En el comunicado, la Sociedad Rural también advirtió que la adhesión a plataformas privadas implica autorizar el acceso a “información personal, fiscal y comercial obrante en organismos públicos".

Además, remarcó que, si bien el ingreso inicial al sistema aparece como gratuito, las certificaciones y validaciones posteriores tendrían costos para los productores.

Críticas a la resolución europea

Pujato vinculó el avance de estos sistemas de certificación con la Resolución 1115 de la Unión Europea, normativa que establece restricciones para productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.

“Tomaron arbitrariamente una fecha de corte y plantean que lo desmontado después de 2020 no puede ingresar a ese mercado”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que la medida funciona como una barrera “paraarancelaria” y remarcó que las exigencias de trazabilidad alcanzan a distintos productos agropecuarios, entre ellos carne y soja.

Además, cuestionó que Argentina deba avanzar en nuevos sistemas de certificación y habilitar el acceso de empresas privadas a información sensible de los productores para sostener exportaciones que, según indicó, representan una porción reducida del comercio hacia la Unión Europea.

“Tenemos que armar toda una certificación o permitir el acceso a estas empresas privadas a datos sensibles porque si no perdemos el mercado”, afirmó.

Según detalló el productor, las exportaciones hacia la Unión Europea representan cerca del 3% de la producción de carne y entre el 1,5% y el 2% de la soja comercializada por el país.

El dirigente rural consideró además que las exigencias europeas “son demasiado altas” y sostuvo que no encuentra un justificativo técnico para ese nivel de requerimientos.

“No vemos que haya un justificativo en eso, más que se sientan moralmente mejor por no consumir harina de soja de un campo desmontado en el 2019”, expresó.

Asimismo, remarcó que, a su entender, la normativa europea “no tiene demasiado sustento” y sostuvo que el mercado terminará definiendo el alcance real de estas exigencias.

La alternativa provincial

En el comunicado difundido, la entidad destacó que la provincia de Santa Fe trabaja en una plataforma pública de trazabilidad y validación de información productiva.

De acuerdo a lo informado, esa herramienta tendría carácter gratuito para los productores y se presentaría como una alternativa de gestión pública frente a sistemas privados.

Pujato explicó que el sistema provincial utilizaría el número de RENSPA —Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios—, información que ya forma parte de los registros oficiales y que permite identificar movimientos y ubicación de los establecimientos.

“La provincia ya sabe si el campo está en una zona que fue deforestada o no. Nos parece mucho más razonable que sea el propio Estado provincial quien valide esa información”, indicó el secretario de la SRSF.

Recomendaciones a los productores

Por último, desde la Sociedad Rural de Santa Fe señalaron que el objetivo del comunicado es advertir a los productores sobre las implicancias que podría tener la adhesión a este tipo de plataformas privadas de certificación.

En ese sentido, Pujato cuestionó que el ingreso inicial al sistema se presente como gratuito, ya que posteriormente las certificaciones y validaciones necesarias para operar dentro del esquema tendrían costos para los productores.

“Te dicen que adherirse es gratis, pero después las certificaciones tienen un costo. Y alguien termina pagándolo”, afirmó.

Además, sostuvo que en algunos casos las exigencias de las certificadoras privadas incluso superarían los requisitos planteados por la propia normativa europea.

Por ese motivo, la entidad recomendó esperar la definición e implementación de la herramienta provincial que desarrolla Santa Fe antes de adherirse a plataformas privadas, al considerar que todavía no están completamente definidos sus alcances operativos, económicos y legales.

En ese marco, expresaron que cualquier sistema de certificación debería garantizar la privacidad de los datos de los productores, transparencia en los costos y condiciones que permitan preservar la competitividad del sector.

El Litoral, Santa Fe – Agustina Azcoaga