“Vamos a instalar un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio. El día de mañana va a viajar el director de la AFE [Agencia Federal de Emergencias], el doctor Santiago Hardie; va a instalarse en esa localidad y el día sábado iremos los funcionarios nacionales para reunirnos con intendentes de la zona y productores agropecuarios, con quienes evaluaremos las medidas a seguir”, planteó. El Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto, por medio de la Compañía de Ingenieros, van a desplegar medios viales.

Tras conocerse la noticia, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que la responsabilidad primera es del municipio, después de la provincia, y luego de Nación. “Tener a todo el país a cargo es más complicado, pero que haya hecho este anuncio, es espectacular. Esperamos que se concrete. Y va a tener que coordinar con provincia las acciones a seguir, hay algunas cosas ya escritas como proyectos provinciales", indicó.

Érica Moro, presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares, señaló que a la ayuda del gobierno nacional la reciben con mucha expectativa. “Se trata de una medida necesaria, que llega después de más de ocho meses de una situación crítica que afectó a gran parte del distrito y de la región, y que fue visibilizada gracias al esfuerzo conjunto de los productores, las entidades rurales y una intensa movida mediática que logró poner el tema en la agenda pública", dijo.

Además, la dirigente valoró que finalmente se reconozca la magnitud del problema y se avance en acciones concretas, aunque destacó que todavía resta conocer los detalles de cómo se implementará la ayuda y qué alcance tendrá en cada zona. “Desde la Sociedad Rural de Carlos Casares vamos a seguir de cerca este proceso, acompañando a los productores y reclamando que las medidas lleguen efectivamente al territorio. La recuperación va a requerir tiempo, compromiso y políticas sostenidas para que el campo pueda volver a producir con normalidad", indicó.

En tanto, Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, dijo que están agradecidos con la ayuda del Estado. “La ayuda de la provincia llegó tarde y Nación va a llegar tarde, pero más vale tarde que nunca. Si no tenemos ayuda ahora, el año que viene va a ser igual si sigue lloviendo, vengan como vengan, nos sirven. Todavía tenemos 120 días de trabajo, que es la ventana de verano; hoy estamos a tiempo de poder reconstruir para estar en mejor condición que ahora. Tenemos que aprovechar para acomodar un poco lo que es infraestructura", afirmó.

Al igual que Moro, se mostró expectante sobre las herramientas que llevará el Estado hasta los distritos más afectados para controlar la situación. “Hay que ver cómo vienen y qué traen de maquinaria. Hay que hacer limpieza de canales y una recuperación de calles y alcantarillas. Acá, un 80% de los caminos están intransitables. Tenés un 50% de la superficie con agua: 205.000 hectáreas con agua de 423.000 productivas. Hay muchos productores que no pueden llegar con su maquinaria. La preocupación más acuciante es poder llegar a sembrar algo, y esperamos que la pérdida sea lo menos impactante para todos", resumió el dirigente.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, recordó la necesidad de líneas de crédito no solo para reactivar la siembra, sino también para recuperar el capital de trabajo para los productores afectados. Más allá de las pérdidas económicas, precisó que algunos productores se vieron obligados a abandonar los campos, incluso a dejarlos definitivamente.

“Está claro que, en pleno siglo XXI, la infraestructura no puede ser una limitante: los caminos, ni el acceso a la salud o la educación. El agua no puede ser una barrera. Estamos viendo campos inundados y situaciones extremadamente complicadas. Tratamos con gente afectada por esta realidad y también lo vemos desde el aire: esto no empezó ahora, viene desde hace meses. En las últimas semanas, la situación se agravó, con lluvias de más de 50 milímetros en zonas que ya estaban complicadas", dijo el dirigente y agregó que se necesitan obras para que quien quiera y deba vivir en el campo pueda hacerlo con las condiciones básicas que correspondan.

Hay quejas porque faltaron obras para controlar las inundaciones

Mientras miles de hectáreas continúan anegadas en el centro y el oeste bonaerense, los productores y las entidades del agro coinciden en un diagnóstico que se repite desde hace décadas: la ayuda nunca llega, y si lo hace, llega tarde. Durante muchos años, las obras estructurales no se terminaron y la emergencia agropecuaria sigue siendo hasta ahora la única respuesta. Cientos de productores miden sus pérdidas de cientos de miles de hectáreas bajo el agua y denuncian un “abandono total” por parte de las autoridades. Este miércoles, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciaron que el Gobierno destinará recursos nacionales para las zonas de la provincia de Buenos Aires que sufrieron fuertes inundaciones.

En Bragado, por caso, los productores aseguran que no hubo asistencia efectiva por parte del gobierno bonaerense. Ni máquinas prometidas ni las medidas fiscales de alivio llegaron a las zonas rurales más afectadas. La situación en los partidos de Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo, Roque Pérez, entre otros, es crítica.

