Desde las pymes, la mirada es muy diferente. “No es desregulación: es beneficiar a Santa Fe y destruir la industria federal de biodiesel”, se titula el documento que circuló la CEPREB y destacó: “Las pymes regionales productoras de biodiésel advertimos la profunda injusticia que generaría el proyecto de ley actualmente en tratamiento”.

“Bajo el argumento de desregular y construir un mercado más libre, se pretende modificar las reglas para trasladar el mercado desde industrias radicadas en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires hacia las grandes empresas concentradas en el polo agroexportador de Santa Fe”, denunció.

E insistió: “De aprobarse en estas condiciones, empresas que durante años invirtieron, generaron empleo y agregaron valor en sus provincias quedarían condenadas a la quiebra. Esto no es desregulación ni libre mercado. Es cambiar una regulación por otra que modifica arbitrariamente a sus beneficiarios”.

Para la CEPREB, hay que analizar también que el propio proyecto reconoce expresamente que no todos los productores de biocombustibles tienen las mismas condiciones estructurales. Por ese motivo, en el caso del bioetanol establece segmentos diferentes para la producción a partir de caña de azúcar y de maíz, preservando la participación de ambos sectores en el mercado obligatorio.

“El criterio es razonable: actividades con estructuras productivas, localizaciones y realidades económicas diferentes no necesariamente pueden competir entre sí en igualdad de condiciones. Si ese principio es válido para proteger distintas realidades productivas en el bioetanol, ¿por qué se lo niega cuando se trata del biodiésel producido en el interior del país?”, reclamó.

En esta línea, completó: “No estamos pidiendo una excepción al principio establecido por el proyecto. Estamos pidiendo que el mismo principio sea aplicado de manera coherente al biodiésel. No discriminar al biodiesel. Mismo tratamiento que Etanol”.

La “falsa” segmentación del biodiésel

De acuerdo con la CEPREB, desde Santa Fe se impulsa una división del mercado entre empresas “integradas” y “no integradas”, una clasificación constituye una “falsa segmentación”, porque “no refleja las verdaderas diferencias estructurales que determinan la capacidad de competir”.

“Una planta puede no estar integrada, pero localizarse dentro del mismo complejo aceitero, con acceso inmediato a materia prima, infraestructura y logística. Incluso comunicadas a través de cañerías como sucede en algunos casos. Tratarlas únicamente en función de si poseen o no molienda significa ignorar la principal diferencia competitiva del sector: la localización”, describieron desde la Cámara.

Bajo ese panorama, consideraron que “el resultado práctico es evidente: una segmentación diseñada de esa manera termina concentrando la producción en Santa Fe y dejando sin una protección efectiva a las industrias regionales que actualmente abastecen el corte obligatorio”.

Asimismo, opinaron que la división entre “integradas” y “no integradas” tiene una contradicción todavía más profunda.

“El incentivo que genera la norma resulta difícil de comprender: para conservar cierta protección frente a las grandes empresas, una empresa debería evitar integrarse, evitar invertir y evitar agregar valor. Eso es exactamente lo contrario de los incentivos que este Gobierno manifiesta defender: inversión privada, crecimiento, eficiencia, competencia y generación de riqueza”, repasaron.

Por estos motivos, para la CEPREB la diferencia estructural relevante pasa por producir en el interior del país o producir dentro del principal polo agroexportador argentino.

Su opinión es que las grandes plantas ubicadas en torno al Gran Rosario poseen ventajas estructurales evidentes, como concentración de molienda, disponibilidad de aceite, infraestructura logística, escala y proximidad a los puertos, mientras que una planta instalada en La Pampa, San Luis, Buenos Aires o Entre Ríos no puede trasladarse al Gran Rosario para acceder a esas mismas condiciones.

“La geografía no se puede cambiar por ley. Se pueden modificar precios, cupos y mecanismos comerciales. Se pueden eliminar regulaciones. Se pueden crear mercados más competitivos. Pero ninguna ley puede eliminar los kilómetros que separan a una industria regional de la materia prima y del principal complejo aceitero-exportador del país. Por eso sostenemos que la segmentación que debe reconocer la legislación es la regionalidad”, enfatizaron.

Competitividad y seguridad jurídica

De todos modos, desde la entidad también se encargaron de remarcaron que su propuesta no pretende tampoco conservar el régimen actual, que a todas luces ha sido perjudicial para todos los sectores productores de biocombustibles del país.

“No pedimos precios regulados por el Estado ni cupos individuales para determinadas empresas. Proponemos mercados competitivos y transparentes dentro de segmentos que agrupen empresas con condiciones estructurales comparables. Libre competencia, sí; pero entre empresas con condiciones comparables. Es exactamente el principio que el propio proyecto utiliza cuando decide preservar segmentos diferentes para el bioetanol de caña de azúcar y de maíz”, insistieron.

De esta manera, reforzaron que la segmentación regional del biodiésel permitiría avanzar hacia una mayor competencia sin condenar a desaparecer a las industrias que agregan valor y generan empleo lejos de los grandes centros portuarios.

Como corolario, citaron además que hay una cuestión institucional que no puede ignorarse: la Ley 27.640, actualmente vigente, estableció un marco regulatorio con vigencia hasta el año 2030.

“Sobre esas reglas empresas de distintas provincias tomaron decisiones, realizaron inversiones, contrataron personal, asumieron compromisos financieros y desarrollaron capacidad industrial. El Estado tiene absolutamente el derecho de modificar una regulación, aumentar la competencia y mejorar el funcionamiento de un mercado. Pero resulta muy diferente hacerlo respetando las inversiones existentes, que alterar anticipadamente las reglas establecidas por el propio Congreso de manera tal que inversiones realizadas bajo una ley vigente pierdan su viabilidad económica”, cuestionaron.

Desde el punto de vista de la CEPREB, Argentina necesita desesperadamente inversión, y para eso se necesita previsibilidad. “No puede pedirse a los empresarios que inviertan a largo plazo y, al mismo tiempo, modificar anticipadamente las reglas bajo las cuales esas inversiones fueron realizadas. Eso atenta contra la seguridad jurídica y la confianza necesaria para volver a invertir en la Argentina”, apuntaron.

Y cerraron: “Las PyMEs regionales no estamos reclamando que el Estado nos garantice rentabilidad. No estamos reclamando que nos proteja de la competencia. Estamos reclamando que, si se modifica integralmente el mercado de los biocombustibles, se reconozcan las diferencias estructurales existentes y se establezcan reglas transparentes, previsibles y equitativas. Queremos competir. Queremos seguir invirtiendo. Queremos seguir generando empleo y agregando valor en nuestras provincias. Pero una ley de biocombustibles no puede, bajo la bandera de la desregulación, terminar destruyendo industrias del interior para concentrar todavía más la producción alrededor de los puertos. No es libertad. No es desregulación. No promueve la inversión. Es cambiar las reglas para beneficiar a otros”.

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