De acuerdo con los diputados nacionales, “la emergencia no puede ser una herramienta política al servicio de la recaudación. Cuando los productores enfrentan sequías o inundaciones necesitan alivio inmediato, no esperar meses a que el Gobierno decida si firma una resolución. Con esta reforma buscamos garantizar que el apoyo llegue en tiempo y forma”.
La emergencia permite a los productores acceder a prórrogas de impuestos y beneficios en materia crediticia. La semana pasada el gobierno nacional procedió a declarar en emergencia y/o desastre agropecuario en 12 distritos bonaerenses. Estos fueron Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
Los diputados también pusieron la lupa en su iniciativa en la desactualización de la ayuda, congelada desde 2009 en $500 millones. Para ello proponen llevar el monto mínimo a $130.000 millones, según lo dispuesto en la reforma del 1 del artículo 17 de la Ley Nº 26.509, quedará redactado de la siguiente forma: “Los que se asignen anualmente por ley de presupuesto general para la administración pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto anual equivalente a pesos ciento treinta mil millones de pesos ($ 130.000.000.000). Los recursos del fondo para ejercicios futuros ajustarán anualmente a la tasa de crecimiento calculada entre el valor inicial del precio del gasoil común comercializado por YPF al momento de la sanción de la presente ley y el precio futuro del mencionado gasoil”.
El proyecto de la Coalición Cívica también incorpora nuevos beneficios fiscales aplicables a los afectados por la emergencia. Precisaron que se trata de la reducción hasta el 0% de la alícuota del impuesto al cheque, la suspensión del pago de anticipos impositivos y la disminución hasta el 0% de las alícuotas de derechos de exportación.
La Nación – Mariana Reinke


