Viernes, 05 Febrero 2021 02:27

Biocombustibles: Córdoba, en medio de una batalla decisiva

Todavía no alcanza a ser una batalla pero ya se le parece mucho, y cada día que pasa los tiempos se acortan porque existe una fecha límite. Aunque desde la industria petrolera se jura que desde ahí no movieron “un dedo en contra”, en las provincias “bioenergéticas” se velan armas por la posibilidad de que la prórroga a la ley de biocombustibles quede trabada en la Cámara de Diputados de la Nación. “Hay intereses que juegan fortísimo con esto, tanto en el mundo de los negocios como en el de la política”, remarca a La Voz un empresario trajinador del mundo de la bioenergía. “Los muchachos están sensibles, el negocio no les cierra, se frenó la exportación y quieren transferirnos el costo”, devuelven desde el arco de las hidrocarburíferas.

Lo único cierto y concreto es que el primer día de mayo de este año perderá vigencia la ley 26.093 que en 2006 otorgó beneficios fiscales por 15 años a los productores de combustibles realizados en base a soja, maíz y caña, y todo es por ahora incertidumbre.

Más que el factor tributario (de aristas variadas), lo que más inquieta a los fabricantes es que de caerse la ley automáticamente las petroleras –en particular la estatal YPF que tiene el 60% del mercado– quedarían desobligadas a comprarles para realizar un corte que actualmente se sitúa en el 12% en etanol y 10% en biodiésel.

Las 54 plantas industriales ubicadas en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta, entrarían en un terreno muy crítico ya que se les cerraría el mercado interno y la exportación está muy condicionada por barreras y la pandemia.

En Córdoba existen seis plantas “etanoleras”. Tres de ellas de gran volumen (Aca Bio, en Villa María; Promaiz, en Alejandro Roca y Bio4, en Río Cuarto) y tres “minidest” ubicadas en campos de Berrotarán, Los Mistoles y Rayo Cortado, ligadas al grupo Porta.

Al rojo vivo

Sergio Busso, el ministro de Agricultura de Córdoba, señaló a este medio que comenzó febrero y hasta ahora no se ha dado cumplimiento al acuerdo de que el proyecto aprobado en el Senado sea tratado en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados.

“Estimo que va a prevalecer la racionalidad de, como mínimo, mantener esta ley”, indicó.

Busso sigue con atención y tensión el tema. Tiene el teléfono abierto por este tema con su par santafesino Daniel Costamagna.

“La aspiración de las provincias bioenergéticas era generar una ley que elevara el corte para confluir con los que aplican países como Brasil, Estados Unidos y Paraguay”, explicó Busso. En este último país el corte de etanol en las naftas es del 25%.

Con 50 millones de toneladas por año, Córdoba es la principal productora de maíz del país.

“Tenemos un gran recorrido por delante. Por cada dos o tres puntos de aumento en el corte se podría levantar una nueva planta como la de Bio4”, ejemplificó el ministro.

Allí, con 150 empleados directos, se procesan 220 mil toneladas de maíz por año y salen 90 millones de litros de etanol. Una “minidest” instalada en el campo puede llegar a producir seis millones de litros.

A través del diputado Carlos Gutiérrez, Córdoba coordina acciones junto con los santafesinos Enrique Estevez y Luis Contigiani, posición a la que también se suma el oficialismo tucumano.

Que la prórroga no se haya incluido en el temario de las extraordinarias “va a contramano de los intereses del país y de la decisión que ha tomado el mundo de descarbonizar la matriz energética”, reclamó Juan Luis Fernández, ministro de la Producción de Tucumán.

Desde el sector petrolero nadie ha dado la cara para cuestionar la prórroga, pero en las provincias petroleras sí hay voces políticas que lo dicen abiertamente.

Pero el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, pidió directamente la caída del régimen porque la situación de las petroleras tradicionales, empezando por YPF, es de crisis. No fue el único.

Alma Sapag, diputada por Neuquén, dijo que con la disminución del precio del petróleo el beneficio del menor costo del biocombustible carece de sentido.

Y el mendocino Omar Chafi Felix (Frente de Todos), titular de la Comisión de Energía, se atrevió a más y conjeturó que las provincias petroleras “subsidian” a la Pampa Húmeda.

El cordobés Gutiérrez estalló de risa frente a este último argumento. “¡Córdoba sola aportará este año casi ocho mil millones de dólares por retenciones agropecuarias!”, contrapuso. Todo el biocombustible en sus tres variantes les demandan a las petroleras unos 1.000 millones, de los cuales recuperan la mayor parte con las ventas.

“Estamos hablando de un tema estratégico, no de una ley coyuntural para promocionar un sector. Argentina se comprometió a reducir sus emisiones de efecto invernadero, ¿cómo lo va a hacer si no empieza por esto que es básico?”, se preguntó el diputado.

Un siglo de subsidios

Otro que saltó frente a los argumentos del costo fiscal es Manuel Ron, de Bio4.

