La industria láctea argentina atraviesa un momento de dinamismo. Según datos oficiales, entre enero y agosto de 2025 las exportaciones aumentaron 13% y generaron ingresos por US$980 millones, mientras que la producción acumulada alcanzó 7193 millones de litros, un 11% más que en igual período del año pasado. En este contexto, en el Gobierno destacan que el desafío ahora está en desarrollar los mercados ya abiertos, fortalecer la presencia argentina en cada destino y sumar valor a los productos. Para eso, aseguran, se necesita más innovación, articulación público-privada y promoción comercial.
El crecimiento del sector indica que se explica por una combinación de factores: una mejora en la productividad, la estabilidad de los precios internacionales y una demanda interna que volvió a afirmarse. Entre enero y agosto, el consumo de leche fluida aumentó 5% y el de quesos 9%, lo que refleja una base de consumo sólida tras años de sequía y altos costos. En paralelo, la elaboración industrial creció 11,3% interanual y la utilización de la capacidad de recibo en las plantas se ubicó en torno al 51%, con una participación del 79% de las industrias comprendidas bajo la resolución 230, que agrupa a las principales usinas lácteas del país.
La semana dejó subas generales para los granos en Chicago. Además del papel protagónico de los fondos de inversión, que concretaron compras de ocasión ante precios que se mantienen deprimidos, las mejoras respondieron a un buen ritmo de la molienda estadounidense de soja, que apuntala la demanda interna en medio de la disputa con China, que se mantiene sin solución, y a la chance de volúmenes menores a los previstos por el USDA para la cosecha de la oleaginosa y de maíz. En el caso del trigo, su principal fundamento alcista fue, paradójicamente, haber caído hasta el nivel de precios más bajo en cinco años, lo que lo ubicó en un lugar de competitividad destacado en el mercado de exportación. En el mercado local volvió a retroceder el valor de la soja y ya se siente la presión por la proximidad de la cosecha de trigo.
"De este lugar no me saca nadie", dice Claudia Balbi. La mujer está parada en el medio de la parcela que cultiva hace dos años y medio, en el Parque Huerta del distrito sudoeste, un predio verdísimo de cuatro hectáreas en Uriburu al 3800, donde funciona uno de los puntos productivos del Programa de Agricultura Urbana del municipio. Claudia y su hija, Yanina Avendaño, llegaron hasta allí después de la pandemia de coronavirus, cuando la quinta donde trabajaban cerró sus puertas. Ahora, ambas, tienen un lugar donde desarrollarse, una producción que venden en los mercados agroecológicos y, sobre todo, destacan, un pequeño lugar en el mundo.
Es jueves por la mañana y el viento lleva y trae olor a romero, a ruda, a lavanda. Claudia se mueve con gracia entre las filas de lechugas, acelgas, verdeos, repollos, radichetas y alcauciles que están listas para cosechar. En uno de los costados de la huerta hay algunos ejemplares ya en flor. Son los que proveerán las semillas para la próxima cosecha.
Al predio, que fue donado al municipio por una escuela, llegan a ritmo rutinario grupos de personas que recorren el lugar, participan de talleres de producción de plantines y terminan el recorrido con bolsones color verde llenos de verduras recién sacadas de la tierra. Las visitas son parte de las actividades organizadas en el marco de la Semana de la Agricultura Urbana. Este viernes, el lugar de encuentro fue el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín, donde se realizó una feria e intercambio de semillas. El domingo, en la esquina de Oroño y avenida Rivadavia habrá una gran feria y una clase de cocina a cargo de Marcelo Megna.
Mar del Plata. En el marco del 61° Coloquio de IDEA, un grupo de empresarios agroindustriales se reunió para analizar los desafíos del sector y plantear los principales reclamos al Gobierno nacional. La baja de retenciones, la apertura comercial y la mejora de las rutas y puertos encabezaron la lista de pedidos.
Del encuentro participaron Juan Farinati (Bayer Argentina), Marcos Bradley (Syngenta), Ignacio Lartirigoyen (Lartirigoyen y Cía.), Mariano Bosch (AdecoAgro), Gustavo Portis (Basf) y Gustavo Armendáriz (Tempra), además de representantes de Agroindustria, Agroeducación, Aapresid y otras compañías y cámaras vinculadas al sector.
