Lo decidió el juez que decretó su quiebra; la licitación incluirá seis plantas industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba y un lote separado con las marcas y otros activos intangibles de SanCor; el valor mínimo se estableció en US$52,1 millones

Si bien al término de los primeros seis meses la entrada de dólares de los exportadores finalizaría con una merma superior al 13% versus igual período de 2025, para todo 2026 llegarían entre 3000 y US$5000 millones más

A poco más de dos semanas para que concluya junio y con ello el primer semestre de 2026, el complejo agroexportador se encamina a realizar un aporte clave para la economía argentina. Las estimaciones privadas indican que el ingreso de divisas del sector este mes podría rondar los US$3000 millones, un 12% más que en mayo último, y cerrar los primeros seis meses del año cerca de los US$14.000 millones. Aunque esta cifra se ubicaría más de un 13% por debajo de la registrada en igual período de 2025, los especialistas coincidieron en que el panorama para el resto del año es más alentador. La explicación está vinculada a una cosecha récord cercana a los 170 millones de toneladas de granos y a un mayor saldo exportable, que podría impulsar el ingreso total de divisas del agro hasta los US$37.000 millones, entre 3000 y 5000 millones de dólares más que el ciclo pasado. El récord de divisas, en medio de buenos precios internacionales, fue en 2022 con US$40.438.170.941.

Durante muchos años, el girasol se cultivó en los peores potreros del campo, con poca o nula fertilización, en los que alcanzaba un rinde medio. Más recientemente, fogoneada por el repunte de precios de la oleaginosa, se empezó a incorporar tecnología de última generación, con siembra en mejores lotes y expectativas de rendimientos competitivos con otros cultivos de verano. Sin embargo, con la intensificación agronómica comienzan a surgir limitantes por sortear, principalmente en la nutrición de las plantas, que fueron analizados en un panel del Congreso Puro Girasol, una iniciativa impulsada por Advanta, para ayudar a los productores a aumentar la rentabilidad del cultivo.

“En el cultivo de girasol, la brecha entre el rendimiento potencial y el que se obtiene como promedio del país es del 30-35%, según zonas. Por ejemplo, en el oeste de Buenos Aires, el girasol podría rendir 3,5 toneladas por hectárea y la media regional es de 2,4 toneladas”, afirmó Diego Rotilli, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa.

Hay varios factores que influyen en esta brecha tecnológica. Uno de los principales es la deficiencia de fósforo, aunque también influye la disponibilidad de nitrógeno, el manejo del cultivo antecesor, la adecuada fecha de siembra y el control de insectos y hongos.

En el congreso contó que, en un ensayo donde se utilizaron modelos de saturación, donde se ponía todo lo necesario para que el cultivo expresara el máximo rendimiento versus el manejo tradicional de la zona, se vio que fósforo y azufre fueron los principales limitantes del rendimiento. Asimismo, se observó que había posibilidad de avance en los materiales genéticos, en la aplicación de micronutrientes y en el control de adversidades. En función de esa realidad, aconsejó prestar más atención a la nutrición del girasol, con el uso de diagnósticos para cada nutriente. También dijo que es importante la elección de híbridos de acuerdo al ambiente y a la fecha de siembra, ya que no es el mismo material genético el que asegura altos rendimientos en una loma que en un bajo salino. Finalmente destacó la importancia de lograr una buena estructura del cultivo, a partir de una profundidad de siembra adecuada y de la protección de la canopia de los ataques de insectos y hongos.

Sin RIGI, el agro dio una de las noticias de inversiones más importantes de los últimos días. Se trata del anuncio de Louis Dreyfus Company (LDC) de construir la planta de molienda de girasol más importante del mundo en Bahía Blanca para la que destinará 400 millones de dólares.

El anuncio de la compañía, dado a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, se presenta en el contexto de una campaña récord de girasol de 6,6 millones de toneladas, “un 32% por encima del anterior máximo registrado en el ciclo previo de 5 millones de toneladas y un 60,2% por encima del promedio de las últimas cinco campañas”, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

A su vez, el área sembrada alcanzó “los 2,85 millones de hectáreas, superando en un 5,6% al anterior máximo (2007/08 con 2,7 millones de hectáreas) y en un 29,5% a la campaña previa. Esta expansión se concentra fundamentalmente en el NEA (+224%) y en menor medida en Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe”, añadió la entidad porteña.

