Un pedido de acceso a la información pública reveló el complejo entramado administrativo, técnico y regulatorio que rodeó el intento de habilitar una nueva vacuna contra la fiebre aftosa en la Argentina. Los recursos administrativos cruzados entre empresas del sector, obligaron al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a ordenar y exponer documentación interna vinculada al proceso de registro de la vacuna Ourovac Aftosa BIV, presentada en el país por la firma Tecnovax SA y elaborada en Brasil por el laboratorio Ourofino Saúde Animal.

El intento de incorporar una nueva vacuna contra la fiebre aftosa al sistema sanitario argentino derivó, durante 2024 y 2025, en un extenso conflicto que expuso tensiones regulatorias, intereses empresariales y el rol de la autoridad sanitaria. Bajo el expediente CAF 000096/2026 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7- Secretaría Nº 14 se registró una solicitud de amparo judicial para que un juez solicitara al organismo sanitario la documentación pertinente, para reconstruir el recorrido administrativo y técnico de una vacuna contra la fiebre aftosa. El pedido de acceso a la información fue tras un planteo de Biogénesis Bagó.

El eje del conflicto se remonta a finales del 2024 cuando Tecnovax presentó un registro fuera de término, en idioma no habilitado -portugués-, y con un material cuya importación estaba inhabilitada. En diciembre de ese año, intentó ingresar la vacuna por Ezeiza, donde se negó una intervención oficial, que quedó constatada por un acta con fecha del 6 de diciembre, y mencionada en un descargo del apoderado legal de Tecnovax a una sanción por haber “infringido normativa del organismo por haber ingresado 150 frascos sin la autorización correspondiente”.

La ganadería regenerativa dio un paso que hasta hace poco parecía más promesa que realidad. El Programa de Ganadería Regenerativa Sudamericana (SARA) concretó su primera emisión de créditos de carbono verificados bajo el estándar de Verra, la principal entidad global en este mercado.

Se trata de la primera experiencia de este tipo en Sudamérica validada bajo la metodología VM0042, lo que coloca al programa entre un grupo muy reducido de iniciativas a nivel mundial que lograron transformar prácticas productivas en créditos reconocidos internacionalmente.

La verificación corresponde al primer período de monitoreo, entre 2019 y 2023, durante el cual se certificaron más de 200.000 toneladas de carbono removidas de la atmósfera a partir de cambios en el manejo de los sistemas ganaderos.

En términos operativos, esto se traduce en 62 establecimientos y casi 40.000 hectáreas de pastizales donde se aplicaron esquemas de planificación holística del pastoreo, con foco en la mejora de la salud del suelo y en la captura de carbono.

Detrás del programa está un consorcio integrado por Anthesis Group, junto con la plataforma de regeneración conformada por Ruuts y Ovis 21, con la participación de De Raíz en Paraguay y Efecto Manada en Chile. SARA es uno de los primeros siete proyectos del mundo validados bajo esta metodología específica y, al mismo tiempo, el de mayor escala en Sudamérica en llegar a la etapa de emisión de créditos.