La resolución 4310/2018 de la ex AFIP determina que las empresas agrícolas están obligadas a informar su situación productiva, trasladado el costo fiscal de esos requerimientos administrativos al contribuyente.

El régimen de retención sobre el IVA en la actividad agropecuaria también fue duramente criticado por el especialista. Originalmente diseñado en los años 90, cuando no existían controles digitales, hoy pierde sentido en un ecosistema en donde la trazabilidad y verificación de operaciones son posibles en tiempo real.

“¿Por qué seguir reteniendo un impuesto de declaración mensual bajo el pretexto de ‘garantizar el cumplimiento’, si el mismo puede verificarse instantáneamente? ¿Qué sentido tiene quitarles recursos a las empresas para después devolvérselos, esperando que no haya ninguna demora para que los productores puedan contar con su propio dinero? Es una locura”, remarcó.

Desde un enfoque productivo, el Estado exige información de superficies sembradas, tipos de cultivo, titularidad de la tierra y ubicación georreferenciada, entre otros ítems. Económicamente eso se traduce en un costo operativo que recae enteramente sobre el productor, mientras que financieramente las demoras sistémicas dificultan el cumplimiento de obligaciones básicas, como pagos a proveedores o de salarios.

Echegaray Ferrer explicó que un aspecto especialmente crítico es la falta de previsibilidad. Antes, con formularios en papel, el productor podía organizarse para trasladar su producción con cierta certeza. Hoy cualquier error en el sistema informático puede bloquear un camión que ya está cargado y esperando en el campo. “Esta imprevisibilidad no solo genera pérdidas económicas, sino también una enorme frustración y sensación de indefensión”, se quejó.

“El agro es el único sector al que le aplican un control que impide disponer de la propia producción. Nadie esta diciendo que no controlen, sino que permitan comerciar. Esas ineficiencias terminan dinamitando nuestro trabajo y entorpeciendo la labor del sector que explica la mayor parte del ingreso de divisas genuinas del país”, apuntó.

El tributarista cerró con una propuesta concreta: mantener el sistema, pero darle transparencia para el productor o bien su asesor contable pueda actuar con previsibilidad. “Que se sepa cuánta mercadería está autorizada a trasladar, dónde se encuentra, cómo fue registrada, y que el sistema permita corregir errores a tiempo. En definitiva, lo que se plantea no es un rechazo al control, sino a la arbitrariedad y a la opacidad del sistema”, graficó

A modo de conclusión, Echegaray Ferrer recordó que todos los reclamos planteados ya están contemplados en el decreto 353/2024 del actual gobierno nacional, que establece como meta la simplificación del sistema tributario argentino.

“El problema no es de diagnóstico ni de voluntad política, sino de ejecución. Mientras tanto, el agro sigue enfrentando una maraña burocrática que limita su crecimiento y pone en jaque su sostenibilidad”, resumió.

Valor Soja