Trece distritos de la provincia de Buenos Aires impulsan medidas para impedir la venta de los terrenos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA AMBA), una de las joyas inmobiliarias apuntadas por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger. La tensión interna escaló esta semana con la oficialización de una resistencia coordinada por los concejales bonaerenses. En tanto, el Gobierno avanza con la apertura de los retiros voluntarios en el organismo, que podría empezar a regir a partir del 1° de marzo próximo.

Diez Concejos Deliberantes ya aprobaron las normativas de protección: Florencio Varela, Berazategui, Berisso, San Vicente, Almirante Brown, Luján, San Martín, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En paralelo, Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora avanzan con expedientes similares.

La reacción local responde a la hoja de ruta que el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en su plan de reestructuración comandado por el gobierno de Javier Milei, presentó ante la Mesa de Enlace a finales de diciembre pasado. El objetivo es transferir inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior venta o concesión.

Vale recordar que el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”. Según se detalló en un documento al que tuvo acceso LA NACION, los campos en cuestión han sido “debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”. El documento detalló que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas, que se encuentran actualmente sin destino a actividades de experimentación ni de producción.

La ganadería atraviesa una etapa de recomposición favorable, combinada con una recuperación de precios con condiciones productivas más estables, configurando un escenario que mejora las perspectivas de inversión y planificación. En ese contexto, el cierre de 2025 dejó un balance claramente positivo para el productor ganadero, según indica en su informe mensual Coninagro, al analizar la relación entre precios y costos de terneros y novillitos.

El estudio evalúa el poder de compra de estos productos frente a una canasta de insumos, gastos e inversiones habituales del sector, que abarca desde herbicidas y fletes hasta maquinaria y otros veinte factores determinantes en la estructura de costos.

Al escenario climático favorable para la actividad ganadera, se sumó un contexto macroeconómico más estable, que aportó previsibilidad para la toma de decisiones, junto con un mercado de hacienda que mostró valores destacados. En este marco, la ganadería se posicionó como una de las actividades con mejor desempeño relativo dentro del agro.

La evolución de los precios confirma esta tendencia. En los últimos 15 años, los valores de la hacienda alcanzaron niveles históricamente elevados: medidos en dólares, el precio del ternero de 160 a 180 kilos se ubicó un 65 % por encima del promedio del período 2010–2025, mientras que el novillito se colocó un 52 % por encima de ese mismo promedio. El informe puntualiza que, en la comparación interanual, los últimos doce meses a diciembre mostraron subas muy superiores a la inflación: mientras el índice general de precios de 2025 cerró en 31,5 %, la hacienda aumentó en promedio un 75 %, consolidando una mejora real para el productor.

Frente a una cartera económica que parece hacer oídos sordos a los reclamos del sector yerbatero, pese a que de ella depende la Secretaría de Agricultura, los productores misioneros decidieron cambiar de estrategia y apuntar a otra área de gobierno.

A través de una carta enviada a Diego Santilli, titular del Ministerio del Interior, los agricultores le solicitaron una reunión urgente y su intervención “para comenzar a revertir la insensata destrucción de esta economía regional que hasta hace dos años era pujante y trabajaba con una impronta innovadora”.

“Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, la Yerba Mate Argentina sufre un criminal deterioro. El Decreto 70/23 y medidas económicas tomadas por el actual Gobierno nacional, del que Usted forma parte, están ocasionando la destrucción de la economía regional yerbatera, arrinconando en la pobreza a miles de mujeres y hombres trabajadores del sector, y a cientos de secaderos, cooperativas y pequeñas y medianas industrias”, describe la misiva.

Y agrega: “A tal punto llega el daño que están provocando que está comprometida la inocuidad y la calidad del producto, con posibles repercusiones en la salud de los consumidores y también, por supuesto, en la comercialización. Debe saber Usted, y cada uno de quienes forman parte de esa línea de gestión, que son responsables directos de esta situación”.