El encuentro sirvió como espacio de diagnóstico y propuesta. Los empresarios coincidieron en que la Argentina necesita avanzar hacia un esquema de impuestos más razonable, que incentive la inversión y la producción. Farinati advirtió que la presión impositiva “sigue siendo enorme” y que la eliminación gradual de las retenciones debe formar parte de un plan integral.
Marcos Bradley, de Syngenta, pidió previsibilidad y reglas estables, con políticas de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno. “Estos horizontes largos son los que permiten planificar y crecer”, sostuvo.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que integran diversas entidades del sector, como Coninagro, entre otras, respaldó un proyecto de ley para regular las aplicaciones de fitosanitarios. Se trata de una iniciativa impulsada por la “Red de Buenas Prácticas Agropecuarias” en el Congreso de la Nación.
Según los empresarios agroindustriales, el “Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental Para La Aplicación De Productos Fitosanitarios (Exp. 5621-D-2025)”, presentado ante el Congreso de la Nación, es “un paso fundamental para dotar al sector agroindustrial y a la sociedad argentina de un marco regulatorio moderno y previsible".
Gustavo Idígoras, presidente del CAA y de CIARA-CEC, celebró el tratamiento del proyecto en las Comisiones de Agricultura y en la de Ambiente de la Cámara de Diputados, al señalar que es “un ordenamiento basado en la ciencia, vital para promover el desarrollo productivo sustentable y federal en toda la Argentina”.
El CAA destacó que promover un marco de buenas prácticas es uno de sus objetivos, buscando favorecer la productividad, el valor agregado, la protección del medioambiente y los altos estándares sanitarios en la producción y comercialización, así como brindar seguridad sanitaria a los trabajadores de las actividades agropecuarias y a las comunidades donde se desarrolla la producción.
A principios del próximo mes, América Latina tendrá que elegir el nuevo director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde tres referentes del ámbito agropecuario, con perfiles técnicos y experiencia en gestión pública, compiten por la dirección del organismo hemisférico. Cada uno busca imprimir su visión sobre cómo fortalecer la cooperación agrícola, la innovación tecnológica y el desarrollo rural sostenible en las Américas. La elección definirá el rumbo del organismo para los próximos cuatro años.
En ese escenario, Fernando Mattos Costa, exministro de Agricultura uruguayo y candidato, quien hasta ahora y de acuerdo con distintas fuentes tendría cerca de la mitad de los 34 votos de los Estados miembros del organismo, asegura que tiene el respaldado de algunos países de la región más allá del suyo, como Brasil y Chile. La Argentina todavía no definió su voto, que además es secreto. En la terna también está Muhammad Ibrahim, candidato de Guyana y de la Comunidad del Caribe (Caricom), y Laura Suazo, actual ministra de Agricultura y Ganadería de Honduras. Las elecciones serán del 3 al 5 de noviembre.
En una entrevista con LA NACION, Mattos señaló que propone una gestión orientada a la sostenibilidad, la cooperación técnica y la integración productiva regional.
Aunque la agenda legislativa se comprime y se vuelve estrecha en medio de un proceso electoral, con un recambio de diputados y senadores en el corto plazo y un debate por el Presupuesto 2026 pendiente, el proyecto que busca modificar la actual ley de biocombustibles, que fue calificada como un claro retroceso para el sector, se hizo lugar en la discusión de la Comisión de Energía del Senado e intenta abrirse camino con el respaldo de la liga las provincias bioenergéticas y las cámaras empresarias sectoriales.
Entre los objetivos del proyecto en tratamiento se destaca la necesidad de modificar los artículos 8° y 9º de la ley 27.640 -Ley de Biocombustibles- para establecer el aumento en el corte de gasoil y de nafta, en un porcentaje obligatorio de biodiesel y bioetanol en su caso.
“Es una realidad de hecho, y una situación de público y notorio conocimiento, la grave crisis imperante en las provincias que integran nuestro país, en especial en el norte argentino, del constante y persistente desabastecimiento de combustibles, nafta y en especial gasoil, en los últimos meses”, remarcan los fundamentos.
