El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), registró en junio una suba de 2,56%. El aumento representa una aceleración frente al 0,8% de mayo y se ubica por debajo del pico de abril (3,8%), el mayor en los últimos nueve meses.

Con este resultado, el índice acumula una variación del 14% entre enero y junio de 2025, y una suba interanual del 32,8%. En comparación, cerró 2024 con un alza del 84,9% y alcanzó en 2023 el mayor nivel de las últimas tres décadas, con una suba acumulada del 248%.

El ICT releva mensualmente 11 rubros que inciden de forma directa en los costos operativos del transporte de cargas en todo el país. El estudio cuenta con auditoría técnica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se utiliza como referencia en la determinación de tarifas del sector.

Según el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, el incremento de junio refleja el impacto combinado de los rubros Combustible, Personal, Reparaciones y Gastos Generales. “El contexto económico, atravesado por la devaluación del tipo de cambio en abril y mayores costos de financiamiento, sumó presión sobre insumos clave para el sector”, puntualizan.

EL CALAFATE.- La legislatura santacruceña votó una ley que crea un marco legal para garantizar el control fitosanitario del ingreso de productos agropecuarios a la provincia: lo hizo en medio de la polémica que mantienen las provincias patagónicas con el gobierno nacional luego de que oficializara el permiso para que ingresen cortes con hueso plano –como asado- a la Patagonia desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa.

La flamante normativa surgió como respuesta directa a las medidas del Poder Ejecutivo que flexibilizan la barrera fitosanitaria en la Patagonia vigente hace más de dos décadas. Esta medida ha sido calificada como un “retroceso gravísimo en términos sanitarios, productivos y ambientales” en los fundamentos de la ley.

El diputado radical Mario Boffi, autor de la ley, dijo a LA NACION que la medida busca “darle una herramienta al Ejecutivo y a la autoridad de aplicación para, en base a la avanzada de estas resoluciones, qué hacer y también consensuar con el bloque patagónico”.

El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista denegó el recurso presentado por el directorio desplazado de Vicentin SAIC, que pretendió frenar la apertura del proceso de salvataje empresario dispuesto por esa instancia, luego del rechazo a la homologación del acuerdo concursal con acreedores resuelto por la Cámara de Rafaela.

En una nueva resolución judicial dictada este 4 de julio, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista rechazó por “infundado e improcedente” un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el abogado Guido Ferullo, en representación del directorio desplazado de Vicentin SAIC.

El escrito intentaba frenar el proceso de salvataje empresario abierto por la justicia santafesina, mientras la empresa continúa promoviendo recursos ante tribunales superiores.

Según sostuvo el juzgado, la presentación no puede suspender el avance del proceso porque los recursos extraordinarios o quejas interpuestos no tienen efecto suspensivo, tal como establece la Ley Provincial N.º 7055. Citando jurisprudencia y doctrina, la resolución remarca que el fallo de la Cámara de Rafaela del 13 de mayo -que rechazó la homologación del acuerdo y ordenó abrir el salvataje- debe ejecutarse de inmediato.

El consumo de carne vacuna se encuentra en una tendencia decreciente. De acuerdo al último informe de CICCRA (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina), el consumo por habitante de carne vacuna se ubicó en mayo en un nivel de 49,5 kilos/año, el cual se ubicó 0,5% por encima del registro correspondiente a mayo del año pasado. Sin embargo, continúa en niveles mínimos.

El productor y consultor ganadero Víctor Tonelli confirmó que, si bien hubo una leve mejora, el consumo de carne vacuna en Argentina sigue siendo uno de los más bajos de la historia. “Este semestre cerró con un promedio de 49 kilos por habitante por año, contra 44 del año pasado, pero seguimos lejos de los 82 kilos que se consumían seis décadas atrás”, explicó.

Tonelli fue claro al destacar que el cambio cultural y el precio empujaron esta transformación. “Hoy se consume más carne en total, pero menos carne vacuna. Entre pollo y cerdo, pasamos de 12 a 65 kilos por habitante por año. Eso explica el desplazamiento del vacuno, que además es más caro y menos eficiente de producir”, señaló en diálogo con Rivadavia AM 630.

Pasó el primer semestre y julio abrió un abanico de dudas respecto a lo que podría acontecer con el dólar en la previa de las elecciones de octubre que, para el oficialismo, son fundamentales a la hora de engrosar su influencia en los cuerpos legislativos del Congreso y dar sustento a los mercados.

Las cuatro primeras ruedas del séptimo mes del año mostraron una fuerte presión alcista, arrastradas por leves subas sobre el final de junio. El oficial ganó $ 55 en lo que va de la semana ($ 45 en lo que va de julio) y se ubicó en su valor más alto ($ 1260) desde que el Gobierno anunció la flexibilización del cepo cambiario.

Al mismo tiempo, este martes se hizo oficial el fin de la rebaja temporal de las retenciones al campo. De esta forma, los productores deberán volver a pagar una alícuota mayor (mismo nivel que en enero 2025) en lo que respecta a la soja (33%) y el maíz (12%).

En ese sentido, la consultora ICYAsociados señaló que, durante el primer semestre del año, la liquidación del agro alcanzó los u$s 15.400 millones, lo que implica un incremento del 40% respecto del mismo período de 2024. Claro está, esto se explica por la disminución de los Derechos de Exportación (DEX), una de las medidas más reclamadas por los representantes de la Mesa de Enlace.

