En ese sentido, plantearon una serie de interrogantes sobre el sistema: “¿Sigue teniendo sentido mantener un aporte obligatorio? ¿Debe continuar financiándose por imposición legal? ¿Existe una evaluación objetiva del costo-beneficio para el productor?”. Y respondieron: “Creemos que la respuesta es no”. Manifestaron que ha llegado el momento de discutir seriamente “un sistema basado en la libertad de elección”, la eficiencia y “la responsabilidad de quienes realmente obtienen el mayor beneficio económico de la promoción internacional”.
Vale recordar que, en julio pasado, la Mesa de Enlace y la industria frigorífica que está en el Ipcva advirtieron que un esquema voluntario podría terminar afectando la continuidad del instituto. Además, señalaron que el esquema tiene antecedentes internacionales. Las entidades apuntaron a que el instituto funciona de manera similar a organismos de promoción de la carne de países como Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, varios de los cuales reciben fondos estatales. También advirtieron que reemplazar el aporte obligatorio por uno voluntario significaría, en los hechos, “la eliminación del IPCVA”. A esto sumaron que el organismo tiene una conducción rotativa entre las entidades del sector, lo que —según sostuvieron— le otorga un carácter federal, plural y democrático y refuerza su legitimidad institucional.
Sin embargo, los productores agregaron en su reclamo que una institución “no debería sostenerse únicamente porque una ley obliga a financiarla”. “Toda organización debe demostrar permanentemente su utilidad frente a quienes aportan sus recursos”, precisaron y recordaron las prohibiciones que hubo a las exportaciones de carne vacuna. “Miles de productores continuaron realizando aportes obligatorios al Ipcva mientras el acceso a los mercados permanecía restringido por decisiones de política pública. Durante esos años el Instituto tuvo nula capacidad y reacción para defender los intereses del sector frente a esas restricciones. Posteriormente la recuperación de las exportaciones estuvo asociada principalmente a la eliminación de trabas comerciales y administrativas impulsadas por el gobierno nacional más que a un logro del Ipcva”, dijeron.
Proponen que el financiamiento sea asumido principalmente por los frigoríficos exportadores. “La promoción internacional genera un beneficio comercial directo para quienes exportan carne”, sostuvieron. Para los firmantes, no resulta razonable que ese costo sea trasladado obligatoriamente a productores que venden hacienda y que, en muchos casos, no participan directamente de las operaciones de exportación.
Plantearon, en consecuencia, que un sistema de aportes voluntarios obligaría al Ipcva a demostrar resultados, mejorar su eficiencia y rendir cuentas ante quienes decidan financiar sus actividades. “Si el trabajo del Ipcva genera verdadero valor para la cadena, no debería necesitar una contribución compulsiva”, afirmaron.
Los productores valoraron la iniciativa incluida por el Ministerio de Desregulación en un anteproyecto de Ley de Desregulación para eliminar el carácter obligatorio de los aportes al Instituto. Para los firmantes, esa propuesta permite abrir una discusión que, según sostienen, permaneció postergada durante años: si corresponde que el Estado obligue a todos los productores a financiar una institución o si cada uno debería decidir libremente si quiere hacerlo.
Otro tema
Otro de los temas que plantearon es la identificación electrónica individual de los animales. Los productores no rechazan la herramienta en sí misma y reconocen que puede resultar útil para determinados mercados y sistemas productivos, particularmente aquellos vinculados con la exportación. El cuestionamiento apunta nuevamente a la obligatoriedad. Indicaron que la imposición del sistema implica trasladar costos de caravanas electrónicas, lectores y otros equipamientos a productores que abastecen principalmente el mercado interno y que no obtienen un beneficio proporcional de esa inversión. Por eso, solicitaron que la utilización de la identificación electrónica sea voluntaria y que quienes necesiten cumplir con exigencias comerciales o de exportación sean quienes asuman los costos correspondientes.
“Los productores decimos basta. Basta de aportes compulsivos. Basta de organismos financiados por obligación legal. Basta de trasladar costos a quienes no reciben un beneficio directo. Creemos en una ganadería moderna, competitiva y abierta al mundo, pero también creemos en los principios de libertad económica, responsabilidad y eficiencia”, dijeron.
Adhirieron: Juan Carlos Luongo, Cacharí; Guillermo José Marchegiani, Cacharí; Enrique Pablo Bellesi, Azul; Adolfo Videla, Azul; Oscar Embil, Azul; Gerardo Castex, Azul; María Letizia Brussa, Azul; Lorena Cecilia Vidal, Azul; Hernán González Ferrón, Azul; María Cecilia Schang, Arroyo Los Huesos, Azul; Carlos Bardelli, Azul; María Teresa Desperbasques, Azul, Tapalqué; Magdalena Bariffi, Azul; María Luz Aguiló, Azul, Tapalqué; María Mónica Nucifora, Azul; Margarita Santomauro, Azul, Arroyo de Los Huesos; Tomás Romero, Bolívar; Marcelo Calafate, Azul; Gianfranco Milesi, Azul; Cristina María Boubée, Azul; Lionello Sagramoso, Azul; Luciano Vaccarezza, Tandil; y, Juan Bernatene, Rauch.
La Nación