“Esta cuestión que afecta a los argentinos y que involucra a los sectores público y privado, como a los trabajadores, que desarrollan sus actividades comerciales y productivas basadas en el transporte, deriva inevitablemente en una verdadera situación de emergencia, por la escasez de combustible, que impacta de manera directa en la marca del proceso económico y financiero de nuestro país”, agregan.
En el corazón agrícola de Córdoba, el girasol vuelve a brillar. Lo que hace una década parecía un cultivo relegado –por la presión de las palomas, la competencia de la soja y la búsqueda de rindes más estables– actualmente recupera espacio con fuerza. La campaña pasada marcó un punto de inflexión y la nueva, que ya comenzó a sembrarse, consolida esa tendencia: más superficie, más tecnología y resultados que sorprenden incluso a los técnicos más experimentados.
El fenómeno no es aislado. La Bolsa de Cereales de Córdoba proyecta en la provincia un incremento en la superficie sembrada de maíz y de girasol, en detrimento de soja, maní y sorgo. El documento señala que la siembra de girasol comenzó a principios de septiembre y que, aunque el avance aún no se cuantifica, se observa una fuerte intención de siembra en todo el territorio provincial. Según la misma entidad, el cultivo atraviesa “uno de sus mejores momentos en los últimos 15 años”, impulsado por los buenos resultados de la campaña anterior y por un marco de precios atractivo.
En el este cordobés, Francisco Revol, ingeniero agrónomo y encargado de producción de la firma ACI Agro, en la zona de El Tío, cerca de Arroyito, decidió volver al girasol después de más de una década sin sembrarlo. “La última vez fue en 2009. Lo habíamos dejado por la paloma, que era muy agresiva en la zona y nos generaba pérdidas importantes”, recuerda a La Voz.
Por Ignacio Iriarte.
Brasil, el primer exportador mundial y el responsable del 35% de las exportaciones globales de carne vacuna, embarcó en septiembre pasado 315 mil toneladas peso producto, un nuevo récord histórico, ubicándose este volumen 25% por encima de septiembre de 2024, facturando U$S 1.770 millones, contra U$S 1.160 millones de igual mes del 2024, lo que implica un avance interanual de 55%.
Esta exportación récord, en volumen y en dólares, se produce pese a que el mercado estadounidense está prácticamente cerrado, debido al elevadísimo arancel impuesto a las carnes brasileñas por la administración de Donald Trump. Este arancel podría revisarse en las próximas semanas, como resultado del reciente acercamiento del presidente estadounidense con su par de Brasil, Luis Inácio “Lula” Da Silva.
El precio FOB promedio de Brasil de septiembre pasado, unos U$S 5.600, se ubicó 25% por encima de un año atrás. Este récord de embarques se está dando con colocaciones superiores a las 187 mil toneladas a China en septiembre, lo que marca también un nuevo récord histórico. El flujo comercial Brasil-China es hoy por lejos el más grande del comercio mundial de carnes.
Estados Unidos proyecta una cosecha de soja de 118 millones de toneladas para la campaña 2025/2026, y la producción se centra en el Medio Oeste, ante todo en estados como Iowa, Illinois y Minnesota.
Por su parte, la producción mundial del grano alcanzaría a 426,8 millones de toneladas, con un alza notable de la cosecha en Brasil que alcanzaría a 178 millones de toneladas.
La República Popular sólo produce 18/20 millones de toneladas de soja por año, mientras tiene una demanda doméstica de más de 120 millones de toneladas; y esto hace que China sea estructuralmente dependiente de las importaciones del exterior, originadas en sólo 3 países: EE.UU., Brasil, y la Argentina.
El vínculo entre estos 3 países y la demanda de la República Popular es el núcleo del negocio de los agroalimentos en el mundo.
Esto le otorga un carácter inmediatamente relevante a todo conflicto que estalle entre EE.UU. y China respecto a la producción sojera; y esto es lo que ha ocurrido en este momento cuando la República Popular ha dejado de comprar soja a EE.UU. a partir del mes de abril, como represalia a los aranceles especiales de más de 300% que le impuso Donald Trump.