“La Comisión Nacional de Valores (CNV) acaba de introducir un nuevo cambio en las reglas aplicables al movimiento de fondos entre los agentes registrados y sus clientes. La resolución general 1166/2026 modifica el Título XI de las Normas de la CNV y profundiza un camino que el organismo venía recorriendo: menos instrumentos susceptibles de rechazo y mayor trazabilidad bancaria”, destaca un informe de Héctor Tristán, socio de Tristán y Asociados.
Según el experto, para el mercado agropecuario esta cuestión tiene particular interés. “Muchos intermediarios ya no desarrollan exclusivamente el tradicional corretaje de granos. En una misma estructura conviven operaciones físicas, futuros y opciones, garantías, inversiones financieras y otras operaciones del mercado de capitales”, dijo y remarcó: “Es precisamente en esa intersección donde la nueva regulación merece ser analizada con cuidado”.
Para Tristán, el cambio más visible es sencillo: “el cheque deja de integrar el régimen de recepción y entrega de fondos de los agentes a sus clientes”.
Tristán recordó que modificaciones anteriores habían eliminado el efectivo, pero todavía contemplaban cheques físicos y electrónicos. “Incluso se había establecido un límite de dos pagos diarios por cliente mediante cheques”, recordó.
El experto señaló que la resolución general 1166 da ahora un paso adicional y estructura el sistema sobre transferencias bancarias o CVU identificables y trazables. “La explicación de la CNV es pragmática: procura asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos y eliminar la posibilidad de rechazos inherente al cheque”, indicó.
El cultivo de girasol atraviesa una etapa de auge. En un escenario global caracterizado por notables incrementos en la producción, el procesamiento y la demanda de aceite de la oleaginosa, la campaña local 2026/2027 arranca con un aumento en la intención de siembra superior al 5%. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), durante este ciclo se llegaría a 3 millones de hectáreas implantadas.
Hasta el 9 de septiembre, ya se había sembrado el 23,4% del área proyectada, unas 701.000 hectáreas, esto representa un avance de 5,1% más que el promedio histórico para la fecha. Las labores se concentraron en las regiones centro y norte del país. En el NEA (noreste argentino), el progreso llega al 94%, mientras que, en el centro norte de Santa Fe, ya se implantó la mitad de la superficie, por la ausencia de lluvias. En tanto, en el centro norte de Córdoba se sembró el 8%; en la zona núcleo norte, el 15% y en el centro este de Entre Ríos, el 10%. Por el momento, los productores de Buenos Aires y La Pampa aguardan para dar inicio a las labores.
A nivel internacional, el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por sus siglas en inglés) estima una producción argentina de grano de girasol de 8 millones de toneladas, mientras que la consultora Oil World la calcula en 6,4 millones de toneladas, considerando un área de 3,12 millones de hectáreas y un rendimiento de 2,05 toneladas por hectárea.
De acuerdo con la primera estimación del Departamento de Información Agronómica (DIA) de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), la inversión alcanzará los U$S 3.768 millones, 8,6% más que los U$S 3.469 millones destinados al ciclo anterior.
El dato permite dimensionar el movimiento económico que genera la agricultura provincial incluso antes de que comiencen a levantarse las cosechas. Semillas, agroquímicos y labores explican buena parte del incremento de los costos directos y elevan el capital necesario para producir.
La primera proyección de intención de siembra, realizada durante agosto, ubica en 8.003.600 hectáreas el área destinada a soja, maíz, maní, girasol y sorgo.
La superficie prácticamente se mantiene estable respecto de las 8.000.311 hectáreas implantadas en la campaña 2025/2026, con un incremento de 3.289 hectáreas, equivalente al 0,04%.
El dato más significativo, sin embargo, está en la relación entre superficie e inversión: prácticamente no habrá crecimiento del área agrícola, pero producir demandará más capital.
Pero detrás de esa estabilidad se produce un cambio en la composición del área. La soja será el único cultivo que crecerá, mientras que maíz, maní, girasol y sorgo tendrán reducciones.
La oleaginosa alcanzaría 3,89 millones de hectáreas, un aumento de 5% interanual. El maíz, por su parte, ocuparía 3,39 millones de hectáreas, 4% menos que en el ciclo anterior.
Ya es oficial: Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola del país y la nave insignia del grupo GTA, se presentó en concurso preventivo de acreedores. Según pudo confirmar Ámbito de fuentes judiciales y empresariales, la compañía inició formalmente el proceso y la causa tramita ante el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, de la Justicia Nacional en lo Comercial.
La presentación se produce después de más de un año de crisis financiera, ajuste industrial y negociaciones con acreedores que no lograron encontrar una salida para la situación del grupo. Y tiene un peso especial dentro del holding: primero fue Wade la sociedad que recurrió a la Justicia y ahora llegó el turno de Granja Tres Arroyos, la empresa madre y principal compañía del grupo.
Wade, la sociedad utilizada por el grupo para quedarse con los activos de la ex Cresta Roja, había presentado su propio pedido de concurso preventivo pocos días antes. Ahora, la llegada de Granja Tres Arroyos a los tribunales lleva la crisis al corazón del holding construido durante décadas por la familia De Grazia.
La magnitud de la compañía permite dimensionar el impacto de la decisión. Granja Tres Arroyos emplea a unas 6.500 personas y durante su etapa de mayor expansión llegó a operar ocho plantas de faena en la Argentina y Uruguay. El grupo concentró más del 20% de la producción avícola nacional y destinaba alrededor del 35% de su volumen a los mercados externos.
