Uno de los conflictos de más larga data de la agroindustria parece estar llegando a su fin. La empresa Wade, ex Cresta Roja y perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos, atraviesa un momento de crisis absoluta que encontró en la mañana de este martes la planta de faena de aves totalmente paralizada.

Según contó a Bichos de Campo un trabajador de la empresa, en la jornada de hoy no se trabajó como se hace habitualmente, debido a retrasos en los pagos salariales.

Hasta este momento, la industria avícola venía operando solamente “con jefes y encargados”, a quienes apoyaban algunos operarios. Eso cambió en el día de hoy, y la planta de Wade no permitió el ingreso de camiones a la planta para faenar. Lo que dejó sin actividad a esta enorme agroindustria nacional.

El nudo del conflicto, según cuentan los trabajadores, tiene que ver con el atraso en los pagos: “Es la noticia de todas las semanas cuando llega la fecha de pago. Hasta el día de ayer en Wade venían trabajando solamente jefes y encargados junto a algún que otro operario. A la mañana bloquearon la entrada y salida de los camiones de faena, asique está 100% parada la planta”, cuentan trabajadores de la empresa.

Al día de hoy, la deuda de Wade S.A, según consta en los registros del Banco Central de la República Argentina asciende hasta superar los 6 mil millones de pesos, producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos. De acuerdo con los datos oficiales, Wade está en deuda por la cifra de 6.026.096.656,31 pesos.

SANTA FE.- En cumplimiento de los compromisos contraídos en la propuesta de cramdown homologada por el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista en el proceso de salvataje que concluyó a fines del año pasado, la Nueva Vicentin Argentina, a cargo de la agroexportadora, concretó en el comienzo de este mes los primeros pagos a los acreedores que optaron por la alternativa de abastecimiento de granos.

Se trata de los acreedores de la categoría A1, es decir, quienes optaron por la alternativa de abastecimiento de granos, obteniendo de esa manera un pago que incluye un plus sobre el precio actual de mercado para el producto entregado que les permitirá recuperar a partir de esta modalidad hasta el 200% de sus acreencias.

Un comunicado de la firma, que encabeza Mariano Grassi, indicó que el monto total incluido en esta categoría asciende a más de U$S115.000.000 y comprende a más de 100 acreedores.

En tanto, los fideicomisos contemplados en las otras categorías, según el acuerdo homologado, comenzaron a originar mercadería para dar cumplimiento a los compromisos de entrega asumidos para esta categoría de acreedores que representan acreencias por encima de los U$S140.000.000 y nuclean a más de 900 acreedores.

Según se explicó, este hecho representa “otro significativo paso para regularizar la situación de la empresa de cara a sus acreedores, en particular aquellos que confiaron en la Nueva Vicentin Argentina, renovando su vínculo comercial y siendo parte del proceso de refundación de la compañía y de su reinserción como un protagonista pujante de la matriz agroindustrial argentina”.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció en las últimas horas que a partir del 1° de agosto solicitará a los apicultores la gestión obligatoria del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para amparar el traslado del material apícola melario desde los apiarios hacia las salas de extracción de miel, cuestión que no cayó bien en el sector productivo.

Según el organismo nacional, la incorporación del DT-e constituye “el primer paso documental electrónico para este movimiento, agilizando y simplificando la operatoria en el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA). De esta manera, se reemplazará al remito que se presentaba impreso y quedaba únicamente registrado en formato papel”.

Una vez hecho este trámite, el Senasa aseguró que el DT-e permitirá determinar el tiempo real de estadía del material melario en las salas de extracción de miel, permitiendo verificar que su permanencia en el establecimiento no supere las 48 hs desde su ingreso.

Además, la entrada en vigencia del documento electrónico “reforzará las garantías sanitarias que actualmente nuestro país cumple con aquellos socios comerciales a quienes exporta miel, demostrando la aptitud y calidad de este producto y ampliando las posibilidades de nuevos mercados internacionales”, afirmaron desde el organismo nacional.

Pero más allá de las ventajas que la medida conlleva –según el Senasa–, la realidad es que la misma no fue del agrado de los productores, o por lo menos, de la principal entidad agropecuaria bonaerense.

Es que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), cuestionó duramente la iniciativa, entendiendo que "no tiene una real justificación".