POSADAS, Misiones.- A casi tres semanas de asumir el nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), designado por el presidente Javier Milei, hoy se conoció un importante recorte de personal del organismo yerbatero. Según pudo saber LA NACION de distintas fuentes cercanas al ente, se notificaron los despidos de entre 20 y 21 empleados, en torno de un 25% ya que la plantilla total asciende a 84 personas.

Si bien no se informó oficialmente sobre la cantidad y los sectores de este recorte, habrían recaído sobre las áreas de extensión yerbatera, controles a las empresas del sector, registro y fiscalización. Fuentes consultadas por este medio dijeron que se vendrían 20 despidos más y un recorte en la flota de 25 camionetas.

Hay otro punto que también podría sufrir recortes y es el de los viáticos de los directores, que son 12 y designados ad-honorem, pero que son criticados por algunos sectores por viajar al exterior en misiones comerciales para “vender yerba mate” a destinos como Dubai, Nueva York o París.

El 11 del actual asumió al frente del organismo, que estaba acéfalo desde el primer día del gobierno de Milei, el contador Rodrigo Correa, quien asumió con la misión de “modernizar” el organismo, “reestructurarlo” y adecuarlo a sus nuevas funciones. Unos días después Correa convocó a la primera reunión de directorio y acordó con todos los sectores pedir el incremento de la Tasa de Fiscalización, como se llama a la estampilla que lleva cada paquete de yerba mate y representa el recurso con el que se financia el organismo.

El gobierno de Santa Fe resolvió rescindir el convenio de administración del Centro Operativo Experimental Tacuarendí (COET), un predio provincial de casi 7.900 hectáreas ubicado en el departamento General Obligado, luego de una auditoría que detectó graves irregularidades en la gestión a cargo de la Asociación Cooperadora Tacuarendí.

La decisión incluyó la recuperación de las tierras, la cancelación de la personería jurídica de la cooperadora y la remisión de las actuaciones a la Justicia para que se determine si existió perjuicio económico al Estado.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, la auditoría fue realizada por la Sindicatura General de la Provincia (Sigep) y abarcó la administración de un predio que estaba bajo control de la Asociación Cooperadora desde 1983. El informe detectó que el 91,82% de las tierras, unas 7.222 hectáreas, estaban ocupadas sin contratos formalizados, que más del 65% de los ingresos registrados por más de 44 millones de pesos no contaban con comprobantes fiscales y que maquinaria adquirida con fondos públicos fue desviada y posteriormente rematada.

También se identificaron plazos fijos no declarados por más de 24 millones de pesos y diferencias entre el stock ganadero real y los registros oficiales.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la nueva etapa del Centro Experimental Tacuarendí estará orientada a consolidar un área de investigación y desarrollo agro-foresto-ganadero. El plan contempla la participación de universidades, organismos técnicos como INTA y Senasa, asociaciones de productores y entidades privadas. Entre los ejes de trabajo previstos se incluyen el fortalecimiento de la cadena forestal, el desarrollo de sistemas silvopastoriles y otras iniciativas productivas vinculadas al norte santafesino, en línea con los objetivos originales del establecimiento.