Según explicó, la medida responde a un principio que atraviesa la gestión del presidente Javier Milei. “Creemos que el mejor destinatario que tiene que decidir sobre su propio dinero es la propia persona”, sostuvo.

En esa línea, señaló que cuando el Estado baja impuestos o retenciones “lo que está haciendo es devolverle el dinero al productor” para que sea él quien decida cómo utilizarlo.

Para el funcionario, el aporte voluntario incluso puede fortalecer el funcionamiento de las instituciones porque obliga a generar confianza entre quienes las financian y permite alinear el incentivo entre el que pone y financia el instituto y los objetivos y las acciones que se están financiando: “Que sea cada productor el que le dé valor, el que le dé transparencia a ese aporte. Si considera que es una actividad importante, lo va a poder hacer”, expresó. Además, recordó que existen otras cadenas agroindustriales que sostienen sus entidades mediante contribuciones voluntarias.

Para Fariña, la discusión excede al Ipcva y forma parte de un cambio de paradigma impulsado por el Gobierno: “Lo que nosotros estamos planteando justamente es un debate conceptual de darle libertad al productor, que él pueda decidir”, insistió.

El funcionario sostuvo que muchas regulaciones terminaron consolidando estructuras de privilegio. “En la Argentina hay un montón de sindicatos, empresas y actores que mediante la normativa generaron grupos de poder que les permitió generar una renta extraordinaria y aprovecharse del rol del Estado para tener privilegios”, afirmó. Según explicó, el objetivo de la gestión es revisar esas normas para eliminar distorsiones y fomentar una mayor competencia.

Más allá del caso del Ipcva, Fariña repasó el trabajo de desregulación que lleva adelante el Gobierno junto con la Secretaría de Agricultura y organismos como el Senasa. Explicó que se está revisando la normativa vigente con el objetivo de eliminar reglas que ya no tienen sentido y concentrar la acción del Estado en los aspectos sanitarios.

“Para nosotros, el único sentido que tiene el Estado es garantizar la salubridad y no meterse con calidad o control comercial”, indicó. Agregó que la intención es dejar atrás un esquema donde el productor era tratado “como si fuera un delincuente” cada vez que necesitaba realizar un trámite.

En este rumbo, reconoció que las reformas enfrentan resistencias. “Tenemos resistencias que enfrentamos día a día, donde hay actores que buscan mantener el monopolio y el status quo”, afirmó. Sin embargo, destacó el respaldo de Milei: “Tenemos la tranquilidad de tener un Presidente que está convencido del camino y que ante cualquier resistencia te va a acompañar”.

También adelantó que el Gobierno trabaja en proyectos vinculados con el cabotaje y el financiamiento para mejorar la competitividad, facilitar el acceso al crédito y reducir los costos logísticos que enfrentan las economías regionales.

Luego Iraeta reforzó la idea de que el principal cambio que impulsa la administración nacional pasa por dar previsibilidad al sector. “Durante esta gestión no te van a prohibir la exportación de carne, no te van a hacer un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo, no te van a poner un precio máximo”, afirmó.

Según el secretario de Agricultura, ese cambio de reglas es el que explica el acompañamiento que el Gobierno mantiene entre los productores después de casi dos años y medio de gestión.

Hacia el final del panel, Iraeta alentó a los productores a invertir y sembrar con confianza. Afirmó que el actual ciclo de recuperación de la ganadería responde, en parte, a la decisión oficial de no intervenir el mercado aun cuando subieron los precios de la carne y sostuvo que esas señales permiten recomponer el rodeo y recuperar productividad.

“El productor sabe que el Gobierno está para que la Argentina produzca más, porque eso es mejor para el productor, para la Argentina y para el Gobierno también”, concluyó.

La Nación – Mariana Reinke