El crecimiento del girasol tuvo un impacto económico contundente. Se calcula que el producto bruto del cultivo crezca en 2026 un 53% respecto del ciclo anterior al alcanzar unos US$3304 millones. “Asimismo, aportaría US$757 y US$2491 millones en términos de recaudación fiscal y exportaciones, respectivamente, lo que representa incrementos de US$268 millones y US$819 millones frente al ciclo previo”, explicó la entidad.

Varios factores confluyeron para el récord productivo, según explican los especialistas. Además del factor climático positivo para la mayoría de las regiones girasoleras, estuvo la baja de Derechos de Exportación (DEX) y el buen nivel de precios internacionales. Para este fundamento hay tres factores clave: el conflicto entre Rusia y Ucrania, los países líderes del cultivo, la creciente demanda global de aceites vegetales y el incremento del uso de los biocombustibles como alternativa de energía renovable.

El Gobierno puso en marcha medidas destinadas a fortalecer la protección de la propiedad intelectual en semillas. La estrategia combina nuevas herramientas de control para variedades protegidas, cambios en materia de patentabilidad biotecnológica y una mesa de diálogo con entidades rurales y semilleras para intentar consensuar una nueva Ley de Semillas y la adhesión de Argentina a UPOV 91.

La primera medida quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta 3/2026 de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que establece un nuevo protocolo para la identificación varietal de semillas a partir de muestras obtenidas en el primer punto de entrega del grano.

La norma introduce cambios significativos en el esquema de fiscalización de variedades autógamas, principalmente soja y trigo. A partir de ahora, actores privados como acopios, puertos y cámaras arbitrales podrán realizar los análisis destinados a identificar la genética de las semillas utilizadas, bajo protocolos acordados con el Inase. Cuando se detecte el uso de una variedad protegida sin el correspondiente reconocimiento económico, la resolución prevé una instancia de negociación directa entre el productor y el obtentor. Sólo en caso de no llegar a un acuerdo, el organismo oficial actuará como instancia administrativa de revisión.

Para el Gobierno, la medida apunta a resolver una de las principales falencias históricas del sistema: la dificultad para controlar el uso ilegal de semillas y garantizar el cobro de regalías por parte de quienes desarrollan nuevas variedades.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa al afirmar que la falta de protección efectiva de la propiedad intelectual generó un fuerte atraso tecnológico en la agricultura argentina. Según sostuvo, la escasa protección de los derechos de los obtentores desincentivó la llegada de nuevas variedades y provocó que empresas y desarrollos argentinos encontraran mejores condiciones para expandirse en otros países, especialmente en Brasil.

La discusión sobre biocombustibles en Argentina sigue condicionada por una política energética enfocada en petróleo, y las diferencias entre los diversos actores de la agroindustria, mientras países como Estados Unidos y Brasil, pero también otros como Paraguay, avanzan hacia esquemas que no sólo favorecen el ambiente y la salud, sino también podrían generar beneficios socioeconómicos.

Para tratar este desafío a fondo, entrevistamos a quien más sabe y ha hecho, con elocuente visión de estadista, sobre este tema paradigmático: el contador Claudio Molina.

-¿En qué estado está la discusión sobre los biocombustibles en Argentina después de 15 años de la entrada en vigencia de la primera ley?

-Hoy rige la Ley 27.640, sancionada en 2021 cuando venció la Ley 26.093, que había sido prorrogada mediante decretos. Desde el punto de vista teórico, el contenido obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, aunque en la práctica apenas supera el 6%. Incluso hubo momentos durante 2023 en los que el corte efectivo no llegó al 4%.

En el caso del bioetanol, el contenido obligatorio es del 12%, distribuido en partes iguales entre etanol de caña de azúcar y etanol de maíz. Cuando una de las dos industrias no puede abastecer completamente su oferta, la otra compensa la diferencia.

