La organización fundamentó su reclamo en un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, según indicaron, reafirmó la improcedencia de cobrar tasas sin una contraprestación efectiva.

También advirtió que el cargo no alcanza a todo el sector agropecuario, sino únicamente a quienes se dedican a la cría o el engorde de animales.

Para Cartez, estas actividades contribuyen al arraigo, la producción y la generación de empleo en el interior provincial.

“No es razonable que esos productores afronten en soledad costos generales de los municipios y las comunas, aunque los recursos se destinen a fines legítimos o necesarios”, expresó la entidad.

Según el comunicado, algunos intendentes y jefes comunales argumentan que necesitan esos fondos para renovar el parque automotor o compensar la caída de la coparticipación.

La asociación consideró que esas necesidades pueden ser atendibles, pero no justifican que su coste recaiga sobre un sector específico.

Algunos municipios y comunas ya eliminaron el cargo, una decisión que la organización valoró. No obstante, advirtió que las respuestas aisladas generaron desigualdades entre productores según el lugar donde desarrollan su actividad.

Por ese motivo, reclamó un criterio general para todo el territorio cordobés que termine con las diferencias entre jurisdicciones.

El pedido a la Legislatura

Con estos planteamientos, Cartez solicitó que la Legislatura de Córdoba avance “sin demora” con el tratamiento de los proyectos presentados por Oscar Agost Carreño y Matías Gvozdenovich, que buscan impedir que los gobiernos locales continúen percibiendo este cargo.

Además, pidió que Mariano Ceballos, presidente de la Comisión de Agricultura, convoque a una reunión para analizar ambas iniciativas y garantice la intervención de la entidad “a fin de que la voz de los productores sea escuchada”.

La Voz del Interior