La ley de arrendamientos rurales, aunque vulnerada en muchas prácticas cotidianas del negocio agropecuario, brinda estabilidad a los arrendatarios acomodando los plazos de contratación al ciclo productivo y contemplando distintas características propias del sector. “Derogarla sería un retroceso abismal porque perderíamos la especificidad de discutir los contratos en relación a nuestro modo de producir, a los ciclos biológicos, al cuidado del suelo y de la naturaleza”, dijo Sarnari, quien opinó que, si bien la norma debe ser actualizada, no puede ser eliminada.

“Todo lo que hacemos en el campo está regulado y no se puede hacer desaparecer con una nueva ley, es un retroceso abismal en el modo de relacionarse con el negocio, no contempla en el cuidado del suelo y la ganadería”, señaló. Desde Federación se considera que desregular el mercado de alquileres facilita el avance de grandes actores económicos y pooles de siembra en detrimento de la agricultura familiar.

En ese sentido, el objetivo del plan no parece estar ajeno al de la modificación de la ley de tierras, que restringe la compra de superficie rural por parte de extranjeros.

Ley de tierras

La Federación Agraria también rechazó el proyecto que presentó el oficialismo en el Senado, dentro de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Luego de intentar su aprobación hace algunos días, en medio del Mundial de fútbol, se postergó hasta el 6 de agosto el debate por ese proyecto. Organizaciones sociales, religiosas, partidos políticos y gremios convocaron a movilizar en todo el país contra esta iniciativa que se considera como una grave amenaza contra la soberanía nacional.

El proyecto, presentado a fines de marzo junto con los gobernadores del Consejo de Mayo, implica en los hechos una derogación encubierta de la ley de tierras sancionada en 2011, con amplio consenso. Esa norma establece un tope del 15% de territorio nacional, provincial o municipal en manos extranjeras, prohíbe que un mismo titular foráneo posea más de 1.000 hectáreas en las zonas más fértiles y veda la compra de inmuebles con cuerpos de agua de envergadura, como lagos y ríos. .

Organizaciones rurales, cooperativas, movimientos sociales, sindicales, científicos y religiosos se pronunciaron en contra del proyecto. La Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen tejiendo una red de trabajo territorial que combina recolección de firmas, gestiones ante legisladores y despliegue en redes bajo la consigna: “La soberanía no se negocia”.

La Capital