En los sistemas ganaderos, la base de la producción —ya sea de carne o de leche— comienza en la calidad y disponibilidad de las pasturas. Lograr una implantación uniforme y un crecimiento sostenido resulta clave, aunque factores como el estrés climático, la salinidad o la degradación de los suelos suelen limitar ese potencial.

En este contexto, los productos biológicos ganan protagonismo como herramientas capaces de mejorar el desempeño de los cultivos forrajeros, especialmente en ambientes complejos. Ensayos realizados por el INTA Rafaela en conjunto con UPL Corp Argentina evidencian el impacto positivo de estas tecnologías cuando se aplican de manera estratégica.

Los resultados muestran que, en aplicaciones realizadas hacia fines de primavera e inicios del verano con bioestimulantes orientados a mitigar el estrés, se registraron incrementos de rendimiento superiores al 100% en comparación con los testigos.

En tanto, cuando se utilizaron productos orientados al crecimiento durante el otoño —bajo condiciones ambientales más favorables—, los aumentos de productividad rondaron el 65%.

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, firmó el pasado viernes una resolución para desafectar del patrimonio del organismo el campo de 33 hectáreas donde funcionaba hasta ahora la eliminada Estación experimental del AMBA, entre los partidos de Hurlingham e Ituzaingó. Se trata de la primera venta de un campo en concreto, dentro de un plan esbozado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que podría incluir luego la venta de hasta 42 mil hectáreas en el interior del país.

En una resolución a la que tuvo acceso Bichos de Campo, Bronzovich declaro “la no objeción para el procedimiento de desafectación del inmueble donde funcionara la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), conocido como “Cabaña Tuyú”, ubicado en el Partido de Seis de Septiembre (antes Morón), jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires”.

El predio que se pondrá a la venta corresponde a las “Fracciones 1 a 6, Parcela 423a S/Plano 101-336-84 y 2º Remanente Parcela 416a S/Plano 101-214-89, Nomenclatura Catastral Definitiva: Circunscripción IV, Parcelas 416f y 423c, que forma parte de un predio de mayor extensión, adquirido por el Estado Nacional con destino al entonces Ministerio de Agricultura para la instalación de la Estación Experimental Central, mediante Escritura Pública 438, de fecha 15 de junio de 1945”.

En efecto, en 1943 se creó el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) y para su funcionamiento se adquirió en el entonces Partido de Morón, un campo que había sido propiedad de la familia Leloir. Varios años después, cuando se constituyó el INTA, las instalaciones del CNIA en Hurlingham fueron base inicial del nuevo organismo.

A Granja Tres Arroyos se le empezó a achicar la estructura por donde más le duele: la producción. Mientras la empresa sigue arrastrando un fuerte deterioro financiero, con casi 2.000 cheques rechazados entre sus principales sociedades, ahora también enfrenta una pérdida de volumen que golpea de lleno sobre el esquema que durante años sostuvo su liderazgo en el negocio avícola.

Según los registros del BCRA, Granja Tres Arroyos acumula actualmente 1.200 cheques rechazados por más de $20.100 millones, mientras que Wade suma 412 documentos por unos $3.500 millones y Avex otros 373 por cerca de $2.800 millones. En conjunto, las tres sociedades concentran casi 2.000 cheques rechazados por más de $26.400 millones, una cifra que muestra hasta qué punto se profundizó la tensión financiera que ya había empezado a quedar expuesta a fines de febrero.

Pero el dato que más inquieta hoy en el sector ya no pasa sólo por la caja. La señal más delicada es otra: la empresa empezó a perder parte de su red de productores integrados, una pieza clave de su modelo de negocios. En la práctica, eso significa menos granjas trabajando para la compañía, menos capacidad de crianza y menos volumen disponible para sostener la faena.

De acuerdo con la información que circula en la cadena avícola, alrededor de 120 productores dejaron de operar con la firma y buscaron alternativas en otros frigoríficos. En términos proporcionales, eso implica una pérdida cercana al 60% de los integrados con los que la compañía venía trabajando. Para una empresa cuya principal fortaleza siempre fue la escala, el dato es más grave que cualquier balance: muestra que la crisis ya no está contenida en el frente financiero, sino que empieza a vaciar capacidad real de producción.

