Por Javier Preciado Patiño.

Los daños a la infraestructura energética en la región del Golfo Pérsico comienzan a diseñar un nuevo escenario en el mercado de los fertilizantes que necesita el agro.

Apenas iniciado el conflicto con Irán, la clave estaba puesta en su duración y en cuanto tiempo demoraría la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz. En esa situación y más allá de la duración del conflicto, la libre circulación por esa vía naútica llevaría a que los precios se acomodaran a la baja.

Para la Argentina, el conflicto nos tomó en plena cosecha gruesa con una ventana de unos 30 días para decidir la importación de urea desde esa región.

Es que el 80% de las importaciones de urea arriban al país entre junio y octubre (promedio de los últimos 10 años), básicamente enfocadas en atender las necesidades del maíz, y se necesitan unos 60 días de anticipación entre que se concreta la operación y la mercadería arriba al país.

Quiere decir que la decisión para una urea que llegue en junio debe ser tomada a fines de marzo o principios de abril.

El riesgo para el importador es quedar descalzado con el precio; es decir, acordar uno alto al momento de decidir la operación y que al llegar el fertilizante el mercado haya bajado.

Considerando que la Argentina cuenta con una planta de urea que abastece aproximadamente el 50% del consumo, al menos para la campaña de fina (trigo y cebada) el problema no sería de disponibilidad sino de precio, e incluso más que de precio de la relación grano/fertilizante; es decir, del poder de compra del cereal.

COFCO International, gigante chino del comercio internacional de granos, acaba de cerrar una línea de crédito por 435 millones de dólares con el banco Standard Chartered. En otro contexto, sería una operación más dentro del engranaje financiero de los grandes traders globales. Pero esta vez hay una condición que cambia la lógica, y es que el costo del dinero dependerá de cómo se comporten socialmente sus cadenas de suministro en Sudamérica, es decir, los productores agropecuarios.

No se trata de un préstamo clásico. Es una línea renovable, de esas que las compañías usan para aceitar su operatoria diaria, comprar granos, mover mercadería y sostener flujos comerciales. La diferencia es que está estructurada como un préstamo vinculado a la sustentabilidad, donde la tasa de interés se ajusta según el cumplimiento de objetivos medibles.

En este caso, los objetivos no están puestos en emisiones o en deforestación, como suele ocurrir en este tipo de instrumentos, sino en dos variables mucho más sensibles para el negocio agrícola de la región: el avance del abastecimiento certificado y el control social sobre los proveedores.

Por un lado, COFCO se comprometió a incrementar los volúmenes de granos y oleaginosas que provienen de esquemas de producción responsable. Por otro, deberá reforzar los mecanismos de due diligence en su red de abastecimiento, con foco en las cadenas de soja y maíz en Brasil, incluyendo estándares vinculados a protección laboral. Todo eso será auditado por terceros. Si cumple, paga menos. Si no, el financiamiento se encarece.

Bioceres SA es el campo de disputa, el objetivo es el control de Biox. Así lo entienden los ex directores de la empresa que supo controlar todo el ecosistema de la compañía de biotecnología más emblemática del país hasta que pidió su propia quiebra. Ese proceso se abrió a principios de marzo en la Justicia comercial de Rosario y promete alimentar nuevos capítulos de la pelea entre la actual conducción de esa sociedad y el management histórico, desplazado en diciembre pasado. Estos fundadores sugieren, como parte de su movida, explorar “más arriba” de la fallida y buscar en la estructura de su grupo controlante, Moolec, los activos necesarios para resarcir a los acreedores.

Bioceres SA es la empresa rosarina de biotecnología creada en 2001 por un grupo de productores agropecuarios decididos a volcar parte de sus ingresos al financiamiento de emprendimientos científicos. Hasta junio del año pasado era la sociedad que controlaba un conglomerado de sociedades dedicadas fundamentalmente al desarrollo de insumos agropecuarios con características innovadoras, y que cotizaba en el panel tecnológico Nasdaq de Wall Street. Por varias circunstancias, entre las que se culpa al clima y a la macroeconomía, no les estaba yendo bien por aquellos meses.

Sus conductores decidieron avanzar con una “combinación” societaria para dar liquidez a los accionistas originales. Se trató de una reestructuración de la que surgieron dos grupos: Bioceres Cop Solutions (Biox), encabezada por el CEO histórico Federico Trucco y dueña del famoso evento transgénico Hb4, y Moolec, que pasó a ser liderada por el empresario uruguayo Juan Sartori. Era, en rigor, un viejo conocido del mundo Bioceres, ya que la había asistido en la salida a Wall Street en 2019 y, cuatro años más tarde hizo lo propio con la que era su spin off, Moolec. Con el cambio de control, entró como socio oficial.

