La cuenta se vuelve aún más desafiante cuando se suman los derechos de exportación. En el caso del maíz, con una alícuota del 9,5%, el costo de llevar el grano al puerto puede trepar al 30% de su valor.

En soja, con retenciones del 26%, ese porcentaje se eleva hasta el 38%. En términos productivos, la ecuación es contundente: parte significativa del esfuerzo queda en el camino.

Desde el lado del transporte, la situación no es menos compleja. El gasoil –principal insumo de la actividad– tiene una carga impositiva que ronda 40% de su valor al surtidor. A eso se suman los costos laborales, peajes y el deterioro de la infraestructura vial, que encarece aún más cada viaje.

En este escenario, desde el sector cooperativo advierten que la discusión está mal enfocada. “Si la suba del gasoil se reduce al reajuste de las tarifas, quienes asumen el costo siempre están en el mismo círculo”, señalan desde Coninagro.

La entidad reconoce la legitimidad del reclamo de los transportistas, pero también advierte que el productor no puede absorber indefinidamente ese incremento.

Con márgenes ajustados por el peso de las retenciones y el encarecimiento de los insumos, trasladar el costo dentro de la cadena no resuelve el problema de fondo.

Según el análisis del sector, el Estado se queda con entre el 45% y el 60% del costo total de un flete, a través de una combinación de impuestos como los que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, IVA, Ingresos Brutos y patentes.

En ese contexto, la disputa entre privados termina siendo apenas la superficie de un problema mucho más profundo.

“El problema no es quién se hace cargo del mayor costo entre las partes, sino la presión impositiva”, coinciden.

Los servicios de cosecha, en la misma

La tensión no se limita al transporte. Los contratistas rurales, otro eslabón clave en la cadena productiva, atraviesan una situación similar. Con tarifas orientativas actualizadas en febrero –28% para la cosecha de soja y 23% para la de maíz–, el reciente aumento del gasoil dejó esos valores rápidamente desfasados.

El impacto del combustible en su estructura de costos también creció. En la cosecha de soja, pasó de representar el 15% al 17%, mientras que en maíz subió del 13% al 18%. Una dinámica que presiona sobre la rentabilidad y obliga a recalcular de manera permanente.

A diferencia del transporte, los contratistas cuentan con una herramienta para amortiguar el impacto: una cláusula gatillo que establece que, por cada aumento del 10% en el gasoil, las tarifas pueden ajustarse un 2%. Poder hacerla efectiva depende de la negociación con los productores, en un contexto de números muy ajustados.

La Voz del Interior – Alejandro Rollán