El Grupo Grassi busca recuperar el negocio frigorífico de Vicentin mediante una alianza con empresas especializadas en la industria de la carne. La iniciativa busca quedarse con las plantas de Friar en Reconquista y Nelson, recuperar su actividad industrial y volver a posicionarlas en el negocio exportador. Esta empresa es una de las que habían quedado afuera del proceso de Cramdown de la cerealera. En paralelo, el grupo también avanza sobre la puesta en valor del feedlot que llegó a tener capacidad para engordar unos 50.000 animales de manera simultánea.

La iniciativa se inscribe en el proceso de reordenamiento del negocio cárnico, donde la reducción de costos y la eficiencia industrial aparecen como condiciones centrales para recuperar competitividad. En ese escenario, Friar es uno de los activos que el Grupo Grassi busca recuperar dentro de la estructura de Vicentin.

Según fuentes del sector, la empresa viene siendo administrada por los fondos Baf Credit y Baf Trade. Actores de la cadena indicaron que ambos fondos se encuentran actualmente en liquidación y que no tendrían un proyecto industrial, comercial o de inversión destinado a mejorar o estabilizar la actividad de Friar.

Las mismas fuentes señalaron que, durante ese proceso, los fondos fueron consumiendo el capital de trabajo de la empresa sin aportar soluciones que permitan recuperar el funcionamiento de las plantas. Se trata de una situación que, según los actores consultados, explica la necesidad de encontrar una alternativa para el negocio frigorífico.

Bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, el Congreso Internacional de Drones se realizará entre el 23 y 25 de septiembre en la Sociedad Rural de Tucumán y tendrá participación de INTA, analistas de tecnología agrícola y empresas especializadas.

El Congreso reunirá ciencia, tecnología, producción y nuevas aplicaciones de la aeronáutica no tripulada, y propone analizar el presente y el futuro de una tecnología que dejó de ser una simple herramienta para convertirse “en un ecosistema de innovación con aplicaciones”, según expresaron desde la organización.

El encuentro es organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Sociedad Rural de Tucumán, Kampu SRL, y el Ing. Carlos Bermúdez.

“Los drones dejaron de ser dispositivos experimentales o herramientas reservadas a sectores especializados. Hoy forman parte de un ecosistema tecnológico que integra aeronaves, sensores, inteligencia artificial, comunicaciones y análisis de datos”, remarcaron desde la organización.

Hoy en día a nivel mundial, su impacto se extiende a la agricultura, la minería, la energía, la infraestructura, la seguridad, las emergencias, la conservación ambiental, la logística, la investigación científica y la producción audiovisual.

“Permiten obtener información de alta resolución, automatizar tareas, reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de las decisiones. Al mismo tiempo, su crecimiento exige regulación, capacitación, mantenimiento y criterios claros de seguridad y responsabilidad”, señalaron.

Una incorporación impulsada por la Dirección General de Administración (DGA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desató una polémica dentro del organismo y podría obligar al Consejo Directivo a revisar una decisión que ya había aprobado. El caso involucra a Daniel Alfredo Neira, quien hasta fines de julio se desempeñó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y recibió al dejar ese organismo una liquidación final neta de $109.781.999,73. No obstante, un día después ocupaba el cargo de “gerente de contabilidad” del organismo tecnológico.

La controversia surgió cuando comenzó a trascender la incorporación de Neira en el organismo que depende de la Secretaría de Agricultura. El caso llegó a integrantes del Consejo Directivo, quienes recientemente tomaron conocimiento de las condiciones en las que Neira había salido del Enacom.

Según documentación a la que accedió LA NACION, el organismo de comunicaciones resolvió prescindir de sus servicios a partir del 31 de julio de 2026 y lo notificó de la extinción de su contratación en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La planilla correspondiente a su liquidación consignó, entre otros conceptos, $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. El monto líquido informado fue de $109.781.999,73.