Las autoridades del Senasa dispusieron que los productores agropecuarios que registren más de un año desde su inscripción o desde su última actualización en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) deben actualizar su información en un plazo no mayor a los 90 días corridos contados a partir de este jueves 30 de julio.

Por medio de la resolución 679/2026 se determinó que la actualización puede realizarse tanto por autogestión digital como de manera presencial en las oficinas del Senasa.

Si aquellos que deben actualizar su información en el Renspa no lo hacen antes del próximo 28 de octubre, entonces serán dados de baja del registro, lo que implica, según recuerda la resolución, “que su titular no podrá realizar actividades agropecuarias que requieran, directa o indirectamente, la intervención, autorización o certificación del Senasa”.

Quedan exceptuados de esa obligación los productores pecuarios que posean bovinos y/o bubalinos ubicados en zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, siempre que cumplan con la “Declaración Jurada de Otras Especies” durante el acto vacunal y que la actualización de los datos en el Renspa se encuentre acreditada mediante los registros de vacunación incorporados al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). Tampoco están comprendidos en la medida actividades no tradicionales, de carácter no productivo, tales como zoológicos, parques y afines.

En los fundamentos de la norma, se indica que la actualización “resulta necesaria a fin de asegurar que los datos contenidos en el Renspa reflejen la realidad de los productores en actividad dentro de los establecimientos agropecuarios y sus condiciones de producción en la República Argentina, evitando registros desactualizados, inactivos o incompletos que afectan negativamente los procesos de fiscalización, control y planificación sanitaria del Senasa”.

Durante años, una misma inquietud sobrevoló entre muchos productores ganaderos que comenzaron a incorporar prácticas más sustentables en sus establecimientos: ¿quién paga el costo de producir de otra manera? La respuesta empezó a tomar forma con un trabajo del INTA que no solo demostró que es posible producir más carne con una menor huella ambiental, sino que, además, esas mejoras pueden convertirse en un activo con potencial valor económico.

El estudio, realizado durante cinco años en el establecimiento Santa Unión, de Víctor Tonelli, ubicado en General Guido, en la Cuenca deprimida del Salado, en la provincia de Buenos Aires, mostró que una estrategia basada en mejorar la eficiencia productiva permitió incrementar significativamente la producción de carne y, al mismo tiempo, reducir la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo novedoso es que esa disminución pudo cuantificarse, verificarse y transformarse en un activo digital susceptible de reconocimiento ambiental.

Los resultados fueron contundentes. Entre 2021 y 2025 el establecimiento elevó su productividad de 101,3 a 173,1 kilos de peso vivo por hectárea, un crecimiento del 70,8%. Paralelamente, la intensidad de emisiones cayó de 19,73 a 12,94 kilos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por kilo de carne producido, manteniéndose durante todo el período por debajo del sistema de referencia utilizado para los establecimientos ganaderos tradicionales de esa región. La consecuencia fue igualmente significativa. El trabajo permitió calcular una reducción acumulada de 2548,3 toneladas de CO₂ equivalente respecto del sistema modal de la región. Al haber sido medida con una metodología científica y contar con respaldo documental, esa reducción puede verificarse técnicamente y transformarse en un activo digital.

La cooperativa Nueva Cotar dio un paso clave en su objetivo de recuperación de la histórica empresa láctea rosarina. Luego de casi tres años de gestión al frente de la producción, los trabajadores presentaron ante la Justicia una propuesta para quedarse con la planta industrial y convertirse definitivamente en sus operadores.

La oferta fue ingresada antes del receso judicial en el expediente de quiebra de la ex Cotar y, según explicó el presidente de Nueva Cotar de la Gente, Emiliano Medin, se apoya tanto en los créditos laborales de los trabajadores como en otros créditos adquiridos durante el proceso.

"Nuestro gran objetivo siempre fue sostener, con calidad y continuidad, el emblema de la histórica Cotar. Es una marca que cumplió 91 años y está profundamente arraigada en Rosario. Hoy sentimos que llegamos al último paso: poder hacernos de la planta productiva", afirmó.

La cooperativa nació en 2022, en medio de la profunda crisis que atravesaba la ex Sociedad Cooperativa de Tamberos. En aquel momento, 141 trabajadores decidieron organizarse para evitar el cierre definitivo y mantener la actividad. El desafío era enorme. Cuando asumieron la operación, la planta procesaba apenas unos 10.000 litros de leche diarios. Actualmente, esa cifra alcanza los 200.000 litros por día entre producción propia y elaboración para terceros.