Se dieron charlas con acreedores, acuerdos iniciales y un traspaso que incluía a los trabajadores y debía darse este miércoles. Sin embargo, los Espiñeira demoraron el encuentro clave y a último momento anunciaron que dejaban caer la negociación.
Para los negociadores, fue una muestra más de la mala voluntad de los dueños para resolver el conflicto, y así evitar profundizar el caos social que genera la parálisis productiva de esa empresa.
Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) pide poco y nada por los 700 empleados. Lo que hace el gremio es sólo tender a gestionar reclamos por la deuda salarial a través de los abogados de sus seccionales, que le estarían comunicando a esos clientes el cobro de honorarios que llegarían al 30% de cada pago, a pesar que ese costo esté a cargo de la empresa deudora.
Atilra mantiene sus métodos intactos, amenazando a quienes quieren tomar acciones legales propias, sobre todo en estos procedimientos laborales abreviados, para cobrar una suma de dinero por salario o indemnización, fácilmente calculables, que consiguen sentencias en un plazo corto, que pueden llevar a embargos argumentando derecho alimentario, e incluso podrían avanzar al remate de bienes, si es que Lácteos Verónica sigue sin contestar los traslados.
No existe voluntad de acuerdo en lo que ya es un desastre socio-económico en las tres regiones cercanas a las plantas.
A pesar de tener denuncias judiciales por deudas con proveedores, reclamos del mismo tono por parte de productores, no solo en Santa Fe, sino en otros distritos, Verónica tendría la primera inhibición que le sería informada en las próximas horas.
Sin reclamo sindical y sólo con un grupo de trabajadores pugnando por una respuesta, es la Agencia Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la que debería a esta altura avanzar en una denuncia concreta por retención indebida de impuestos, tal como se hizo en otros casos muy mediáticos. Quizá sumar la falta de pago de cuotas alimentarias, más allá de lo que le corresponde a los estados provinciales por la falta de pago de servicios e impuestos.
Existe una sensación de impunidad por parte de los dueños de la empresa que les permite no definir una venta, a pesar de haber acomodado ya la situación de otras empresas familiares, ni hacerse cargo de las deudas al no optar por un concurso de acreedores o directamente una quiebra, de no poder afrontar los miles de millones que tienen pendientes de pago y aumentan cada día.
Mientras tanto, la gente sobrevive con changas y con una atención de la salud recortada por parte de la obra social. Las empresas se ponen en riesgo por los agujeros financieros por la falta de pago de insumos o servicios, pero pareciera que nada tiene consecuencias legales.
Lamentablemente la luz al final del camino que parecía encenderse hace unas semanas se apagó desde ayer, acompañada por un silencio que ya lleva un año y que nadie parece tener intenciones de revertirlo.
Sin salida a la vista, debería ser tiempo para que la Justicia se ajuste el cinturón de pantalones que parecen quedarle grandes. La política también debe comenzar a hacerse escuchar, pues tiene que hacer valer las leyes y reclamar por los trabajadores afectados. También debería Verónica ser una constante ocupación de un gremio que sólo se enfoca en sus propios intereses.
La gente, hace lo que puede, con una situación financiera personal muy magra, en medio de un contexto económico que no deja de perjudicar y una paralización económica que no permite que la reubicación laboral sea posible al ritmo de la demanda.
Puede que pasen varias semanas más hasta que contemos alguna otra novedad en torno a este tema. Mientras tanto, la realidad no hará más que empeorar para todos los afectados.
Bichos de Campo – Elida Thiery