“El etanol de maíz tiene ocho años de antigüedad, el sector petrolero lleva 100 años y en 2020 hizo un lobby infernal para que se aplicara el barril criollo y que no se paren las explotaciones. ¿O sea que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de acompañamiento?”, preguntó.

Ron remarca que en realidad el único gravamen que no tributan en esa industria es el impuesto a los combustibles líquidos y dióxido de carbono (ICL).

“Si es un combustible biorrenovable, básicamente no contaminante, ¿por qué lo va a pagar?”, dice.

También el senador jujeño Mario Fiad (UCR) reclamó por la prórroga a la ley. Él fue autor de un proyecto presentado el año pasado para extender el régimen por 15 años más y elevaba los porcentajes de corte.

Con promesas de que el proyecto iba a ser enriquecido con otros aportes, el parlamentario aceptó dilatar el tratamiento. “La prórroga es urgente y no puede esperar más. El país necesita sembrar energía. Pedimos al gobierno que respete los acuerdos arribados y que habilite el tratamiento de esta iniciativa”, reclamó Fiad.

Pasar los mayores costos

La industria petrolera mantiene un hermético silencio ante los medios en la pulseada. Solo Carlos Magariños, CEO de la Cámara Argentina de la Energía que aglutina a los presidentes de las compañías, se animó a plantear su visión. Lo hizo semanas atrás en un artículo periodístico.

“Después de aprovechar los beneficios impositivos y comerciales otorgados por la ley durante una década y media, la industria de biocombustibles ya debería estar en condiciones de competir sin mayores subsidios”, refirió.

Interlocutores del sector que pidieron reserva de fuente consideraron ante La Voz que la industria de los bio “pretende trasladarles sus problemas” a las petroleras.

“El escenario inicial 15 años atrás, fue cambiando. Subió el precio de los granos, tienen problemas para entrar en Europa y Estados Unidos, entonces se dan vuelta y te dicen: subime el corte”, explicó.

En esa evaluación, para las petroleras ya existe “un corte alto, abasteceme, te pago y listo”. “Ahora, ¿qué pasa si siguen subiendo los granos? ¿A cuánto tienen que vender?”, preguntó la fuente.

Y puso un ejemplo, el pasado 3 de enero las bioenergéticas que tenían sus precios congelados desde el gobierno anterior recibieron autorización para aplicar un aumento escalonado que va del 59 al 90,6%. Con el primero de esos incrementos al día siguiente YPF subió sus valores en el surtidor un tres por ciento.

“Una presión de costos se suma a la otra. Hoy el atraso en el valor de los combustibles líquidos no es menor al 16%”, explicó el informante.

Mientras tanto, los expendedores de combustibles salieron también a respaldar la prórroga. Es más, ante una consulta de Cecha, la confederación que los aglutina, dijo que el sector “está dispuesto” a poner un quinto surtidor en las estaciones si el corte se elevara al 27,5%. “Y que la gente elija por precio”, desafían.

Un conflicto entre las retenciones a la soja y el rey del bingo

En el conflicto por los biocombustibles, se entremezclan intereses económicos y condimentos políticos.

Existen dos perfiles bien marcados en la industria de los biocombustibles: las grandes compañías ligadas a la exportación de soja y las fábricas de nivel pyme, centradas más que nada en el etanol de maíz.

“Por años utilizaron el biodiésel para pagar menos derechos de exportación de granos. Todo ese sector, sobre todo el instalado en Santa Fe, aprovechó mucho la posibilidad. Si en lugar de exportar soja mandabas ‘bio’, el impuesto caía del 30 al cinco por ciento”, deslizó ante este medio la fuente con llegada a las petroleras.

Político

En lo político, el tratamiento en extraordinarias del Congreso de la ley había sido un compromiso asumido por el Gobierno nacional. Pero luego, en el temario remitido a Diputados, el proyecto girado desde el Senado no apareció.

En el Frente de Todos aseguran que Sergio Massa, presidente de esa cámara, habría centrado su atención de que un cuarto de la producción de biodiésel está en manos de Juan Carlos Bojanich, a la vez operador de las salas de bingo en Bahía Blanca.

La presencia de un hombre del juego –a la sazón, primer marido de la vedette Moria Casán– en el negocio deslizaría suspicacias en el massismo, que apunta al significativo cupo que le otorgó al grupo de Bojanich la Secretaría de Energía de la Nación.

Acusan a los productores de biocombustibles.

Costos. Las petroleras dicen que a los productores de biocombustibles el negocio “ya no les cierra” y pretenden trasladarles sus costos. “Estoy absolutamente seguro de que YPF y las petroleras privadas quieren que los biocombustibles compitan libremente en el mercado. Si tienen precio, les vamos a comprar; y si no, no. Es una falacia”, afirmó Carlos Gutiérrez, diputado por Córdoba.

La Voz del Interior - Walter Giannoni