Desde CARBAP, la adhesión al UPOV 91 no es vista como un avance técnico, sino como un riesgo para los productores. En su comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no es necesario adherirse a UPOV 91” para avanzar en una actualización normativa que incentive la innovación genética y reconozca la propiedad intelectual de los obtentores.
La entidad advirtió que la adhesión a UPOV 91 “es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina” y fundamentó su rechazo señalando que el Acta de 1991 “restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”.
En este sentido, la postura de CARBAP combina la necesidad de una actualización normativa con la defensa del esquema vigente. El comunicado remarca que “es necesario y posible actualizar la legislación vigente, fortaleciendo la protección a los obtentores dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina”.
“El debate no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre innovación o productores”, afirmó la entidad, en un pasaje del texto en el que plantea que Argentina ya tiene una base productiva robusta con “millones de hectáreas sembradas con variedades modernas”, y que el problema central “no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado”.
Asimismo, CARBAP vinculó la discusión normativa con otros factores estructurales de la economía agropecuaria. Señaló que “mientras persista” la carga de los Derechos de Exportación (DEX) —“que actúa como el principal tapón al aumento de la producción y la inversión”— “cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará inevitablemente condicionada”.
Finalmente, la entidad remarcó que “cualquier modificación normativa debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no impuestas por compromisos externos” y sostuvo que “las reglas que afectan la base tecnológica del agro no pueden definirse sin consenso”.
Bichos de Campo