En el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) rechazaron el argumento de la empresa y aseguraron que la situación responde a decisiones empresariales y no a un caso de fuerza mayor.

“Luego de que lamentablemente se recibieran los alrededor de 400 despidos realizamos una asamblea con los compañeros de planta La China. GTA se está fundamentando en el artículo 247 que prevé fuerza mayor para pagar la mitad de las indemnizaciones que es totalmente improcedente”, dijo a LA NACION Julio Chamorro, secretario general del STIA en Concepción del Uruguay.

Según explicó, la jurisprudencia es clara respecto de los alcances de esa figura. “Fuerza mayor es un terremoto, un tsunami y no lo que GTA argumenta, que es puro y liso riesgo empresarial”, sostuvo.

Dijo además que la empresa tampoco puede ampararse en el procedimiento preventivo de crisis que había firmado durante 2025. Según explicó, ese acuerdo dejó de tener vigencia en febrero de este año y el sindicato rechazó dos intentos posteriores para renovarlo: “Ese preventivo de crisis ya está vencido. Hubo dos intentos para volver a renovarlo y dijimos que no hasta que se ordenaran los pagos y la plantilla”.

Recordó además que, durante reuniones mantenidas con legisladores e intendentes, la propia cámara avícola aseguró que la actividad no atraviesa una crisis generalizada y que es uno de los pocos sectores que se mantiene bien y que la “crisis es puntual para Granja Tres Arroyos”.

Para el dirigente, la mayor preocupación ahora no pasa únicamente por la reducción de personal, sino por el temor de que la empresa tampoco pague las indemnizaciones previstas por la ley. “Todo hace presumir, y estoy hablando de indicios muy fuertes, que esas indemnizaciones tampoco se van a pagar”, advirtió.

Explicó que la sospecha surge de la delicada situación financiera de la firma, que negocia con acreedores una deuda cercana a US$350 millones. “Si tuvieran ese dinero para pagar esas indemnizaciones estarían criando pollos. De hecho, GTA tiene casi todas las plantas paradas por decisión de la empresa”, señaló.

Golpe a una ciudad

El impacto trasciende los portones de la planta. Chamorro estimó que, entre trabajadores directos e indirectos, la actividad avícola sostiene miles de puestos de trabajo en una ciudad de apenas 82.000 habitantes. Calculó además que desde hace tres meses dejaron de ingresar alrededor de $1,4 millones mensuales en salarios a la economía de cada hogar: “Eso resiente toda la economía de la ciudad”.

Indicó que por cada trabajador directo existen entre tres y cuatro empleos indirectos vinculados a incubadoras, granjas, plantas de alimento balanceado, transporte y otros servicios relacionados con la actividad. “Es un tiro en la línea de flotación para la ciudad y para la provincia”, afirmó.

A ello se suma, dijo, la imposibilidad de afrontar gastos médicos y la interrupción de tratamientos. También mencionó el fallecimiento reciente de un operario de la planta que venía soportando deudas, estrés y el corte de servicios. “Un infarto puede tener muchas causas, pero el estrés al que estamos sometidos puede ser un factor importante”, expresó. Según agregó, también existen trabajadores oncológicos que hoy tienen dificultades para acceder a sus medicamentos.

Tras la asamblea realizada, el sindicato resolvió prepararse para una eventual convocatoria de acreedores. Mientras tanto avanzará con acciones legales, nuevas manifestaciones y reclamos ante la autoridad laboral provincial. Chamorro aseguró que durante los últimos meses trabajadores, sindicatos, municipios, la provincia y distintos organismos realizaron gestiones para conseguir inversores que permitieran reactivar la planta.

Recordó que La China cuenta con certificaciones internacionales, tecnología de última generación y capacidad para exportar pollo a unos 70 países, además de personal altamente capacitado. Remarcó que el conflicto no obedece a una falta de capacidad industrial: “Está todo ahí: la maquinaria, los trabajadores y las certificaciones. Lo que falta es ponerla nuevamente en marcha”.

Por eso, la decisión empresarial fue recibida con profunda decepción. “Lo sentimos como una puñalada por la espalda; decir que estamos decepcionados es poco. Esto arruina muchas cosas, no solo por el modo, sino por los despidos masivos. Realmente fue un atropello por la metodología”, afirmó. Y concluyó con la mayor preocupación que hoy atraviesa a los trabajadores: “Tengo la certeza de que no van a pagar las indemnizaciones. Ese es el panorama que tenemos: cada vez peor”.

En medio del conflicto, el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, buscó diferenciar la situación de Granja Tres Arroyos de la realidad que atraviesa el resto de la industria avícola. En declaraciones al programa Nunca es Tarde, sostuvo que la empresa enfrenta una crisis puntual y admitió que la magnitud de los despidos lo sorprendió.

“El sector avícola está pasando por un momento muy bueno, invirtiendo y generando empleo. Este es un problema concreto de una empresa que tomó malas decisiones y tuvo mala suerte, pero que afecta a muchas familias”, dijo.

Según indicó, la provincia ya implementó programas de asistencia para los trabajadores despedidos. “Nuestra preocupación es esa y nos estamos ocupando. Implementamos programas sociales para esas familias. El sector avícola está volando en la Argentina y en el mundo y me cuesta creer que la empresa no pueda resolver este problema. Esperamos que esto se frene acá. Es una situación dramática”, cerró.

La Nación – Mariana Reinke