Además, señaló que “en Entre Ríos el golpe afectaría de manera directa a las plantas instaladas en el centro de la provincia, fundamentalmente en Nogoyá”.
Por último, destacó que “es necesario que el parlamento trabaje de manera coordinada con el gobierno nacional y el sector privado para definir una estrategia de defensa legislativa, comercial y diplomática”.
Vale recordar que la semana pasada los exportadores advirtieron sobre el impacto que tendría una nueva normativa ambiental de la Unión Europea que frenaría las importaciones de biodiésel de soja y aceite de soja provenientes de la Argentina y otros países, aunque sin alcanzar la harina de soja. La advertencia surgió luego de que la Comisión Europea publicara un documento que reclasificaba a la soja como un supuesto de “alto riesgo” de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC), equiparándola al aceite de palma.
Según manifestó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) de avanzar esta propuesta, actualmente en consulta pública, la UE dejaría de importar biodiésel de soja de manera permanente, habilitando solo aceites producidos dentro del bloque, como la colza, lo que implicaría una barrera para la importación de alto impacto comercial.
El mercado europeo es hoy el único destino relevante del biodiésel argentino, con exportaciones en 2024 por más de 380.000 toneladas y un potencial de hasta 1,2 millones de toneladas anuales, equivalentes a unos US$1400 millones. Desde el sector estiman que, si la normativa se aprueba, el país podría perder al menos US$350 millones por año y enfrentar el cierre de plantas industriales. Las cámaras empresarias y el Gobierno analizan una estrategia de defensa ante la UE, sin descartar un reclamo en la OMC, mientras los especialistas advierten que la medida responde más a motivaciones políticas y proteccionistas que a fundamentos técnicos o ambientales, en un contexto de creciente uso de restricciones no arancelarias por parte del bloque europeo.
La Nación