Las lluvias del fin de semana encendieron las alertas en el interior productivo bonaerense, con registros extremos que en algunas zonas alcanzaron hasta 200 milímetros en apenas seis horas y complicaron seriamente la situación para la cosecha. El escenario, que ya venía tensionado por precipitaciones previas, se agrava ahora con pronósticos de nuevos eventos intensos hacia mediados de esta semana, lo que pone en riesgo la logística y la recolección de granos. En la provincia de Buenos Aires, los excesos hídricos comenzaron a sentirse el fin de semana anterior, pero en los últimos días se profundizaron y afectaron de lleno a las regiones productivas. Los caminos rurales, en muchos casos deteriorados, volvieron a quedar bajo el agua y las tareas en los campos se vieron seriamente condicionadas, en un momento clave del calendario agrícola.

Los distritos de Azul, Olavarría y Bolívar fueron de los más golpeados, con acumulados que en algunos sectores llegaron a los 200 milímetros. La situación generó anegamientos, complicaciones en la circulación y pérdidas en la producción.

Fue así que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su preocupación por el impacto del fenómeno. “Las lluvias intensas que se registraron en distintas zonas no solo afectan la producción, sino también a las ciudades y a la vida cotidiana de miles de familias”, señalaron en un comunicado. En ese sentido, la entidad remarcó que “en localidades como Azul y Olavarría, por ejemplo, se superaron los 200 mm en pocas horas, generando anegamientos, complicaciones en los caminos, mortandad de animales y serias dificultades para trabajar, trasladarse y sostener las actividades diarias”.

Una de las pocas menciones que hizo el presidente Javier Milei sobre el agro en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1° de marzo, fue para adelantar que su gobierno impulsará “un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas”, porque “no podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas, que no se pueden vender en Argentina”.

Todos entendieron que se refería al pedido concreto de Estados Unidos para que la Argentina adhiera al convenio internacional UPOV 91, que fija un marco más rígido que el actual en materia de defensa de la propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas semillas. De hecho, en contra de esa posibilidad, todas las entidades de productores prepararon su proyecto propio de ley para actualizar las normas, pero manteniendo al país dentro de la UPOV 78.

Como sea, en una alternativa o la otra, todo parece indicar que se procederá a construir un marco legal más sólido que impida el comercio ilegal de semillas o el uso propio indiscriminado. Y en ese sentido, todos los operadores coinciden en que cualquier esquema que surja será exitoso en tanto el Estado asuma su responsabilidad de efectuar controles adecuados sobre ese sector.

Esa tarea queda a cargo del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, que depende de la Secretaría de Agricultura y al cual un decreto presidencial publicado hoy en el Boletín Oficial, el 205/2026, le volvió a recortar estructura y algunas funciones.

El mes de marzo marcó el inicio formal de la zafra ganadera en Argentina y lo hizo con un dato que refleja el próspero momento del sector: el mercado consignatario Rosgan comercializó 53.666 cabezas, el mayor volumen mensual de su historia.

Con cuatro remates realizados durante el mes, la actividad comenzó con la fuerza de la muestra agroindustrial Expoagro, donde la oferta de hacienda, principalmente terneros, destinada exclusivamente a invernada totalizó 38.198 cabezas, marcando el pulso de una campaña que empezó con expectativas positivas.

En tanto, la continuidad del calendario comercial del mercado rosarino se desarrolló con remates en distintos puntos del país, reafirmando el carácter federal de la institución.

Desde Tandil se ofrecieron 4.382 cabezas; en Concordia, 7.528; y el ciclo cerró en Darregueira con 3.558 animales, consolidando un volumen que refleja tanto la dinámica de la zafra como la confianza de los productores en el negocio ganadero.

En este contexto, la ganadería vuelve a posicionarse como una actividad competitiva dentro del sistema productivo argentino, especialmente en el segmento de cría y recría, donde los resultados económicos comenzaron a mostrar señales contundentes de recuperación.

La producción avícola en la Argentina enfrenta su mayor amenaza en décadas: el 95% de la oferta nacional de pollo y huevos se encuentra comprometido por el avance de la influenza aviar, según advirtió Javier Prida, presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA).

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el funcionario sostuvo que, si no se habilita el uso de vacunas –una herramienta cuya eficacia se acercaría hoy al 95%–, el país podría sufrir un quiebre en el abastecimiento interno de la principal proteína animal que consumen los argentinos.

“Esta enfermedad que hace un par de años se denominaba como una enfermedad exótica, dejó de serlo, para ser una enfermedad que circula de forma doméstica en la Argentina. Lamentablemente, hay herramientas para el control y la prevención de esta enfermedad, pero el país no habilita el uso de las vacunas”, dijo Prida en Infobae en Vivo.

