El Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto nacional para 2027, en el que prevé recaudar $12,06 billones por derechos de exportación. La cifra representa un aumento del 41,3% frente a los $8,53 billones estimados para 2026. Esta suba se produciría pese al cronograma anunciado por el presidente Javier Milei para continuar con la disminución de las alícuotas durante el año que viene.
De acuerdo con el proyecto, los ingresos por retenciones pasarían de $8.536.982,5 millones en 2026 a $12.062.269,8 millones en 2027. Si se cumple la estimación, el Estado recaudaría unos $3.530.000 millones más por este impuesto.
“Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación aumentarían un 41,3% en 2027 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio”, señaló el Poder Ejecutivo.
El aumento previsto es nominal, por lo que está influido por los precios y el tipo de cambio. Sin embargo, las retenciones también tendrían un mayor peso en la economía: pasarían de representar el 0,75% del producto bruto interno (PBI) en 2026 al 0,85% en 2027.
El documento no atribuye esa mayor recaudación a un aumento de las alícuotas. “La baja base de comparación explica este incremento porcentual”, indicó. A eso sumó el crecimiento esperado de las ventas al exterior. “Los supuestos macroeconómicos utilizados como base para la elaboración de este proyecto contemplan un crecimiento de las exportaciones totales tanto en dólares corrientes como en términos reales”, agregó.
La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período comprendido entre el 17 y el 23 de septiembre anticipa una semana de fuertes contrastes térmicos y condiciones cambiantes sobre buena parte del área agrícola. Durante los primeros días, el ingreso de vientos provenientes del trópico favorecerá temperaturas máximas superiores a los valores normales para la época en gran parte de la región productiva. La excepción estará dada por el sudeste bonaerense y el sur de Uruguay, donde las marcas serán más moderadas.
Las temperaturas más elevadas se concentrarán sobre el norte del área agrícola. El este del NOA, gran parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y el extremo sudeste de Paraguay podrían registrar máximas superiores a 30°C, con valores que en algunos sectores llegarían a superar los 35°C e incluso los 40°C. Más hacia el centro del país, el centro del NOA, buena parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y Uruguay tendrán registros de entre 25 y 30°C, mientras que sobre el centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, el sudeste bonaerense y el sudeste de Uruguay las máximas se ubicarán principalmente entre 20 y 25°C.
El cambio de escenario llegará con el avance de un frente de tormenta, previsto en coincidencia con el comienzo de la primavera astronómica, el martes 22 de septiembre a las 21:05, hora oficial argentina. El sistema provocará precipitaciones de distribución muy irregular, con aportes moderados a abundantes en buena parte del centro y este del área agrícola, mientras que amplias zonas del oeste recibirán lluvias escasas o directamente no tendrán aportes significativos.
Que los productores tengan por delante una perspectiva de evento El Niño, con lluvias superiores a la media histórica, no debería considerarse como algo catastrófico ni extremadamente favorable; habrá mucha diversidad ante ese escenario. “Hay algunas zonas que, a partir de fin de septiembre y comienzos de noviembre, pueden empezar a mostrar señales más claras de manifestación del evento El Niño, como, por ejemplo, el nordeste argentino, que abarca las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa y la parte este de Paraguay y el sur de Brasil. En esta región se pueden desencadenar excesos hídricos importantes”, adelanta Leonardo de Benedictis, meteorólogo de AZ-Group.
“Después, más cerca de fin de año, el efecto de El Niño va a empezar a tener impacto en el litoral y en una porción de la zona central del territorio, pero en menor magnitud que en el nordeste argentino”, agrega. En tanto, los menores efectos se podrían verificar en San Luis, La Pampa y el oeste de Córdoba.
Por otro lado, la perspectiva de lluvias superiores a lo normal genera una alerta en la altura de los ríos. “Se espera que las precipitaciones se desarrollen en toda la cuenca del Plata, que involucra la zona del río Paraná, del río Uruguay y del río Paraguay, y eso puede producir crecidas que afecten islas y campos vecinos”, alerta.
