La ganadería argentina atraviesa un punto de inflexión en su estructura de financiamiento. De acuerdo con el último informe elaborado por ROSGAN, las empresas ganaderas han llevado su endeudamiento con entidades bancarias a cifras sin precedentes. Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelaron que los saldos adeudados por el sector ascendieron a USD 1.562 millones al cierre del segundo trimestre de 2026, marcando una expansión interanual del 47% y un incremento del 38% en lo que va del año.

Según el informe, este fenómeno supera los máximos alcanzados entre finales de 2017 y principios de 2018, período registrado hasta ahora como el de mayor expansión del crédito agrícola. Desde principios de 2024, el volumen de deuda del sector ganadero se triplicó.

"Los saldos de deuda provenientes de préstamos contraídos por empresas ganaderas alcanzan —medidos en dólares— su nivel máximo de los últimos 20 años, superando incluso los registros alcanzados entre fines de 2017 y comienzos de 2018, cuando se registró otro de los momentos de mayor expansión del crédito bancario", destacaron desde Rosgan.

Un rasgo distintivo de esta dinámica es la marcada preferencia por las líneas de financiamiento nominadas en moneda extranjera. El informe detalló que el 43% de los pasivos ganaderos actuales corresponden a préstamos en dólares, una cifra considerablemente superior al 30% observado un año atrás y al 22% registrado a mediados de 2024.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes a referentes del sector agropecuario, quienes respaldaron el proyecto de vandalismo rural presente en el Congreso.

La iniciativa crea la figura de intrusión rural, con penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión.

Se trata de una figura clave porque permitirá que las fuerzas de seguridad actúen de manera proactiva ante el merodeo nocturno de delincuentes, sin necesidad de esperar a que el delito ya se haya consumado.

La iniciativa, además, crea la figura de daño agravado, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado, incorporando expresamente sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados como bienes protegidos.  La pena mínima se duplica cuando el autor es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria.

El proyecto también actualiza el delito de instigación pública, elevando la pena a 2 a 6 años de prisión para quien incite a cometer estos delitos, con una triplicación de la pena cuando la incitación se difunde por redes sociales o medios de comunicación masiva.

La situación que vive Lácteos Verónica es cada vez más compleja: por un lado, la empresa, propiedad de la familia Espiñeira, se presentó en concurso de acreedores con una deuda que roza los $16.000 millones, pero, al mismo tiempo, una de sus tres plantas comenzó con un proceso de reactivación con trabajos a fasón.

Se trata de la fábrica de la localidad de Suardi, cuyo plantel ronda los 90 empleados. Su reactivación “parcial y transitoria” fue anunciada semanas atrás por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), pero recién en los últimos días, comenzaron los trabajos de prueba.

La reanudación de las actividades se dio a partir de un contrato a fasón suscripto con la empresa Copalac SAS, una sociedad simplificada radicada en la localidad cordobesa de Morteros, integrada por productores tamberos de la región. Solo la planta de Suardi comprende el acuerdo, quedando las instalaciones de Clason y Lehmann fuera del mismo.

Según informaron fuentes a Clarín Rural, la semana pasada se procesó el primer camión cargado con leche después de más de 8 meses de inactividad.

Después de la puesta a punto, el secado de la materia prima se hizo a modo de prueba. “Queda ver cómo se darían los resultados de ésa leche en polvo para ver si se puede controlar. O sea, si se puede continuar con la elaboración”, indicó una fuente al tanto de los trabajos.

Por el momento, solo habrían sido convocados entre 30 y 40 trabajadores para las labores en la fábrica, menos de la mitad de su personal, con turnos diarios de 4 horas.