Según Carbio, “hoy se da la absurda paradoja de que mientras se encuentran paradas todas las plantas más eficientes de biodiesel del país, que han sido discriminadas por Ley para vender en el mercado doméstico, los argentinos estamos obligados a comprar ese producto hasta un 20% más caro que la paridad de exportación a un grupo de empresas beneficiadas desde hace 20 años con este esquema y en que en algunos casos tienen varias plantas por grupo económico”.

Es por eso que desde la cámara empresaria aseguran que el proyecto impulsado por la LLA, “nos llevará a un esquema de competencia que premia la inversión y la eficiencia con reglas parejas para todos los actores lo que generara el desarrollo de un sector en donde el país tiene una gran oportunidad de crecer”.

Por el contrario, la iniciativa fue rechazada de plano por las pymes productoras que comercializan con exclusividad en el mercado interno.

Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), esta iniciativa “condena a la quiebra” a las empresas productoras de biodiésel, ya que entienden que “su aprobación implicaría la desaparición de 25 empresas pymes radicadas en el interior del país, la pérdida de 2.000 puestos de trabajo directos y otros 8.000 indirectos en localidades de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe”.

“El texto está redactado a medida de las grandes aceiteras y las petroleras. Al eliminar los cupos y precios regulados del mercado interno, las pymes quedan obligadas a competir contra empresas integradas que son, a la vez, productoras de la materia prima y tienen una escala de producción hasta diez veces superior. Esa competencia es imposible y el resultado es previsible: la concentración de todo el negocio en manos de los mismos grandes grupos económicos”, afirmaron desde Cepreb.

Por otro lado, consideran que el proyecto “viola la seguridad jurídica”, debido a que “la Ley 27.640 de Biocombustibles está vigente y tiene plazo de vencimiento en 2030. Las pymes invirtieron y generaron empleos bajo ese marco legal. Terminarlo seis años antes no es desregulación: es romper contratos con el sector productivo del interior, en beneficio de quienes planificaron sus negocios con destino a la exportación”.

Clarín