Lo que se observa es que el desarrollo de los biocombustibles ha estado permanentemente condicionado por los intereses de la refinación de petróleo. Basta recordar que en 2021 el corte obligatorio de biodiésel fue reducido del 10% al 5%, y apenas un año después, cuando se produjo una fuerte crisis de abastecimiento de gasoil que complicó incluso la salida de la cosecha, el Gobierno tuvo que volver a elevarlo al 7,5% y habilitar cortes transitorios de un 5% hasta llegar a 12,5%.

La nota de tapa de esta edición de Clarín Rural está dedicada al tema de los biocombustibles, que vuelve a rodar a partir de un proyecto de ley presentado por la senadora Patricia Bullrich. Es una gran noticia, porque habíamos perdido el tren, después de un arranque muy promisorio.

Factotum de este proceso fue el contador Claudio Molina, que se puso al hombro un tema del que sólo se hablaba en las páginas de Clarín Rural. Recuerdo cuando, a fines de los 90, Claudio se me presentó en una Expo diciéndome que quería bajar a tierra la idea de implementar una política de biocombustibles. Había trabajado en una pequeña agroindustria del interior y veía la oportunidad. Y lo había atrapado aquel “Ponga un choclo en su tanque” con que habíamos titulado la primera nota sobre el tema en este suplemento. Luego vino “Ponga un poroto en su tanque”.

Claudio “la vio”. Armó una consultora, con un par de amigos, e incorporó a mi hijo Emiliano Huergo, que estaba terminando sus estudios de ingeniería industrial. La hago corta: redactó un proyecto de ley, lo llevó al Congreso, logró que lo hiciera suyo el senador rionegrino Luis Falco (UCR). Extraño porque no era un hombre del sector, pero fue el primero que lo entendió.

Corolario: logró convencer a todo el Senado. La ley salió por unanimidad. Fue votada hasta por Cristina Kirchner, por entonces una senadora más. El presidente de la Cámara era Daniel Scioli, a la sazón vicepresidente de Néstor Kirchner. El trámite en la Cámara Baja fue un poco más complejo, hubo que hacer algunas concesiones, pero finalmente se sancionó la ley 26093, cuyo principal objetivo era implantar el corte de la nafta con etanol y del gasoil con biodiesel.

El reloj marca las 3 AM en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y el día comienza para Javier Semino y Milagros, su hija. Tienen por delante un viaje hasta Exaltación de la Cruz, donde a las 5 AM tienen que abrir las puertas de su fábrica y comenzar la tarea diaria. Allí permanecerán trabajando hasta las cuatro de la tarde. Esta constancia y disciplina fueron forjadas durante décadas bajo el rigor del cielo abierto y el trabajo rural que implica el tambo. Semino es, en esencia, un hombre de campo. Criado en un pequeño paraje rural de apenas veinte o treinta casas en el partido de Mercedes, su vida transcurrió por la tradición familiar. Su padre era contratista rural, oficio que su familia heredó. Terminó la secundaria solo por insistencia de su madre; sentía que su verdadero lugar estaba entre los fardos, los rollos de pasto, el haras y las Holando-Argentino.

En un campo alquilado construyó junto a su familia un tambo sobre la ruta 5. No obstante, después de más de 20 años ordeñando vacas y enfrentando las incertidumbres del clima y las decisiones políticas, encontró en la industrialización de la leche una manera de agregar valor y escapar, al menos en parte, de las adversidades que suelen definir el destino de la producción agropecuaria.

“El dueño no alquiló más el campo para el tambo y decidimos cerrar. En el tambo nunca vendíamos leche, hacíamos masa para mozzarella, sardo y queso llanero, que consumen los venezolanos, peruanos y los bolivianos”, relató. Llegaron a tener unas 200 vacas en ordeñe y complementaban la actividad con la cría de terneros overos, que luego vendían para invernada en Córdoba.

Semino todavía recuerda la sequía de 2018, cuando el campo quedó prácticamente paralizado. “Cuando no hay, no hay ni para comprar porque no tiene nadie”, dijo. Esa experiencia le dejó una enseñanza que años después volvería a aparecer: la producción a cielo abierto depende de variables imposibles de controlar.