“Bajar derechos de exportación cualquiera lo puede hacer. Lo relevante es cómo bajamos las retenciones manteniendo el superávit fiscal”, señaló. En ese marco, vinculó la continuidad de la reducción impositiva con el ajuste del gasto público: “Para eso está la motosierra. En la medida en que sigamos bajando el gasto público, eso nos va a dar el lugar con responsabilidad para seguir en este proceso de baja de retenciones”.

También dedicó un tramo de su exposición al costo de la vacuna contra la aftosa y cuestionó las regulaciones que, según afirmó, limitaron la competencia en el mercado. Explicó que cuando asumió el Gobierno, la dosis costaba US$1,40 en Argentina mientras en Uruguay se comercializaba a US$0,40.

“Había un dólar de diferencia porque regulatoriamente era difícil tener competencia en el mercado de vacunas aftosas”, indicó. Según detalló, el precio ya bajó a US$ 0,90 por dosis, aunque aseguró que el objetivo es acercarse al valor internacional.

Además, sostuvo que el Gobierno avanzó en una mayor libertad para los productores al momento de vacunar. “Hemos dado más libertad para que el productor pueda elegir vacunar con su veterinario o de manera más libre”, afirmó, y consideró que eso también permitirá reducir costos.

Sin embargo, el eje más fuerte de su discurso estuvo centrado en la propiedad intelectual de las semillas. En un primer momento, le respondió al presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, quien previamente había reclamado una ley de semillas “moderna, equilibrada y duradera”, pero “defendiendo los derechos de los productores”.

Cabe recordar que recientemente la mesa de enlace junto con las entidades técnicas le habían presentado un proyecto sobre semillas que defería del que tenía el Gobierno, sobre todo en el uso propio de las autógamas.

Sturzenegger marcó diferencias con esa postura y sostuvo que “el derecho de propiedad de las semillas defiende al productor”. Según argumentó, garantizar la propiedad intelectual permite el ingreso de genética de mayor productividad y beneficia directamente a quienes producen.

Para respaldar su posición, puso como ejemplo el caso del algodón y comparó la situación argentina con Brasil. “¿Cómo puede ser que en Brasil un algodón produzca 1.400 kilos por hectárea y en Chaco 600 kilos?”, preguntó. Según explicó, la diferencia se debe a que Argentina no cuenta con un marco legal que incentive la llegada de nuevas tecnologías en semillas.

El ministro aseguró además que cultivos como trigo, tabaco y soja muestran retrasos productivos respecto de otros países por la falta de protección de la propiedad intelectual, mientras que, en maíz, donde predominan híbridos que obligan a comprar semilla todos los años, Argentina no presenta esa brecha.

En ese contexto, anunció cambios en el funcionamiento del INASE. Según explicó, el organismo transferirá la potestad de fiscalización al sector privado y quedará como tribunal de alzada ante eventuales conflictos. Y será para todas las semillas que se registran a partir de ahora en adelante.

“Vamos a generar el marco legal para que el que quiera traer una semilla de mayor productividad pueda hacerlo y el productor la pueda comprar”, sostuvo. Y llevó tranquilidad al sector al afirmar que “a ningún productor le vamos a cambiar su status quo” ni obligarlo a modificar su actual forma de trabajo.

Clarín – Esteban Fuentes