Miércoles, 20 Enero 2021 02:27

Opinión: los biocombustibles, a un paso de su ratificación como política pública

Por Francisco Jáuregui.

En un país como la Argentina donde se habla tanto de la necesidad de contar con políticas públicas concebidas con una mirada de largo plazo, como una herramienta del Estado, imprescindible para definir prioridades y establecer la hoja de ruta de una Nación que busca forjarse un futuro de desarrollo social y económico, resulta un dato muy alentador la inminente aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 que debiera producirse en las próximas sesiones extraordinarias de la cámara de Diputados de la Nación.

Esta ley, cuya prórroga por cuatro años ya fuera aprobada recientemente por unanimidad en la Cámara de Senadores, tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida por el Estado argentino en el año 2006, que replica iniciativas similares vigentes en muchos de los países más desarrollados del mundo.

La promoción de un régimen para la producción y fomento de la industria pyme de biodiésel para la mezcla con los combustibles fósiles convencionales, además de perseguir un obvio e impostergable efecto medioambiental, cuenta con objetivos geopolíticos de alto impacto desarrollista: el fomento de las economías regionales, la descentralización de la región portuaria de la zona de Rosario, la generación de valor agregado en la cadena sojera y la industrialización de la ruralidad.

La implementación de este tipo de políticas ha demostrado una influencia muy positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la sustentabilidad, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas.

Una legislación de estas características promueve la siempre demandada "industrialización" de la producción agrícola. Su continuidad y la ratificación de su centralidad estratégica, son condiciones necesarias para garantizar el marco de previsibilidad adecuado para que las inversiones que ya se han radicado en esta industria y las que puedan sumarse en un futuro, cuenten con el soporte legislativo correspondiente y con una adecuada implementación de la ley, acorde con el espíritu y las normativas de la misma.

De nada sirve una ley virtuosa, si luego su aplicación es defectuosa o si directamente no se aplica, tal como ocurrió durante todo el año 2020, llevando a las Pymes del sector, al borde de la desaparición por la falta de actualización de los precios de referencia establecidos a partir del valor de la soja, el principal insumo que utiliza la industria.

Vale recordar y recordarles a aquellos que con fines mezquinos buscan confundir e instalar una narrativa alejada de la verdad respecto de las implicancias de esta ley, que la misma de ninguna manera implica un costo para el estado nacional.

El marco regulatorio para la producción de biocombustibles por parte de las industrias pymes nacionales, no se trata de una de las tantas actividades subsidiadas de nuestro país y que por lo tanto requieren un debate acerca de la oportunidad de que el Estado se involucre con su propio bolsillo, el de todos los argentinos finalmente, en esas actividades. En esta caso particular el Estado define las regulaciones de una actividad que se desarrolla enteramente entre privados.

La esperada aprobación en Diputados, de la prórroga de la ley llevaría tranquilidad a las más de 16.000 familias vinculadas con las 30 plantas productivas diseminadas por todo el interior de nuestro país, pero por sobre todas las cosas, ratificaría que la Argentina es capaz de establecer y sostener políticas públicas virtuosas, ratificaría también que nuestros legisladores y nuestros gobernantes comprenden la responsabilidad que implica promover una producción de energía diversificada, sustentable y de menor impacto medioambiental, rechazando las presiones de los lobbys que solo ponen su mirada en sus propios beneficios económicos.

El autor de la nota es director ejecutivo de la Cámara de Pymes productoras de Biodiésel (Cepreb), especializado en estructuración de proyectos de energías renovables

La Nación