“Para poder comprar las nuevas variedades de soja y trigo es obligatorio firmar una documentación que obliga a compartir información fiscal propia con un privado, lo que es una anomalía que no está presente en ningún otro rubro económico”, indicó Del Solar.

Otra de las cláusulas indica que el productor debe autorizar inspecciones y acceso irrevocable a los establecimientos sin aviso previo de inspectores designados por las semilleras.

“La atribución de control debería ser potestad de un organismo oficial y no de una empresa privada; de la manera que está planteado, es una fuente de conflicto entre las semilleras y los productores”, argumentó.

La “Licencia de Derechos de Obtentor y Compromiso Irrevocable de Reconocimiento de Aporte Genético” –tal es el nombre técnico del contrato– establece, para la siembra de cultivares de propia multiplicación, cargos adicionales en caso de superar un determinado rendimiento, lo que en los hechos configura como una suerte de “retención” privada. También establece multas desproporcionadas y una cláusula de renovación perpetua.

“Creo que el sistema, como está confeccionado, amedrenta a muchísimos productores a firmar, porque, si bien algunos al principio firmaron sin leer bien las cláusulas, luego se dieron cuenta qué habían hecho”, remarcó.

Del Solar estima que la solución es contar con una Ley de Semillas actualizada, dado que la norma vigente en la materia fue redactada en la década del 70 del siglo pasad.

“La solución es una ley que incluya a todas las autógamas y que reconozca la propiedad intelectual del desarrollador; muchos optamos por no adquirir nuevas variedades al no querer firmar las cláusulas contenidas en Sembrá Evolución”, resumió.

Bichos de Campo