El disco no alcanza: una práctica que parecía ganar adeptos en el campo argentino –la labranza ocasional como estrategia para reducir la presión de malezas en lotes con siembra directa prolongada– acaba de ser puesta bajo la lupa por la ciencia.

Un reciente estudio conducido por investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Universidad de Clemson (EE.UU.), realizado en un lote de Carlos Casares con más de 20 años de siembra directa continua, demostró que esta intervención no genera el efecto deseado.

El trabajo, liderado por los especialistas Fernando Oreja y Elba de la Fuente, evaluó qué ocurre al interrumpir la siembra directa con un pase de rastra. La conclusión fue clara: las malezas persisten, incluso las más difíciles de erradicar.

La labranza provocó una redistribución vertical de las semillas en el perfil del suelo, desplazándolas de la capa superficial hacia niveles más profundos.

Durante décadas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) fue el organismo encargado de garantizar que los productos veterinarios ingresaran y se comercializaran dentro del país bajo estrictas normas de control sanitario. Pero en los últimos meses, una serie de resoluciones aceleradas y poco debatidas con el sector privado cambiaron el paradigma y pusieron en alerta a buena parte de la industria veterinaria nacional.

Promovida por el ministro Federico Sturzenegger, la Resolución 338/2025, dictada el 17 de mayo, habilitó la importación hacia Argentina de productos veterinarios -como vacunas, medicamentos y kits diagnósticos-, ya registrados en otros países considerados “equivalentes”, sin necesidad de cumplir con el tradicional proceso local de evaluación y registro. La medida se sumó a la Resolución 333/2025, sancionada apenas dos días antes, y a la Resolución 11/2025, publicada en enero, que había abierto el camino para una desregulación progresiva del sistema.

Pero detrás de la aparente “simplificación burocrática”, el sector local advierte por un “cambio de paradigma” que podría comprometer el estatus sanitario del país y la sustentabilidad de la industria nacional de medicamentos veterinarios.

El aumento de derechos de exportación aplicado por el gobierno libertario llegó en el peor momento porque en el mercado internacional se está registrando un alza de los valores de los fertilizantes.

Con un valor de referencia mayorista de la urea en torno a los 580 u$s/tonelada, el precio del fertilizante medido en “moneda” maíz y trigo se incrementó de manera sustancial en las últimas semanas.

Buena parte del fertilizante destinado a los cultivos de trigo y cebada ya fue adquirido. El gran interrogante es qué sucederá con el maíz 2025/26 si una relación insumo/producto tan desfavorable se mantiene en las próximas semanas.

“La provisión de urea está asegurada: la planta local (Profertil) opera con normalidad y sin inconvenientes de abastecimiento, y las importaciones continúan a buen ritmo pese a los conflictos geopolíticos”, señala el informe semanal de la consultora IF Ingeniería en Fertilizantes.

En 1972, Roque Luis Cassini (76) se recibió de abogado y comenzó a ejercer la profesión en una oficina de 10 metros cuadrados. Con esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo, durante años, creció hasta tener un estudio de 45 abogados y 100 personas.

Con las utilidades generadas y crédito bancario fue comprando campos y hoy gerencia 8500 hectáreas en el oeste de Buenos Aires, en las que produce 16.000 toneladas de granos y 1,850 millones kilos de carne.

Actualmente, Cassini es el dueño de La Cassina, un campo de 5400 hectáreas en el partido de Guaminí, cercano a la laguna de Cochicó. Es la zona donde anteriormente se hacía invernada de novillos y que fue transformada en agrícola gracias a la soja y a la siembra directa. Actualmente desarrolla un planteo mixto combinando la agricultura con la cabaña y la recría e invernada de terneros.

En la zona los suelos son arenosos profundos, aptos para agricultura, reciben un promedio de 930 mm de lluvia anual distribuidos en forma pareja durante primavera, verano y otoño. El campo madre, La Cassina, tiene 5400 hectáreas, pero el productor gerencia otras fracciones, con las que suma 8500 hectáreas entre propias y arrendadas.

Por Agustín Torroba.

Hace unas semanas, el pasado 28 de mayo, se realizó el Congreso anual de Maizar, con el lema “Por más valor”. Este importante espacio de reflexión e intercambio resulta una buena oportunidad para poner en la mesa de debate los potenciales usos del maíz en la Argentina y el mundo.

De esos usos potenciales, uno de los principales en el futuro pasa por el inimaginable mundo de los aviones. Ocurre que la aviación internacional civil enfrenta el urgente desafío de descarbonizar sus operaciones, con el objetivo de alcanzar la meta de emisiones netas cero de dióxido de carbono (CO₂) para el año 2050, en línea con los compromisos firmados en el Acuerdo de París. Para avanzar en esta dirección, el sector ha planteado una serie de medidas basadas en nuevas tecnologías, mejoras en la eficiencia de las aeronaves y logísticas.

Sin embargo, la gran apuesta de la aviación internacional civil para reducir sus emisiones pasa por los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés). El progreso en el desarrollo tecnológico permite que, con el almidón del maíz, la caña de azúcar o los aceites que se extraen de la soja, se produzca una molécula casi idéntica al combustible convencional derivado del petróleo y admitida para su uso en todas las aeronaves.