La iniciativa además busca construir “un esquema técnico claro” que permita a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad contar con herramientas penales más precisas y operativas para actuar ante este tipo de hechos, evitando vacíos o ambigüedades jurídicas que dificulten las investigaciones.

En términos generales, el proyecto propone endurecer las sanciones para distintos delitos rurales, incluyendo situaciones que actualmente son consideradas simples contravenciones.

Cómo serían las penas

Uno de los artículos establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales sin autorización expresa o presunta de sus propietarios o responsables.

El texto aclara además que se considerará como señal suficiente de exclusión la existencia de alambrados, tranqueras, cercos, carteles u otros elementos que indiquen la prohibición de ingreso.

También especifica que no se configurará delito cuando existan razones de auxilio, necesidad justificada o cuando no resulte claro el límite con la vía pública.

Por otra parte, la propuesta incorpora penas más severas para hechos de vandalismo o daños sobre infraestructura productiva rural.

En esos casos, se contemplan condenas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas económicas vinculadas al valor del perjuicio ocasionado.

Las sanciones alcanzarían a quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el proceso productivo agropecuario, el almacenamiento de materias primas o el funcionamiento de los establecimientos rurales.

Dentro de los bienes contemplados aparecen cereales y oleaginosas almacenadas en silobolsas, tolvas o depósitos; plantaciones forestales y cultivos regionales; ganado y producción animal; además de infraestructura tecnológica como paneles solares, bombas de agua, sistemas de riego, generadores eléctricos y equipamiento utilizado en explotaciones rurales.

Por último, el proyecto también propone modificar el artículo 209 del Código Penal para agravar las penas vinculadas a la instigación pública a cometer delitos. La iniciativa contempla condenas de entre dos y seis años de prisión, con incrementos cuando la convocatoria se realice a través de redes sociales, medios masivos o plataformas digitales.

La Voz del Interior