Tras una consulta de LA NACION, en tanto, en el Ministerio de Infraestructura bonaerense señalaron que los fondos provinciales destinados a los municipios para el mantenimiento de los caminos rurales fueron de $2000 millones. A partir de esto, desde febrero Vialidad Provincial e Hidráulica ayudaron con máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas. El manejo de la situación, afirman, incluyó fondos suplementarios para complementar horas hombre en el manejo de maquinaria municipal, bombas hidráulicas para desagotar áreas urbanizadas, tubos para alcantarillado, limpieza de arroyos y canales.

“La provincia aportó varias máquinas para 9 de Julio: maquinaria de Vialidad, de Hidráulica y también de Desarrollo Agrario”, admitió Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap. En el caso de Carlos Casares, donde se viene reclamando hace tiempo, solo “se aportó una pala y algo de dinero, pero no mucho más”. Para el dirigente, existe cierta coordinación entre ministerios e intendencias, pero hasta ahora “no se ve una gestión integral para morigerar el impacto”.

Las declaraciones de emergencia agropecuaria y las prórrogas impositivas, tanto provinciales como nacionales, permiten aliviar temporalmente la carga tributaria. “Eso funciona, pero son paliativos. No hubo ninguna herramienta que sirva para prevenir o mitigar”, precisó.

Hoy, por caso, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó sobre la exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para campos en 19 distritos declarados en emergencia, incluyendo los núcleos del conflicto como Bolívar, Carlos Casares, 9 de Julio y 25 de Mayo.

Estos esfuerzos de contingencia contrastan con que todavía falta la conclusión del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado. Un informe del Ministerio de Infraestructura provincial detalló que, si bien 402 km del plan están terminados, el Tramo IV —crucial para zonas como Bragado y 25 de Mayo— estuvo parcialmente detenido. El problema, dijo, son 33 kilómetros de la etapa 2 de este tramo, con obras “neutralizadas por falta de financiamiento nacional desde diciembre de 2023”. Hace poco el gobierno nacional anunció la reanudación de esa obra.

El informe provincial apuntó a la gestión nacional del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, financiado por el Impuesto a los Combustibles. Según datos oficiales, entre 2024 y el primer trimestre de 2025 se recaudaron $175.000 millones para este fondo, pero solo se ejecutó el 7,45%. La provincia sostiene que esos fondos no asignados “podrían haber permitido finalizar” los tramos hoy frenados.

Para los productores que tienen el agua en sus campos, como Gervasio Raffo en Olascoaga, Bragado, la ayuda ha sido invisible. “Estamos sobrepasados de lluvia, sobrepasados de agua que llega desde otros partidos, con una infraestructura terriblemente deteriorada. En esta zona, provincia no hizo nada”, dijo y resaltó que la próxima campaña va a ser muy mala. “No sé qué porcentaje podré sembrar, pero seguramente menos de la mitad de lo habitual. No puedo llegar a los campos y muchos siguen bajo el agua”, resumió.

Para Raffo, quien tiene 200 de las 350 hectáreas que trabaja bajo el agua, los problemas vienen de larga data: “Hace tiempo que no se hace nada y, aun con el agua complicándonos la vida y en una situación de emergencia, tampoco se hace nada o se trabaja muy lento”. Agregó: “El otro día una ambulancia quedó encajada en el medio del camino; tenía que atender a una beba prematura, hija de una familia que trabaja en un tambo".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, advirtió que con “casi 5 millones de hectáreas afectadas, esto es un problema para el país” que impactará “en la recaudación y en la macroeconomía del Gobierno”.

No obstante, advirtió que con los niveles de agua que hay “es poco lo que se puede hacer” en este momento. “Esto pone en evidencia la negligencia y las cosas que no se hicieron y que se pueden hacer. Hoy es muy difícil trabajar para que el agua corra, por los cauces que debería tomar. Estas son las consecuencias de no haber hecho lo que venimos reclamando desde las instituciones: obras, canales, cunetas, previsión ante este tipo de eventos", analizó.

Pino sostuvo que hoy es muy difícil actuar, pero sí están marcando la cancha a los entes gubernamentales. “Hay que decirles: señores, esto es una pérdida que va más allá de lo individual. Esto es un problema para el país”, dijo.

“Hoy el campo está bajo el agua, y esa agua, en lugar de bajar, se mantiene o aumenta con cada lluvia. No se puede arreglar un camino que está bajo el agua, pero debemos ser coherentes y conscientes de no dejar pasar esto. Cuando se pueda, hay que realizar las mejoras y obras necesarias, y seguir insistiendo para que se hagan. Porque después, cuando cambia el clima y vuelve la sequía, nos olvidamos. Cada tanto esto vuelve a sorprendernos. Hubo inundaciones grandes en los años 80, y estamos en 2025 viviendo lo mismo”, sintetizó.

En este marco, el Concejo Deliberante del partido de Azul aprobó a finales del mes pasado un proyecto de ordenanza que regula las obras de infraestructura rural contratadas directamente por los vecinos con empresas constructoras. Establece requisitos para la solicitud, el pago obligatorio por parte de los beneficiarios, la fiscalización municipal y la creación de un registro para las empresas contratistas. Además, contempla la posibilidad de eximir hasta el 100% de la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural a los vecinos que asuman el costo de la obra.

La Nación – Belkis Martínez