Otra empresa láctea está en crisis. Se trata de Sudamericana de Lácteos, dueña de marcas como Premio, SyS, Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca. Basada en la localidad de Díaz, en Santa Fe, la empresa arrastra dificultades financieras desde mediados del año pasado y, de no conseguir un inversor que aporte capital, podría convertirse en una cooperativa a cargo de los 80 trabajadores de la planta.

El caso de Sudamericana se suma al de otras empresas del sector, como Verónica, ARSA o La Suipachense, en un contexto provincial en el que la industria láctea tuvo una caída productiva del 10,3% solo en enero de 2026, según la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

La empresa está ubicada en el departamento San Jerónimo, en la localidad de Díaz, donde viven unos 2.000 habitantes. Según el intendente de la comuna, Juan José González, la planta mantiene tres meses de salarios impagos y una importante deuda con los productores lácteos de la zona.

De acuerdo con información del Banco Central, la firma también registra una deuda financiera y, aunque llegó a acumular 36 cheques rechazados por casi $189 millones, luego cubrió más del 90% de los pagos. Sin embargo, en febrero de 2026 se rechazaron al menos tres cheques por un total de $12 millones, todos por falta de fondos.

En una entrevista con la emisora local LT9, el funcionario aseguró haber mantenido una reunión con los propietarios actuales de la planta, instalados en Villa María, Córdoba. “Los directivos reconocieron problemas en la transición de la compra, que derivaron en la cesación de pagos a empleados y tamberos”, dijo González.

Para que los 300 millones de toneladas con las que sueña el presidente Javier Milei realmente se lleguen a producir en Argentina, hay una tecnología que es esencial: el riego.

Llevar el agua a zonas donde escasea, o aumentar la oferta hídrica de los cultivos para que exploren sus techos de rendimiento, son aspectos fundamentales para hacer crecer la productividad por hectárea del campo argentino.

Es por eso que, durante Expoagro, en medio de la maquinaria y los plots de semillas, el riego también fue protagonista, de la mano del principal proveedor de estos equipos en nuestro país: la firma Valley.

Su gerente general, Nahuel Lo Cane, dialogó con Infocampo y dejó en claro que desde el rubro son muy optimistas sobre lo que viene en Argentina: “Tenemos una capacidad de riego de alrededor de 10 millones de hectáreas y hoy la cobertura es de solo unos 2,5 millones, lo que deja un potencial de crecimiento cercano a los 7 millones”, remarcó.

Tras repasar las características que se necesita evaluar a la hora de instalar una herramienta de estas características, Lo Cane hizo foco en cuáles son los motivos que invitan a pensar en un crecimiento de la adopción de esta tecnología.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación dio a conocer este jueves su primera estimación de producción de maíz para la campaña 2025/26.

Según el cálculo oficial, difundido a través de las redes y en el informe mensual de estimaciones agrícolas, se espera una cosecha de 64 millones de toneladas, 24% o casi 12 millones de toneladas por encima de la temporada 2024/25, cuando fueron 51,7 millones.

Aunque el Gobierno dijo que es el mejor registro de los últimos 10 años; en rigor, de confirmarse esta cifra, se trataría del mayor de la historia, superando el récord vigente que es el del ciclo 2020/21, con 60,2 millones de toneladas.

“Este resultado se destaca gracias a las condiciones favorables y el buen manejo de los productores”, afirmó la SAGYP.

La dependencia agropecuaria en su reporte fue una siembra que finalmente habría cerrado en 10,5 millones de hectáreas, 1,3 millones de hectáreas por encima del año pasado, pero en este caso no la mayor área de la historia, ya que el máximo corresponde a 2023/24 con 11 millones.

Puntualmente, las recorridas de campo que se están realizando en el marco de la Metodología de Segmentos Aleatorios revelaron una mayor superficie destinada al maíz en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero, siempre según el informe oficial.

El Congreso nacional dejó conformadas las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados y del Senado, dos cuerpos clave para el avance de los proyectos relacionados con sector agropecuario.

La Cámara alta fue la primera que eligió las autoridades de su comisión: el presidente apuntado fue el senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch.

El legislador de La Libertad Avanza (LLA) es licenciado en Administración de Empresas, con especialización en agronegocios.

Según indicaron desde la Fundación Barbechando, Benegas Lynch se dedica a asesorar inversores y administrar campos.

En tanto, el senador Daniel Kroneberger (UCR) fue reelecto como secretario, mientras que el cargo de vicepresidente quedó en reserva.

