvias fueron esquivas.

¿Su secreto? Planificación, rotaciones inteligentes y una nutrición de cultivos de primer nivel.

La resiliencia y la planificación fueron los pilares para alcanzar rendimientos sobresalientes en soja. Productores de distintas regiones compartieron sus tácticas ganadoras con estrategias que les permitieron ganarle a la sequía.

EL CALAFATE, Santa Cruz.- Hojas de rúcula sobre una pizza casera, brotes de lechuga baby o unas hierbas recién cortadas para sumar a un frasco de conservas son imágenes comunes en cualquier cocina argentina, pero en la Antártida es un lujo impensado. Hoy todos esos productos frescos se pueden cosechar en tres Bases Antárticas argentinas gracias a un proyecto que se concretó por la perseverancia de un ingeniero apasionado.

“Jamás me imaginé que podría hacer un aporte como ingeniero agrónomo en la Antártida”, afirma Jorge Birgi, quien a partir de un e-mail que recibió en su oficina de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz del INTA, en 2015, se propuso lo que parecía casi una misión imposible: cultivar verduras en la Antártida para bajar el consumo de enlatados a militares y científicos. Así nació el desafío, desarrolló el prototipo del Módulo Antártico de Producción Hidropónica, MAPHI, y diez años después en tres bases se producen verduras todo el año.

El proyecto es fruto de la colaboración entre la EEA Santa Cruz del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) y la Dirección Nacional del Antártico. Además, participa la EEA Mendoza del INTA, que tienen a su cargo la evaluación de cada semilla que ingresará al continente blanco, un paso esencial en el proceso ya que certifican que la semilla pueda ingresar a la Antártida. Hoy esta tecnología innovadora funciona en las bases Marambio, Esperanza y, recientemente en Belgrano II.

A horas de que finalicen las alícuotas reducidas de las retenciones a la soja y el maíz, mientras -en cambio- seguirán disminuidas para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo próximo, el balance de la medida que rigió desde fines de enero pasado muestra un impacto contundente: según estimaciones privadas, junio podría cerrar con un aporte de divisas por más de US$6000 millones, un récord histórico para este mes. Algunos aventuran que ese número podría trepar incluso a US$7400 millones. No obstante, no todo se contabilizaría este mes, sino que habría un efecto de arrastre de operaciones de estos últimos días hacia julio.

La medida oficial, cuya finalización implicará que la soja pase de tributar del actual 26% al 33%, y el maíz del 9,5% al 12%, logró dinamizar la comercialización. En este marco, en junio se anotaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 21,3 millones de toneladas, un salto notable frente a meses anteriores. En abril y mayo se habían registrado 9,2 millones y 9,7 millones de toneladas, respectivamente. Más allá de la previsión de ingreso de dólares de los expertos, en la agroexportación prefirieron, ante una consulta, a que finalice el mes para dar los datos finales del sector.

Por Ignacio Iriarte.

En un reciente artículo publicado en Márgenes Agropecuarios, se observa que para el período 1981/2024 el costo de una hectárea para la cría (en la zona bonaerense de Las Flores, Rauch, Ayacucho) ha sido calculado en el equivalente a 1.074 kilos de ternero. En mayo de este año, ese indicador se ubica en los 879 kilos.

El período más favorable para adquirir campo con la venta de terneros se dio en los años 1986/1997, cuando eran necesarios, en promedio, 416 kilos, con el índice más bajo de la historia en el año 1988, con solo 363 kilos.

A partir de 1997, el costo del campo de cría -en términos de terneros- empezó a subir sostenidamente, hasta tocar un máximo en el 2013, con 2.100 kilos, índice que se repite luego en el 2019 y el 2023.

La cantidad de kilos de terneros que hoy se necesita para comprar una hectárea es un 18% más baja que el promedio de los años 1981/2024 y un 59% inferior a la cantidad que se necesitaba vender en el 2023.

En cuanto al precio de los campos de cría, para el período 1981/2024, debe observarse que promedia los U$S 3.070 por hectárea, expresado en dólares de hoy, actualizada la serie por el Consumer Price Index de los Estados Unidos.

Verse las caras, conocerse y buscar puntos en común es vital para que prospere cualquier relación y, por ende, cualquier red de conexiones. Eso buscaron esta semana cientos de emprendedores y empresarios del sector AgTech de Argentina y Sudamérica que se dieron cita en la ciudad de San Pablo, Brasil, con el objetivo de ampliar su potencia y con un leitmotiv que acompaña a todo el sector agroalimentario desde hace algunos años: transformar los datos en decisiones que lleven a una producción más eficiente y sustentable.

Clarín Rural viajó a San Pablo invitado por BASF para participar del World AgriTech South America Summit 2025 y conocer de primera mano las principales tendencias que se están dando en el sector. En el área comercial se pudo conocer, por ejemplo, la existencia de un clúster AgTech de Carolina del Norte, Estados Unidos, que reúne a investigadores, empresas y aceleradoras, y que llegó al encuentro acompañado por una firma de productos biológicos. También hubo proveedores de tecnología de avanzada para la toma de imágenes aéreas y satelitales, insumo central de la agricultura digital de precisión, y una pequeña empresa brasileña que desarrolló un robot para la aplicación selectiva de insumos alimentado por energía solar.

El acento argentino resonó en cada rincón, fueron varios los que realizaron el esfuerzo de estar en el evento con el objetivo de capturar fondos y poner un pie en el enorme mercado brasileño. Entre ellos estuvieron, por ejemplo, Beam Croptech, una startup formada por investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que se especializa en el desarrollo de eventos biotecnológicos para mejorar el rendimiento de los cultivos, y DeepAgro, inteligencia artificial para la aplicación selectiva de fitosanitarios.