En síntesis, según el informe, El Niño no va a repercutir de la misma manera en todo el territorio; va a haber impactos diferentes y zonas que van a ser muy poco afectadas, como La Pampa, San Luis y el oeste de Córdoba y otras donde impactará con mayores acumulados, como el noreste del territorio nacional.
El proyecto para establecer un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles volvió a entrar en una instancia de fuertes negociaciones en el Senado, después de que el texto que había obtenido dictamen a comienzos de septiembre no consiguiera reunir los acuerdos necesarios para ser tratado en el recinto. En las últimas horas aparecieron nuevas modificaciones sobre el capítulo del biodiésel, entre ellas una definición más amplia de “grupo económico” que toma como referencia la situación societaria existente al 31 de diciembre de 2025 y que generó reparos entre algunas de las empresas denominadas no integradas.
La discusión ocurre además con el proyecto nuevamente incluido en la agenda parlamentaria. Ayer, además, se conoció que tras una reunión de Labor Parlamentaria con los presidentes de los bloques, Biocombustibles quedó incorporado al temario de la sesión ordinaria prevista para hoy, a las 11. El intento anterior de llevar la iniciativa al recinto había quedado suspendido por la falta de acuerdo, particularmente en torno del esquema previsto para el biodiésel. La iniciativa ya había conseguido despacho favorable el 3 de septiembre en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
Ese dictamen había sido el resultado de varios meses de discusión y unificó siete proyectos presentados por legisladores de diferentes bloques. Entre sus principales puntos establece un régimen con una vigencia de 15 años, eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del actual 7,5% al 10% a los doce meses de sancionada la ley y lleva el bioetanol en las naftas del 12% al 15% en el mismo plazo.
La entidad que agrupa a los elaboradores de balanceados para alimentación animal de la Unión Europea (Fefac) alertó que en la actual coyuntura la aplicación del reglamento EUDR a partir de 2027 podría generar “un riesgo potencial de interrupción de la cadena de suministro de harina de soja”.
Un documento oficial de la entidad publicado este miércoles advierte que la UE-27 podría perder la capacidad de importar alrededor de 4,0 millones de toneladas de soja en 2027, lo que representa un 20% de las necesidades de compras.
El reglamento 1115 de la UE-27 sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) exige a las empresas que comercialicen soja, carne vacuna, madera, cacao, café, palma aceitera y caucho en Europa demostrar que sus productos no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y que cumplen con la legislación local. El nuevo marco regulatorio comienza a regir a partir del 1 de enero de 2027.
La cuestión es que, debido a una sequía generalizada, Europa perdió una porción de la oferta agrícola prevista para el año que viene. Y a eso se le suma la imposibilidad de abastecerse de productos ucranianos debido al “apagón logístico” del Mar Negro y los bajos caudales de agua presentes en el río Danubio.
“La presión ejercida por el reglamento 1115 de la UE sobre las primas de mercado para los suministros segregados de productos de soja aumentará aún más los costes de aprovisionamiento, al tiempo que socava la seguridad alimentaria, sin garantías de mercado sobre la disponibilidad o el acceso a 35 millones de toneladas de soja o más para la próxima campaña comercial 2026/27”, alerta el documento de la Fefac.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 confirma que se sostiene la tendencia. Hasta ahora, en sus tres años de mandato el gobierno ha ejecutado sólo un tercio de lo recaudado para obras hídricas, y ha invertido gran parte de ese fondo fiduciario en activos financieros. Ni el “Súper Niño” ni las experiencias del 2025 cambian los planes.
Tras haber presentado su “ley de leyes” al Congreso, que empezará a debatirse a partir de octubre, es útil hacer un repaso por los proyectos que tiene el gobierno respecto a la infraestructura hídrica. La buena noticia es que en 2027 se proyectan más recursos y mayores transferencias para obras, pero en el ministerio de Economía ya se frotan las manos con lo que quedará disponible para “timbear”.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado por decreto en 2001, se abastece fundamentalmente de una tasa específica aplicada a la venta de combustibles y, como el resto de los fondos de ese tipo, es administrado con el Banco de la Nación Argentina como fiduciario.
