Las mismas fuentes indicaron que el acuerdo comercial con el grupo brasileño AMaggi, que vence el próximo 30 de noviembre, viene cumpliendo los objetivos previstos y que ambas compañías ya comenzaron a conversar sobre una eventual renovación. Según explicaron, la empresa incorpora actualmente entre 80 y 85 nuevos clientes por mes y proyecta cerrar el año con entre 1500 y 1700 productores operando.

Otro de los datos que destacaron es que aproximadamente la mitad del volumen que hoy comercializa la empresa proviene de productores con los que no mantiene deudas concursales, mientras que el resto corresponde, en buena medida, a acreedores que decidieron seguir operando con la compañía durante el proceso de reestructuración.

En paralelo, los accionistas también comenzaron a analizar cómo quedará conformada la empresa una vez que finalice el concurso.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la empresa, hoy existen distintas alternativas en evaluación. Entre ellas figuran el ingreso de nuevos inversores, una eventual venta parcial o total de la compañía o esquemas mixtos en los que convivan los actuales accionistas con nuevos socios. Incluso, una de las posibilidades bajo análisis es que Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, la empresa del grupo dedicada a la formulación y síntesis de fitosanitarios, continúen con estructuras accionarias diferentes. Por el momento, aclararon, no existe ninguna definición tomada.

La posibilidad de incorporar un inversor también aparece reflejada en el escrito presentado ante la Justicia. Allí la empresa señaló que uno de los objetivos de la prórroga solicitada es contar con el tiempo necesario para definir ese proceso. Ese planteo forma parte de los argumentos con los que buscó justificar la extensión del período de exclusividad. En la presentación sostuvo que necesita “un plazo razonable que permita arribar a una propuesta de acuerdo preventivo que resulte seria, viable y compatible con la realidad económica y financiera actual”.

También señaló que el concurso involucra un importante número de acreedores y que el proceso requiere tiempo para presentar la propuesta, explicar la capacidad de pago de la compañía y alcanzar consensos antes del vencimiento del período de exclusividad.

“La economía local se encuentra atravesando una situación compleja, más precisamente anómala, con altos niveles de incertidumbre, retracción en el consumo y escaso o nulo financiamiento”, afirmó la empresa. Según agregó, ese contexto dificulta proyectar flujos de fondos y elaborar una propuesta que pueda ser aceptada por el conjunto de los acreedores.

Respecto del negocio agropecuario, sostuvo que el sector “tampoco se encuentra transitando un período demasiado auspicioso”, debido a la volatilidad registrada en los precios internacionales de las commodities.

En esa línea, también hizo referencia al nuevo cronograma de reducción gradual de los derechos de exportación anunciado por el Gobierno y afirmó que esa decisión “modifica considerablemente el escenario sobre el cual la concursada debe diagramar su propuesta”, dado que muchos productores permanecen expectantes frente a esos cambios.

La empresa también hizo referencia al conflicto en Medio Oriente y a la volatilidad observada en los mercados del petróleo y de los fertilizantes. Según planteó, esos factores también generan incertidumbre y complican la elaboración de una propuesta de largo plazo.

"La sumatoria de las circunstancias previamente descriptas, excepcionales, por cierto, generan una gran demora para poder diagramar una propuesta acorde a las exigencias de los acreedores y a las posibilidades reales con que cuenta la concursada”, sostuvo.

La Nación – Pilar Vazquez