La dirigencia ruralista tiene puesta la mira en la cuestión de las retenciones, que –salvo en trigo y cebada—vuelven a los niveles del año pasado desde el martes próximo. El reclamo unánime de las entidades se topa con la respuesta igualmente monocorde del Gobierno: se eliminarán (o reducirán) en cuanto ello no implique comprometer el equilibrio fiscal.

Quien sigue esta columna sabe que compartimos el criterio de que los derechos de exportación constituyen la principal traba para el desarrollo del sector agroindustrial. Les declaramos la guerra desde que se reimplantaron, en el 2001. Sugerimos muchos mecanismos para terminar con ellas: desde convertirlas en pagos a cuenta de Ganancias, o sustituirlas por una suerte de empréstito al Estado, quien debería entregar pagarés (bonos) en lugar de la exacción sin anestesia. Nada de eso se consideró. El Gobierno considera que serían parches y promete que, más tarde o más temprano, terminará con esta gabela.

El problema es que el discurso monotemático fue llevando a dejar de lado cualquier otra consideración de política agropecuaria. Hay una enorme cantidad de temas que, cuando se corra el velo de las retenciones, van a aflorar como tareas pendientes.

Entre estas, está la problemática de los biocombustibles. Durante el evento organizado por el diario La Voz en Córdoba, el ministro de Agrobioindustria de la provincia, Sergio Busso, colocó el asunto en el centro de la mesa. Volvió a la carga con la necesidad de incrementar el corte con etanol, lo que además del beneficio ambiental, tendría un impacto enorme en la actividad económica de la provincia.

Un empresario agroindustrial de la avicultura decía por estos días: “el año que viene tiene que haber una gran reforma impositiva y laboral”. Cercano a la visión del Gobierno, el ejecutivo sostenía frente a sus interlocutores que la competitividad del país se juega un desafío crucial en 2026, tras la definición del escenario político en las elecciones legislativas de octubre próximo.

Con vistas a preparar el Día de la Avicultura, el próximo miércoles, el empresario tenía en claro que la cadena necesita bajar los costos tributarios y laborales (no salariales) para mantenerse competitiva. Como tantos otros en la agroindustria, ponía el ejemplo de Brasil para identificar un país que tiene una visión de largo plazo más allá del signo político de quién gobierne. “La industria avícola brasileña ya genera más dólares que la exportación de autos”, decía.

El mismo desafío que tienen quienes manejan empresas agroindustriales lo enfrentan quienes están en el origen de la cadena. De allí que en los últimos días se multiplicaran los reclamos públicos de entidades rurales para que el Gobierno mantenga la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo que anunció a fin de enero pasado. Al cierre de esta edición, pese a la insistencia del ruralismo, el Gobierno no había aclarado si iba a mantener la reducción o sostenía el decreto del verano.

Por Federico Zerboni.

Desde hace casi diez años, la producción de maíz en la Argentina está estancada en alrededor de 50 millones de toneladas, aunque podríamos duplicarla: la cadena tiene el objetivo que denominamos 10x10, y es perfectamente alcanzable: sembrar 10 millones de hectáreas y lograr 10 toneladas en cada una, lo que nos llevaría a producir 100 millones de toneladas de maíz. ¿Por qué no lo logramos? ¿Qué nos falta?

Hace alrededor de tres décadas, la Argentina picó en punta en materia de producción agropecuaria: conjugando biotecnología, siembra directa y expansión de la frontera agrícola, llevó adelante una revolución que la hizo más que triplicar la producción total de granos, al pasar de 40 a 130 millones, y con un gran potencial de crecimiento tanto cuantitativo como en agregado de valor. Pero el Estado no vio al sector agropecuario como un socio estratégico, capaz de generar un desarrollo agroindustrial federal, localizado en las zonas de producción: lo vio como un lugar de donde obtener recursos fácilmente, incluso al punto de atentar contra su viabilidad.

Así, llegamos a un estancamiento productivo, mientras que Brasil, que también había arrancado la década de los años noventa con un proceso hiperinflacionario, pasó de producir 55 millones de toneladas a más de 320 millones, y de importar alimentos a ser el principal exportador mundial. Con buenas políticas agropecuarias y fiscales, en los últimos 30 años Brasil aumentó su PBI por 257%, Paraguay 252% y Uruguay por 324%. Con malas políticas, el PBI de la Argentina apenas creció 56% en ese lapso.

Por Ramiro Costa.

La respuesta sobre la viabilidad del maíz esta campaña depende, cada vez más, del marco de políticas públicas y del nivel tecnológico aplicado. Si bien continúa siendo uno de los cultivos más adoptados en las rotaciones por su aporte agronómico, su rol en la sostenibilidad del sistema y su demanda diversificada, los márgenes están bajo una creciente presión.

Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para la próxima campaña agrícola la probabilidad promedio de cubrir costos a nivel país es de apenas 53%. Esta proyección considera los precios de insumos actuales, los valores futuros a cosecha y el nivel vigente de Derechos de Exportación (DEX). En la práctica, esto significa que, en la mitad de los casos, el productor necesitará obtener rindes muy por encima del promedio zonal para cubrir sus costos y alcanzar una rentabilidad positiva.

Este resultado no sorprende si se considera el contexto actual: derechos de exportación del 12% (9,5% de alícuota reducida en forma temporal), costos crecientes en insumos y servicios, y una carga fiscal elevada sobre la producción primaria. Todo ello configura un entorno que desincentiva la adopción de tecnologías y limita el acceso a paquetes más eficientes y sustentables.