Su objetivo es estrictamente el de financiar proyectos hídricos, como el trabajo sobre los canales, las obras de mitigación de inundaciones y la gestión del agua a nivel general. Pero, generalmente, parte de esos recursos no se vuelcan en su totalidad, incluso cuando son muy necesarios.
El Grupo Grassi busca recuperar el negocio frigorífico de Vicentin mediante una alianza con empresas especializadas en la industria de la carne. La iniciativa busca quedarse con las plantas de Friar en Reconquista y Nelson, recuperar su actividad industrial y volver a posicionarlas en el negocio exportador. Esta empresa es una de las que habían quedado afuera del proceso de Cramdown de la cerealera. En paralelo, el grupo también avanza sobre la puesta en valor del feedlot que llegó a tener capacidad para engordar unos 50.000 animales de manera simultánea.
La iniciativa se inscribe en el proceso de reordenamiento del negocio cárnico, donde la reducción de costos y la eficiencia industrial aparecen como condiciones centrales para recuperar competitividad. En ese escenario, Friar es uno de los activos que el Grupo Grassi busca recuperar dentro de la estructura de Vicentin.
Según fuentes del sector, la empresa viene siendo administrada por los fondos Baf Credit y Baf Trade. Actores de la cadena indicaron que ambos fondos se encuentran actualmente en liquidación y que no tendrían un proyecto industrial, comercial o de inversión destinado a mejorar o estabilizar la actividad de Friar.
Las mismas fuentes señalaron que, durante ese proceso, los fondos fueron consumiendo el capital de trabajo de la empresa sin aportar soluciones que permitan recuperar el funcionamiento de las plantas. Se trata de una situación que, según los actores consultados, explica la necesidad de encontrar una alternativa para el negocio frigorífico.
Bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, el Congreso Internacional de Drones se realizará entre el 23 y 25 de septiembre en la Sociedad Rural de Tucumán y tendrá participación de INTA, analistas de tecnología agrícola y empresas especializadas.
El Congreso reunirá ciencia, tecnología, producción y nuevas aplicaciones de la aeronáutica no tripulada, y propone analizar el presente y el futuro de una tecnología que dejó de ser una simple herramienta para convertirse “en un ecosistema de innovación con aplicaciones”, según expresaron desde la organización.
El encuentro es organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Sociedad Rural de Tucumán, Kampu SRL, y el Ing. Carlos Bermúdez.
“Los drones dejaron de ser dispositivos experimentales o herramientas reservadas a sectores especializados. Hoy forman parte de un ecosistema tecnológico que integra aeronaves, sensores, inteligencia artificial, comunicaciones y análisis de datos”, remarcaron desde la organización.
Hoy en día a nivel mundial, su impacto se extiende a la agricultura, la minería, la energía, la infraestructura, la seguridad, las emergencias, la conservación ambiental, la logística, la investigación científica y la producción audiovisual.
“Permiten obtener información de alta resolución, automatizar tareas, reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de las decisiones. Al mismo tiempo, su crecimiento exige regulación, capacitación, mantenimiento y criterios claros de seguridad y responsabilidad”, señalaron.
Una incorporación impulsada por la Dirección General de Administración (DGA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desató una polémica dentro del organismo y podría obligar al Consejo Directivo a revisar una decisión que ya había aprobado. El caso involucra a Daniel Alfredo Neira, quien hasta fines de julio se desempeñó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y recibió al dejar ese organismo una liquidación final neta de $109.781.999,73. No obstante, un día después ocupaba el cargo de “gerente de contabilidad” del organismo tecnológico.
La controversia surgió cuando comenzó a trascender la incorporación de Neira en el organismo que depende de la Secretaría de Agricultura. El caso llegó a integrantes del Consejo Directivo, quienes recientemente tomaron conocimiento de las condiciones en las que Neira había salido del Enacom.
Según documentación a la que accedió LA NACION, el organismo de comunicaciones resolvió prescindir de sus servicios a partir del 31 de julio de 2026 y lo notificó de la extinción de su contratación en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La planilla correspondiente a su liquidación consignó, entre otros conceptos, $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. El monto líquido informado fue de $109.781.999,73.