Desde una de las pasarelas elevadas del Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas, Jimmy Parnell mira los animales que llenan los corrales debajo de la enorme estructura techada. Llegó desde Alabama y es uno de los 62 productores estadounidenses que por estos días recorren la Argentina para conocer su ganadería. La calidad de los animales y la genética fueron algunas de las cosas que más lo sorprendieron. “Estaría orgulloso de tener esas vacas en Estados Unidos”, contó.
La visita llega en un momento particular para la ganadería de Estados Unidos. Frente a la caída del stock y la suba de los precios, los productores aseguran que, después de años difíciles, finalmente recuperaron rentabilidad. Pero en medio de ese buen momento, la decisión de Donald Trump de aumentar las importaciones de carne no cayó del todo bien entre los ganaderos. Aunque respaldan el objetivo de bajar los precios al consumidor, cuestionan especialmente el momento elegido. En la Argentina, además, quedaron sorprendidos por la calidad de la hacienda y mostraron interés por su genética, que hoy no puede ingresar al mercado estadounidense. La delegación estuvo en San Antonio de Areco y recorrió un feedlot, hoy pasó por el Mercado Agroganadero de Cañuelas y este miércoles visitará un tambo robotizado en Castelli.
Parnell es productor ganadero de quinta generación y presidente de la Alabama Farmers Federation. En su establecimiento compra terneros de alrededor de 200 kilos, los recría a pasto hasta los 400 kilos y luego los envía a feedlots del centro de Estados Unidos, donde terminan su engorde con granos.
Una planta de biogás de General Villegas, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, comenzó a utilizar inteligencia artificial (IA) para controlar parte de su proceso productivo, incluidos motores, bombas, el generador y la alimentación de los biodigestores. El sistema fue puesto en funcionamiento hace tres semanas, tras más de un año y medio de desarrollo, y, según sus creadores, es la primera experiencia de este tipo aplicada al control de una planta de biogás en la Argentina.
Detrás del novedoso proyecto está Sebastián Cuenca, de 42 años, ingeniero electrónico, quien junto con su socio Eduardo Espíndola, de 41, tienen una empresa de automatización industrial. En el desarrollo también trabajaron con Lisandro Peirone, gerente de Operaciones de la planta, con quien Cuenca había compartido tareas cuando se desempeñaba como jefe del establecimiento.
“Al irme de esta planta comencé a estudiar la inteligencia artificial para industrias y para todo lo que es generación de energía. Me puse como meta crear algo para poder controlar toda esta parte productiva de plantas de biogás. Tardé un año y ocho meses en desarrollar lo que llamamos un software con control de la IA”, explicó Cuenca, socio de AutoLink Solutions, desarrollador del proyecto.
El proyecto de IA comenzó en enero de 2025. Antes de llegar al control de los equipos hubo un trabajo de relevamiento, procesamiento y entrenamiento de los modelos con casi tres años de información operativa de la planta.
Todos los pronósticos indican que el último trimestre del año verá llegar, finalmente, los “coletazos” del “Súper Niño”. La posibilidad de que las precipitaciones se intensifiquen en hasta un 100% hacia fin de año preocupa particularmente en la Cuenca del Salado y todo el interior bonaerense, donde temen que la postal del 2025 haya sido sólo un adelanto de la del 2026.
Entre las iniciativas, proyectos y reuniones políticas que se sucedieron en las últimas semanas, dos senadores libertarios elevaron una propuesta formal: que por 6 meses los municipios puedan disponer de los fondos que reciben por el impuesto Inmobiliario Rural para llevar a cabo obras hídricas.
Hasta el momento, esas erogaciones tienen como único destino la red de caminos rurales, y piden ampliar su ámbito de acción.
Los senadores bonaerenses de Unión y Libertad, Sergio Vargas y Silvana Ventura, acaban de presentar un proyecto en la legislatura que pide formalmente autorizar a los municipios “a disponer y aplicar, de manera indistinta, hasta el 100% de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural derivados del Impuesto Inmobiliario Rural a la ejecución de obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico”.
La provincia de Santa Fe reafirma su posición como uno de los principales polos de la cadena porcina argentina, con una participación cercana al 18% tanto en la faena como en la producción nacional. El sector se encuentra atravesando un proceso de transformación marcado por una mayor escala productiva, inversiones en tecnología y mejoras en genética, bioseguridad y climatización.
De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), basados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, Santa Fe contaba al 31 de julio de 2026 con 840.872 cabezas de ganado porcino, equivalentes al 15,6% del stock nacional.
La provincia dispone además de unas 2.534 unidades productivas activas, que representan el 3,8% del total nacional. En los últimos años se observa una tendencia hacia establecimientos de mayor escala, con un incremento en la cantidad promedio de madres por unidad productiva y una incorporación creciente de tecnología.
En paralelo, disminuye la cantidad de pequeños establecimientos no integrados que caracterizaron históricamente a la actividad.
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) volvió a reclamar que los municipios y las comunas de Córdoba dejen de cobrar una tasa por el visado y conformado de las guías para trasladar animales.
La entidad pidió que la Legislatura provincial avance con dos proyectos destinados a prohibir esa percepción y que se les permita la participación en los debates para defender a los productores rurales.
Bajo el título “Un tema complejo que necesita una solución única y urgente”, la organización sostuvo que numerosos gobiernos locales cobran por intervenir en un trámite que actualmente se concentra en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
“Cobran, pero no prestan servicio alguno”, menciona el documento presentado por la asociación.
La entidad reconoció que la situación presenta diferencias entre localidades. En algunos casos, incluso participan sociedades rurales no afiliadas a Cartez que comparten con los gobiernos locales parte de los fondos recaudados.
Sin embargo, consideran que esas particularidades no deben utilizarse para demorar una respuesta. “Esa complejidad, sin embargo, no puede servir de excusa para postergar una solución que ya es urgente”, señalaron.