Lo cierto es que, a pesar de que lo esperaban hace varias semanas, el famoso decreto desregulación, publicado este martes en el Boletín Oficial, no deja de tomar a los trabajadores por sorpresa. “Creíamos que no nos iba a tocar, pero nos tocó”, fue el contundente mensaje que dio Héctor Ferrario, miembro del área de articulación institucional de la Dirección Nacional Asistente de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica del INTA.

Eso también explica por qué en la asamblea de este martes, más que líneas concretas de acción, primó un sentimiento de camaradería y la propuesta de mantenerse unidos. En diálogo con Bichos de Campo, algunos referentes confirmaron que el próximo paso será iniciar acciones judiciales contra la medida de Sturzenegger, de las que aún están trabajando en sus detalles.

También cuentan con otra vía, que es la del Congreso. Como todo decreto, si esta medida es rechazada por diputados y senadores, pierde vigencia. En ese sentido, Silvia Ceva, delegada de ATE en INTA, pidió a los trabajadores salir a hablar con los legisladores e insistir sobre esa consigna.

“Nos parece un poco lejano, pero podemos marcar presencia, visibilizar lo que pasa y hablar como orgullosos estatales”, señaló.

A punto de cumplir 70 años, el organismo se enfrenta a un proceso de cambio que, al menos hasta que se judicialice -tal como se espera- la norma impulsada por Sturzenegger, ya se puso en marcha. En realidad, ya fue iniciado algunos meses atrás, cuando se intervino la Dirección Nacional formada por empleados de carrera elegidos por concurso, y se dispuso la creación de una gran secretaría administrativa, que absorbió 7 de las 10 direcciones nacionales, y se comenzó a paralizar proyectos, desfinanciar investigaciones y a forzar la salida de varios trabajadores.

“Nos tenemos que defender, basta de agachar la cabeza”, expresó Ceva, en línea con el pedido de unidad que también repitió Ferrario, en defensa de los 1500 trabajadores que podrían ser desplazados próximamente.

En la asamblea, tomó la palabra también otra trabajadora: “¿Dónde va a ir nuestro trabajo? ¿Cuál va a ser nuestro laburo? Esto no va a existir. No es solo nuestro puesto de trabajo, sino que todo lo que hicimos hasta ahora muere”, dijo, visiblemente emocionada.

Además, también se insistió sobre la pérdida de autarquía política y económica que afrontará el organismo de investigación y desarrollo tecnológico. Y es que, de ahora en más, el INTA será un organismo desconcentrado a cargo de un sólo funcionario con rango de secretario de estado, que responderá directamente a Sergio Iraeta -y hacia arriba, a toda la pirámide de poder-.

De golpe y plumazo se borra al Consejo Directivo, que estaba integrado por el sector público y privado, y se lo reduce a Consejo Técnico. Ahí es donde perderán sus dos bancas las universidades y los productores pasarán a tener cuatro en vez de cinco. En algún sentido, los privados van a “ver pasar la pelota”, porque ya no tendrán poder de veto ni de gestión, ni mayoría en comparación con los miembros gubernamentales.

Sobre eso se expresó Daniel Romero, secretario general de APINTA, que recordó que hace meses el Consejo Directivo vota en línea con lo propuesto por el Gobierno Nacional, con la única oposición de la Facultad de Veterinaria y la Federación Agraria.

Asimismo, aseguró que, por su apoyo al desarme del INTA, los dirigentes rurales hoy atraviesan una “crisis de representatividad”, y son apuntados por los organismos del interior. “El silencio de las asociaciones del campo es sorprendente. Los 4 tipos de la Mesa de Enlace que están sentados en el Consejo Directivo hoy no pueden levantar la mano ahí sin dar explicaciones a sus bases”, expresó Romero.

En esa línea, también apuntó a los demás representantes que han guardado silencio ante el plan de ajuste. “¿Qué pasa con algunos directores regionales que están mudos? No les comieron la lengua ellos ratones, están especulando y son unos miserables”, lanzó el dirigente.

Esa pérdida de autarquía política se suma a la que ya se le quitaba de facto, que era la económica. Hasta el momento, el organismo siempre dependió de las erogaciones presupuestarias que bajaban desde el Palacio de Hacienda, que quitaba los fondos al INTA y se los administraba a su parecer.

Ante la mirada atenta, y un tanto preocupada, de los trabajadores congregados en el edificio de San Telmo, los referentes enfatizaron en que hay que hacer frente a los planes del Gobierno. “Se puede ganar. Hay que prepararse porque ellos son jodidos”, afirmó Flavio Vergara, uno de los trabajadores del organismo.

En la previa del 9 de julio, también se deslizaron consignas patrias: “Estos tipos son la dependencia, y por eso golpean el almanaque. Vienen a cambiar la lógica del país, pero nosotros vamos a defender la independencia”, agregó Vergara, que lamenta lo profundo que ha calado el discurso de la motosierra y los “ñoquis”, que agita el Gobierno desde hace meses, tanto dentro como fuera del organismo.

“Minaron la conciencia de clase de nuestros compañeros trabajadores. Hay que estar convencidos de que servimos a la comunidad y que lo que hace el INTA es esencial”, destacó, sobre el cierre de la asamblea.

Lo curioso es que ese plan de ajuste fue pergeñado a pocas cuadras de allí, donde el único contacto con la naturaleza lo aporta la Reserva Ecológica de Puerto Madero y hay una visible desconexión con la realidad del interior productivo. Es ahí, en las economías regionales y en los pueblos alejados de Capital Federal, donde por décadas se investigó, construyó conocimiento y se forjó arraigo, con los trabajadores del INTA como protagonistas.