La imposibilidad de vacunar obedece a la presión de los países compradores, que amenazan con cerrar mercados si la Argentina adopta esta medida. Sin embargo, Prida explicó que la exportación de huevos y pollo representa el 5,25% del volumen total de proteína avícola producida en el país, mientras que el consumo doméstico supera ampliamente los volúmenes destinados al exterior.

“Hoy el argentino come 75 kilos entre pollo y huevo frente a los 40 kilos de carne roja que se proyectan para este año”. El especialista reveló que, actualmente, la grieta regulatoria entre la necesidad sanitaria local y la protección del negocio exportador pone en vilo al segmento productivo que abastece al mercado interno.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, criticó los cambios implementados por el Gobierno nacional en el programa de vacunación contra la fiebre aftosa para el año que viene, al asegurar que pone en peligro el estatus santuario del país, cuestión por la cual apuesta a que en el trascurso del año se pueda “revertir la medida”.

La medida rechazada por CRA es la promulgada hace tres semanas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a través de la resolución 201/2026, que establece que a partir de 2027 los productores podrán seleccionar y acordar libremente la contratación de un veterinario acreditado ante el organismo, como vacunador, función que hoy depende de las fundaciones.

Para Castagnani, "el gobierno cometió un error y tenemos todo este año para revertir esta medida”.

“Está en riesgo el estatus sanitario de la Argentina y se pone en peligro la sanidad de nuestro rodeo", afirmó el dirigente en el marco de la Expo Rural de Puerto San Julián, en Santa Cruz.

En ese sentido, remarcó que "la sanidad animal no es un costo, es una inversión estratégica", y advirtió que cualquier retroceso impacta directamente en la producción, el acceso a mercados y la previsibilidad del sector, asegurando que “debilitan un sistema que llevó décadas construir”.

Un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina analizó el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los costos de la producción agropecuaria en Argentina.

Tal como vienen presagiando otras entidades y analistas, el trigo de la próxima campaña 2026/27, si se mantiene el escenario, sería el más impactado.

“La magnitud del impacto dependerá de la duración del conflicto y de su coincidencia con el calendario de decisiones productivas. Mientras que, en la campaña en curso, el efecto principal se concentra en los costos de cosecha y transporte, una prolongación del escenario actual podría trasladarse con mayor intensidad a la campaña fina 2026/27 a través del encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados”, explicaron desde la entidad.

De acuerdo a la mirada de la SRA, a los costos agrícolas “se les introduce presión” -sube el precio- debido a dos causas diferentes:

• Aumento del gasoil: el gasoil tipo grado 2 aumento el 22%
• Aumento de fertilizantes nitrogenados: la urea aumentó 42%.

El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, en el oeste bonaerense, resolvió anular total y/o parcialmente el cobro de la tasa de mantenimiento de la red vial de la Municipalidad de Daireaux. Según el fallo dictado por el juez Pablo Cristian Germain en la causa iniciada por un grupo de productores rurales contra el municipio, el tributo solo es exigible cuando existe una prestación efectiva del servicio. El magistrado ordenó reliquidar lo cobrado tras comprobarse un desvío de fondos del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023 hacia gastos ajenos al servicio por el que se paga la tasa. Dispuso la nulidad de actos administrativos del exintendente Esteban Alejandro Acerbo (PJ).

La noticia la celebraron los productores locales luego de que Germain declarara la nulidad total de la tasa para un grupo de demandantes por “inexistencia de mantenimiento en el camino” de acceso y dispuso la nulidad parcial para el resto. En esta primera instancia hubo cuatro demandantes que contempla el fallo, sin embargo, de acuerdo con el letrado patrocinante, hay otros tres juicios en trámite que esperan una resolución.

Según explicó Jorge Moroni, abogado patrocinante de los productores a LA NACION, la sentencia se inscribe en una demanda de pretensión anulatoria, presentada por un grupo de productores agropecuarios, quienes cuestionaron decretos municipales que habían rechazado sus reclamos administrativos por el cobro de la tasa vial en los períodos 2022-2024. El eje del planteo fue la naturaleza jurídica del tributo, donde el juez ratificó que “la tasa no es un impuesto”, sino que requiere una contraprestación concreta, individualizada y efectiva, y advirtió que “su cobro sin servicio configura una afectación” al derecho de propiedad.