Tras una larga y tensa reunión en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el empresario interesado en comprar Sudamericana de Lácteos, Pablo González, y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) llegaron a un principio de acuerdo respecto al formato con el cual se retomaría la actividad en la planta y permitiría destrabar la adquisición de la compañía, que se encuentra inactiva desde principio de año.

El punto de conflicto radica en la aplicación del Artículo 223 bis, que permite la suspensión temporaria del pago de las cargas sociales por tres meses, además de aplicar una reducción salarial transitoria. Para González, este punto es central para cerrar la compra y emprender la reactivación de la fábrica.

No obstante, desde Atilra plantearon sus reparos a los despidos transitorios de parte de la planta de empleados que se iban a llevar a cabo, el monto y forma de pago de las indemnizaciones y, aseguraron que la aplicación de la mencionada normativa derivaba en la suspensión del personal, por lo cual no estaban habilitados legalmente para trabajar.

Estos desacuerdos llevaron a que González no avanzara en la compra y paralizara la operación.

El principio de acuerdo alcanzado hasta el momento establece la puesta en marcha de esta normativa, pero no se llevarían a cabo despidos y se establecería una reducción de entre el 50% y 75% de la jornada laboral, dividiéndola en turnos, comentaron ambas partes a Clarín Rural.

“La ley de biocombustibles debería debatirse como una política agroindustrial y no solo energética”. Con esa definición, Javier Preciado Patiño, consultor de RIA, sintetizó el eje de una exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Según explicó, el debate en el Congreso por los biocombustibles va mucho más allá del porcentaje de biodiésel que se mezcla con el gasoil. A su entender, también define la capacidad de la Argentina para industrializar la soja, agregar valor, sostener la competitividad frente a Brasil y Estados Unidos y mejorar el precio que recibe el productor.

En esa línea, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, remarcó que el país necesita una nueva ley porque se atraviesa “una especie de revolución agroindustrial a nivel mundial para hacer bioenergéticos”. “Para eso, ¿cuál es la línea base? Una nueva ley bioenergética”, sostuvo.

Patiño afirmó que “no da lo mismo que haya industria o que no haya industria”. En esa línea, el procesamiento de la soja permite que las fábricas paguen un mejor precio por el grano gracias al valor agregado que generan con el aceite, la harina y los pellets. Idígoras agregó que la industria ofrece al productor una demanda sostenida durante todo el año, independientemente de la calidad del grano. “Al productor la industria le garantiza que compra cualquier calidad de soja y durante todo el año”, señaló.

En ese marco, Patiño presentó un ejemplo con datos del 17 de junio. Ese día el precio FOB de la soja era de US$419 por tonelada, mientras que el productor recibía US$326. Al sumar los derechos de exportación del 24% (US$101), el total ascendía a US$427, es decir, US$8 por encima del valor FOB. “¿Cómo puede ser que el precio que cobra el productor más las retenciones estén por encima del precio de exportación? La respuesta es porque la industria, con el aceite, la harina y los pellets, puede pagar ese valor”, afirmó.