En total, el Gobierno consiguió que se anotaran Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$7.012.598.143. Hubo siete exportadoras que se quedaron con 17 millones de toneladas, y que concentraron el 86% de los registros totales del negocio.
Agost Carreño entiende que debe investigarse si existió un acuerdo previo y confidencial con las empresas, por lo que los funcionarios denunciados “habrían actuado con conocimiento y voluntad” de favorecerlas.
El diputado es presidente del PRO Córdoba, el que fue intervenido por Mauricio Macri, que perdió en la Justicia Electoral en dos instancias, por lo que el legislador reasumió el cargo. Para las elecciones de octubre presentó su propia lista. En el Congreso trabaja con Encuentro Federal.
LA NACION consultó a Economía respecto de la presentación de la denuncia, pero, hasta el momento, no hay comentarios.
Antes del legislador, ya se había presentado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presunta administración fraudulenta que alcanza a Javier Milei; al jefe de gabinete, Guillermo Francos; a Luis Caputo y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta y señala como “partícipes necesarios” a cinco exportadoras principales: Bunge Argentina, LDC Argentina, Cofco Internacional Argentina, Viterra Argentina y Cargill SACI.
En tanto, Jonatan Baldiviezo, creador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizó otra ante la Justicia Federal de CABA junto con Claudio Lozano, candidato a diputado y presidente de Unidad Popular; María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya. Menciona a los mismos funcionarios y empresas y entiende que habrían existido negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y defraudación en perjuicio de la administración pública.
La Nación – Gabriela Origlia