Al asumir, el senador Benegas Lynch expresó: "Es un verdadero honor presidir esta comisión. El campo y la pesca son el motor más importante de la economía argentina: son los principales generadores de empleo y de los dólares del país".

"Pensemos que ambos representan casi 25% del PBI; 7 de cada 10 dólares que exportamos vienen de allí; generamos 1,3 millones de empleos directos y 3 millones indirectos", detalló.

Luego de meses de reclamos, demoras y cruces entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, el Gobierno avanza con los trabajos en uno de los sectores más sensibles del Plan Maestro del Río Salado y proyecta concluirlo el año próximo, según pudo saber este medio. Se trata del tramo IV.2, que el año pasado quedó en el centro de la escena durante las inundaciones por haber funcionado como un verdadero cuello de botella para el escurrimiento del agua.

La novedad, según fuentes del Ministerio de Economía consultadas por LA NACION, es que ahora los trabajos están en marcha en los tres subtramos —A, B y C—, algo que hasta hace pocas semanas no ocurría. Si bien la reactivación había sido anunciada en septiembre pasado, durante meses los productores denunciaron que las tareas se desarrollaban de manera parcial, con actividad en solo uno de los sectores. Esa paralización no solo generó malestar en el campo, sino también fuertes reclamos del gobierno bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof cuestionó en varias oportunidades la falta de avances y advirtió que, sin completarse este tramo, no solo se agravaban los riesgos hídricos, sino que además se condicionaba el funcionamiento del resto del sistema, incluida la etapa siguiente que impulsa la provincia. “Nuestra gestión es la que más avanzó en ese proyecto [el dragado del Salado], hoy lamentablemente interrumpido por decisión del gobierno nacional. Lo mismo ocurre con las rutas nacionales”, afirmó el mandatario bonaerense en Expoagro.

Hoy, en cambio, en el Ministerio de Economía aseguran que “empezaron los trabajos en los tres tramos” y que las tareas continúan, con dragado activo especialmente en la zona comprendida entre la ruta 205 y Ernestina. En ese marco, afirmaron que hay expectativas de terminar la obra el año próximo.

China suspendió las exportaciones hacia ese mercado del frigorífico argentino Arrebeef SA, uno de los principales del negocio, decisión que se dio en el marco de un endurecimiento de los controles sobre la carne vacuna que ingresa al gigante asiático. La medida figura en los registros oficiales del sistema chino, donde el establecimiento aparece con el status de “importación suspendida”. La información fue confirmada por fuentes oficiales argentinas. El freno para Arrebeef SA encendió alertas en el sector exportador, que sigue de cerca la evolución de las habilitaciones sanitarias en el principal destino de la carne argentina. Según pudo reconstruir LA NACION, la suspensión se dio tras detectar cloranfenicol, un antibiótico de amplio espectro, en un contenedor de la firma. En ese sentido, la Administración General de Aduanas de China (GACC) avanzó con las inhabilitaciones por incumplimiento sanitario, detección de residuos o desvíos en los protocolos exigidos por esa nación.

La semana pasada, China también suspendió al frigorífico uruguayo San Jacinto, tras detectar residuos de fluazurón, un garrapaticida de uso bovino, en carne vacuna. En el sector advirtieron que el gigante asiático viene elevando sus exigencias, en parte para mostrar control interno ante sus propios productores y en un contexto de mayor sensibilidad sobre la seguridad alimentaria. Fuentes de la actividad dijeron que, en la Argentina, en el caso del fluazurón no se usa en una “gran proporción”: se emplean mucho más otros principios activos porque los animales tienen que salir limpios del campo de las zonas con garrapata. No es tóxico para humanos en condiciones normales, pero hay países que ponen máximos de residuos y penalizan.

Un informe privado da cuenta que en el gobierno de Javier Milei hoy el salario compra menos carne vacuna que durante las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Hay una diferencia de unos 50 kilos o más con las gestiones de Cristina Kirchner y Macri y en torno de 20 kilos con Alberto Fernández. Quién abordó el tema es Diego Ponti, analista ganadero de AZ-Group, que hizo la evaluación con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Consideró esto en pesos constantes, ya con el ajuste por la inflación. El trabajo también analizó que, luego de una racha alcista, el precio de la hacienda habría alcanzado un nivel de “estabilización”, aunque seguirá en un rango alto. La pérdida del poder adquisitivo y una situación complicada en la industria frigorífica, donde en muchos casos las empresas pagaron por valores que luego no pudieron trasladar al producto final, actuarían como freno a los valores.

El Ripte es un indicador, según la información oficial disponible sobre el tema, que precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses en el sector público y el privado. Según se indicó, la publicación se lleva adelante hasta 45 días de finalizado el período correspondiente.