Los parámetros, si bien tienen que definirse en su mayoría, serían un aumento considerable en volumen de las importaciones: en un corto lapso de tiempo superior al 5% en la comparación del promedio de los últimos tres años, o que el aumento de las exportaciones del Mercosur haga que el precio interno caiga un 5%.
Lo llamativo del caso es que este mecanismo de sanción se puede dar inclusive en las cuotas pautadas en el acuerdo, como el caso de las carnes y el maíz, por citar un ejemplo.
Estas salvaguardias no están incluidas en el texto del acuerdo, sino que constituyen “una especie de reglamentación interna del acuerdo para los europeos”, indicó a Clarín el director de Contenidos y Comunicación del Grupo de Países Productores del Sur (GPS), Nelson Illescas.
“Es una medida de defensa comercial y es unilateral. Lo que tienen que hacer los europeos con los países integrantes del Mercosur es notificar que están haciendo la investigación y pedirle información a los exportadores, para poder medir el supuesto impacto y el daño en la producción local. Ahora, lo que tenés que hacer cuando se realiza una investigación sobre defensa de la competencia es fundamentar que hay un daño y, por sobre todo, demostrarlo”, completó Illescas.
Pero más allá de dicho proceso, a los exportadores argentinos les preocupa la discrecionalidad que pueden aplicar los países europeos. “Es una situación bastante preocupante, porque esto lo establece la UE unilateralmente”, sostuvo el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.
“La razón de ser de un acuerdo es la creación de comercio, pero lo podés matar con las salvaguardias, porque si se aplican de manera irrestricta e imprudente, se convierten en un riesgo enorme en el flujo de comercio”, agregó.
Para Idígoras, las exportaciones del Mercosur hacia el bloque europeo una vez entrado en vigencia el acuerdo “no significan ningún riesgo para Europa, sino que es política pura. Estos productos representan el 1% del consumo aparente en ese continente”.
Es por eso que el titular de Ciara-CEC insistió en que “el Mercosur tendrá que negociar después de la entrada en vigencia. Hemos hablado de esto con el Gobierno, son conscientes y no les gusta, pero quieren que se apruebe en el Congreso. Pero hay que discutir la existencia de estos mecanismos o que por lo menos sean más light”.
Para Illescas, estas medidas se constituyen en “una amenaza” para el agro argentino y de la región, ya que “quita certidumbre” al sector. “Es como lo que pasaba en Argentina con los ROEs: al tener esa discrecionalidad, no sabés si podés exportar o no. Los europeos lo necesitan para firmar el acuerdo y dar señales a su agro, teniendo en cuenta que tienen un problema sistemático de competitividad en dicho sector”, agregó.
Además, coincidió con Idígoras al considerar que los envíos del Mercosur “no se constituyen en una amenaza para la agroindustria europea, ya que el acuerdo se pensó para no generar problemas a ningún sector”.
“Los que podrían haber tenido un problema o quedaron excluidos o cayeron en cuotas. No está pensado para que se inunde el mercado europeo de productos del Mercosur, sino que esto viene a consolidar un comercio que ya existe, pero no va a disparar la venta de productos y, si sucede, es porque reemplaza a otro proveedor menos competitivo”, concluyó Illescas.
Clarín – Juan Manuel Colombo