Ese cambio tecnológico también se da en el contexto de la demanda creciente de alimentos por parte de los países en desarrollo, por un lado, y de las mayores exigencias de los consumidores de las sociedades más desarrolladas. Tanto en calidad como en cantidad, la Argentina está en condiciones de responder a ambos desafíos. Esto se percibió en el Congreso CREA, en el que se habló de la necesidad de impulsar una “energía transformadora”.
El punto débil está en las reglas e instituciones que brinden previsibilidad. Esta semana hubo una suerte de sabor amargo para la actividad cuando el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto para 2026.
En el sector se expresó la adhesión al principio de lograr el equilibrio fiscal, pero, al mismo tiempo se advirtió que el proyecto prevé un incremento por los Derechos de Exportación (DEX) de 22,8%. El cálculo considera un incremento de la producción, pero, aunque no lo expresa, deja un reconocimiento tácito al hecho de que no habrá nuevas reducciones de retenciones. Algún memorioso de la historia legislativa afirmó que en las presentaciones de los proyectos de Presupuesto no se establecen las eventuales bajas de los impuestos que pesan sobre la exportación. De todas maneras, parece haber quedado en el pasado la propuesta de las cadenas productivas de conseguir que el Gobierno se comprometa con un programa de baja gradual de los DEX. El impacto que tienen las retenciones es crítico: lo demuestra el nuevo estancamiento que tendrá el área sembrada con soja en la campaña 2025/26, y el impulso que tendrá el maíz, según las primeras proyecciones. El esquema sigue siendo defensivo y se está a la espera de que una menor presión impositiva abra el juego para los esquemas de carácter ofensivo. Esto ocurre cuando se puede aumentar la inversión en insumos (fertilizantes, por ejemplo) que permiten apuntar a los altos rendimientos.
Todo parece indicar que el actual equipo económico apunta a que cuando maduren las exportaciones de energía y minería tendrá margen para reducir la carga impositiva al campo.
En ese contexto de desafíos, otro capítulo clave es la infraestructura. Se refleja en el desastre que vive en el centro oeste bonaerense con dos millones de hectáreas afectadas por el agua, según cálculos de Carbap, por exceso de lluvias, pero, también por la falta de finalización de las obras del Plan Maestro del río Salado y la escasa atención de los municipios al cuidado de los caminos rurales. No es cuestión solo de presupuesto, sino de lo que enseñaron otras naciones con problemas aún peores que los de la Argentina, como los Países Bajos, con territorio por debajo del nivel del mar. No fueron los canales, fue la gobernanza lo que los hizo productivos. En medio de los conflictos y las discusiones, esas lecciones pueden tenerse en cuenta.
Campo – La Nación – Cristian Mira