En los trabajadores del INASE germinó la semilla de la lucha

En el microcentro porteño hoy se escucharon las primeras réplicas de los trabajadores al último decreto desregulador que alcanza a los organismos científicos, técnicos y administrativos del agro. Y literalmente se escucharon, porque tanto en la sede del INTA de ubicada en Chile 460 como en las oficinas del INASE, a 3 cuadras de distancia, se organizaron asambleas y “ruidazos” para visibilizar la situación.

Es que, con el decreto ya publicado en el Boletín Oficial, este organismo dejará de existir y, igual que la Comisión Nacional de Semillas, pasará a ser una dirección dentro de la secretaría de Agricultura, que dirige Sergio Iraeta.

Cuando el reloj marcó las 12 del mediodía, decenas de trabajadores del Instituto Nacional de Semillas salieron de la oficina a esperar la columna de los gremios de trabajadores estatales (ATE) y del INTA (Apinta). La llegada conjunta no fue fortuita, e ilustra una idea sobre la que insistieron todos los que se expresaron en la jornada: La unidad de los trabajadores que hoy son alcanzados por el plan de ajuste y el comienzo de un plan de lucha que, prevén, tendrá instancias en la justicia y la calle.

Bajo la consigna “El INASE no se toca”, delegados, referentes y trabajadores tomaron la palabra en un mediodía caótico para el tránsito porteño, pero esperanzador para quienes ayer escucharon al vocero Manuel Adorni hablar sobre la disolución del organismo.

El primero en tomar la palabra fue Darío Littieri, delegado de ATE, quien recordó que no hay sustento económico detrás de la disolución del INASE, pues no sólo es un ente recaudador -que en 2024 ha acumulado 10.000 millones de pesos por cobro de multas e inscripciones-, sino que también es eficiente en su tarea de velar por la aplicación de la Ley de Semillas y la investigación fitogenética.

“No tiene superpoblación de empleados, no da déficit, no tiene ñoquis y labura bien”, dijo Littieri, que asegura que tanto el organismo como sus trabajadores están “sufriendo desde que asumió el Gobierno”, por la pérdida de poder adquisitivo y el desguace de sus funciones.

“Somos un INASE eficiente y eficaz, que solo defiende al productor, al semillero y al país”, agregó Gloria Gómez, otra delegada del gremio estatal.

Un hecho curioso es lo que sucedía en paralelo, en las inmediaciones de Av. Belgrano 450. Con bocinazos, vítores y algún que otro grito, varios conductores y transeúntes expresaron su apoyo a los trabajadores reunidos. No hubo quejas por la reducción de los carriles de circulación, ni por los bombos, ni por los cánticos; sino todo lo contrario. La presencia policial fue casi nula y la hora que duró la manifestación transcurrió en paz.

Sólo algunos de los 236 trabajadores que tiene el organismo, y cuyos sueldos se usaron como excusa para avanzar con un plan de ajuste, estuvieron presentes en el encuentro. La razón está en el adn mismo del Inase, que es ser una autoridad federal, con presencia en el interior productivo y en contacto con toda la cadena semillera.

Pero entre los que estaban, la mirada era de tristeza y preocupación, que cambiaba por momentos cuando se entonaba alguna canción, o un referente daba mensaje de aliento.

Entre los que tomaron la palabra también estuvo un histórico trabajador del INASE, Alberto Ballesteros. El rol del ingeniero agrónomo es el del análisis de variedades, y ha formado parte del organismo por casi 30 años, por lo que no es la primera vez que ve cómo se lo desarma por una decisión política.

En referencia a esa disolución que ya había sido dispuesta en 2001, para luego revertirse mediante una ley nacional 3 años más tarde, Ballesteros fue contundente: “No tienen vergüenza, no saben lo que están haciendo y se van a arrepentir”, dijo.

Además, con la mirada fija en sus colegas, llamó a no bajar los brazos y dar respuesta. “Nos tratan como basuras”, agregó el técnico.

Si algo tiene en claro la dirigencia sindical -que aún no ha adelantado líneas de acción concretas- es que la lucha desde los organismos públicos para resistir el proceso de desarme y desregulación será larga. Y, confían, efectiva.

El secretario general de ATE Agricultura, Sebastián Rivera, fue contundente al respecto: “Esto es solo el comienzo de un plan de acción para poder doblegarlos”, expresó, y agradeció la presencia del gremio que nuclea a los trabajadores del INTA como muestra de unidad y trabajo conjunto.

“Estamos en el mismo barco”, destacó, minutos antes de fundirse en un abrazo con sus pares del sindicato.

De parte del INTA, que minutos antes había organizado su propia asamblea y ruidazo en respuesta al plan de ajuste que le quita autarquía y promete avanzar con despidos, tomó la palabra Mario Romero, secretario general de Apinta. En una escueta intervención, hizo referencia al decreto impulsado por Sturzenegger y aseguró que “el 8 de julio, se declara el día de la antipatria y la entrega de la soberanía”.

Lo secundó Flavio Vergara, secretario de convenios colectivos de ATE, quien deslizó la posibilidad de que se organice una movilización hacia las oficinas del ministro de desregulación para este jueves. “Nos declararon la guerra, nosotros vamos a guerrear y los vamos a sacar a patadas”, expresó el referente.

Bichos de Campo – Lucas Torsiglieri