El gremio, sin embargo, considera que la propuesta carece de sustento económico y laboral. Según expresaron tras el encuentro, SanCor reconoce que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales ni para sostener el nivel de actividad, lo que, a criterio del sindicato, vuelve inviable el plan.

El delegado Alejandro Cabrera reiteró que los trabajadores no son responsables de la crisis de la empresa y que el gremio impulsa la figura de la “quiebra con continuidad productiva” para mantener la actividad sin la actual conducción. Esa posibilidad está prevista en la ley concursal y permitiría sostener la explotación bajo control judicial mientras se buscan nuevos operadores.

En tanto, el abogado de ATILRA, Alberto Coronel, explicó que la figura de la continuidad de la explotación procura preservar las fuentes de trabajo y evitar el desmantelamiento de las plantas. Según el letrado, cuando se decreta una quiebra, el juez puede autorizar la continuidad de la producción bajo administración provisoria para impedir la liquidación por partes.

Coronel también cuestionó la viabilidad del plan de crisis, al señalar que la cooperativa opera mayormente bajo el formato de fasón, es decir, procesando materia prima de terceros, y aun así mantiene fuertes atrasos salariales. De acuerdo con los datos gremiales, SanCor adeuda el 70% de los haberes de mayo y la totalidad de los correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre y el medio aguinaldo.

Además, el estudio jurídico Regali y Asociados, que representa a acreedores de la firma, se mostró en línea con la postura sindical y también pidió que se analice una eventual intervención judicial de la administración.

La postura de SanCor y lo que viene

Del lado empresario, los apoderados de SanCor defendieron la propuesta como un plan de reestructuración integral destinado a ordenar la cooperativa, reducir costos y garantizar la continuidad productiva. Argumentaron que el proceso iniciado en 2017, que incluyó la venta de plantas, marcas y retiros voluntarios, permitió mantener en funcionamiento las principales unidades y que el nuevo esquema busca completar ese camino.

En la audiencia se detallaron las capacidades productivas actuales de las plantas, incluidas las de Balnearia, La Carlota y San Guillermo. La empresa afirmó que procura normalizar los pagos salariales a medida que recupere actividad y firmó contratos de procesamiento con terceros.

El juez Valés deberá ahora evaluar los planteos enfrentados: la continuidad bajo el actual plan de crisis o la quiebra con continuidad productiva propuesta por el sindicato. La resolución definirá el rumbo inmediato de una cooperativa que fue emblema del sector lácteo argentino y que hoy enfrenta uno de los momentos más decisivos de su historia.

Ámbito Financiero – Yanina Otero