Unión Europea: exigencias y jugadas geopolíticas de alto riesgo
El creciente “enverdecimiento” europeo no solo oscurecerá la producción de granos del Viejo Continente sino también a la de sus propios competidores. Bajo la óptica del “ojo por ojo, diente por diente”, las cláusulas espejo intentarán garantizar que los productos importados se produzcan exactamente bajo las mismas normas medioambientales que las impuestas a los productos nacionales dentro de la Unión Europea (UE), si bien su alcance de aplicación está por verse.
En vísperas de una probable ratificación del acuerdo UE-Mercosur, se deberá poner más bien hincapié en cómo enfrentar las exigencias medioambientales impuestas por Bruselas que en evitarlas ya que las mismas serán trasladas tarde o temprano al resto de los mercados. ¡Qué lejos se está del espíritu fundador de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que dio lugar en el transcurso de una década a la Política Agrícola Común (PAC)! En ese entonces, el canciller francés Robert Schuman estaba convencido de que la única forma de neutralizar la competencia entre naciones europeas en el ámbito de los recursos naturales que hubiese desencadenado una escalada bélica pasaba por una integración regional que “haga la guerra no sólo impensable, sino materialmente imposible”, según expresaba el ideólogo de la CECA.
Hoy no solo la búsqueda de recursos naturales es materialmente posible -de allí el renacimiento del interés de la UE hacia el Mercosur, sino que, además, se piensa hoy a la guerra como se respira.
La desintegración regional europea, es decir lo inverso a lo que aspiraba la CECA, se puso de manifiesto en la última reforma de la PAC, que fue ampliamente influenciada por los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo (PE) de mayo de 2019. Meses después comenzó el Pacto verde europeo, que, según cinco estudios de impacto publicados entre noviembre de 2020 y enero de 2022, reduciría entre 15% y 50% la producción europea de granos.
Justo al año de que la Comisión europea (CE) presentaba su propuesta legislativa para la reforma de la PAC posterior a 2020, los comicios europeos les conferían a los verdes 23 eurodiputados suplementarios respecto a la legislación precedente, y el doble de eurodiputados a la extrema derecha agrupada bajo el nombre Identidad y Democracia.
Habiendo perdido por primera vez tanto los conservadores como los socialdemócratas su mayoría, los verdes han sabido monetizar la necesidad del PE de contrarrestar las iniciativas populistas de Identidad y Democracia, a través del refuerzo de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAE) impuestas a los productores europeos para obtener los subsidios agrícolas, así como del Pacto Verde que contiene cinco capítulos destinados a la agricultura de un total de 10.
Con un PE más desintegrado que nunca, la nueva PAC hace eco de dicha desintegración devolviéndoles a los Estados miembros y a las regiones las riendas de la distribución de las ayudas agrícolas.
Con esta suerte de re nacionalización, suma do al hecho que la totalidad de las ayudas agrícolas están condicionadas al respeto de normas medioambientales (desaparición del “pago verde”), la PAC es cada vez menos Agrícola, y menos Común, expuesta a la merced de planes estratégicos nacionales (PEN) con un nivel variado de exigencias medioambientales presente entre diferentes Estados miembros.
Desafíos
Cabe preguntarse cómo estos PEN conciliarán en la práctica el aumento de la competitividad y la garantía de ingresos justos para los agricultores con el uso de agroquímicos reducidos a la mitad, con un 20% menos de fertilizantes, con 4% de la superficie de tierras arables destinado a plantaciones no productivas o a barbecho, etc. (la lista es larga).
¿Jackpot para nuestros productores y para los del resto del Mercosur? La toma de ganancias estará condicionada por las normas medioambientales exigidas por Europa.
En el marco del pacto verde, el PE aprobó el 18 de abril pasado el impuesto fronterizo de carbono que obligará a las empresas a pagar compensaciones de CO2 también por su producción fuera de la UE, eliminando de este modo la tentación de que las empresas europeas se trasladen a regiones con reglas ambientales laxas, protegiéndolas a su vez de las importaciones consideradas “contaminantes”.
“Estoy segura de que este mecanismo demostrará rápidamente su eficacia y de que podremos ampliarlo progresivamente a otros sectores”, declaró una vez aprobado el texto Agnès Evren, miembro del partido Popular Europeo (PPE), citando como ejemplo el sector agrícola.
Distanciada de la guerra de tan solo unos 2100 km, Bruselas está enfrentada a una doble polarización económica y militar. La primera tiene que ver con el enfrentamiento de China y Estados Unidos por el liderazgo de la IA, y la segunda con la confrontación entre el eje Rusiachina y Estados Unidos.
En este sentido, el Mercosur representa para la UE una zona de paz capaz de proveer de alimentos, energía y minerales -elementos que han sido trastocados por la guerray se consideran actualmente fundamentales para llevar a cabo la transición energética y digital.
Para el Mercosur, y en especial para su agroindustria, la UE representa un mercado de valor compuesto de 447 millones de habitantes.
Según un estudio de la London School of Economics, el sector agrícola es el que representaría el resultado más tangible para el Mercosur con un aumento del 23% de sus exportaciones. En contrapartida, en el caso de los bienes industriales, las exportaciones de la UE al Mercosur aumentarían un 74%, mientras que en el caso contrario el aumento sería solo del 8%.
Ante estos números, resulta claro entender las protecciones históricas que cada bloque reservó a cada uno de sus sectores.
Así, los bienes agrícolas procedentes del Mercosur deberán cumplir estrictas normas fitosanitarias y medioambientales a fin de acceder al mercado único europeo. Los estándares fijados por este último terminarán siendo tarde o temprano la norma para el resto de los mercados como ya lo hemos experimentado en el pasado con respecto a la utilización de ciertos principios activos.
El autor es consultor externo de cadenas agroindustriales
Campo – La Nación