Martes, 13 Octubre 2020 02:27

Vicentin: la causa local avanza y hay nuevas citaciones

El fiscal de delitos económicos de Rosario Miguel Moreno citó al presidente Alberto Fernández para que preste declaración testimonial en la causa por la que se investiga a la agroexportadora Vicentin por presunta estafa y defraudación. La investigación que se lleva a cabo en los tribunales locales, y que la semana pasada sumó a los acreedores extranjeros, avanza y gana volumen. En el expediente, también fueron convocados la titular de la Inspectora General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), representantes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y los economistas que elaboraron un informe sobre la caída de la empresa de Avellaneda para el Banco Nación.

Moreno inició la investigación a partir de una denuncia presentada a mediados de julio por el abogado penalista Gustavo Feldman en la Fiscalía Regional de Rosario. El letrado señaló a La Capital que “el testimonio del presidente será crucial entonces para terminar de desentrañar uno de los aspectos sustanciales de todo plan estafatorio de Vicentin, la creación de sellos para facilitar la toma de deuda y de cereal sin pagarlo, sin intención de pagarlo nunca”.

“Creemos fundadamente que la palabra presidencial corroborará lo que venimos sosteniendo desde hace meses en nuestra denuncia: lo de Vicentin no fue casual, no fue un descuido ni un infortunio”, señaló el abogado y enfatizó que la caída de la empresa obedece a “otra cosa”, y la fiscalía rosarina va en pos de averiguarlo”.

La citación a Fernández había sido pedida por el abogado cuando presentó su denuncia. El fundamento es la información periodística sobre un comentario que realizó el presidente Alberto Fernández sobre la reunión que mantuvo en diciembre del año pasado con Sergio Nardelli, el fallecido ex CEO de Vicentin. Según el mandatario, el ejecutivo le describió entonces que el entramado de sociedades vinculadas a la empresa tenía como fin seguir tomando deuda.

Otras citaciones

El fiscal también citó a la Inspectora General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), María Victoria Stratta, quien presentó en el juzgado que lleva adelante el concurso demoledores escritos sobre el entramado societario del grupo, la enajenación de bienes de sus directores y los desmanejos de la conducción, ante el juzgado que lleva adelante el concurso de acreedores.

El listado de convocados incluye a los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, que elaboraron a pedido del Banco Nación el informe sobre el vaciamiento del grupo, y a los funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que realizaron una inspección en las oficinas de la empresa durante el breve período en el que pudieron ingresar los inspectores.

En la causa que lleva adelante la Justicia rosarina, el juez Nicolás Foppiani, dictó una medida que prohíbe al grupo Vicentin modificar su masa societaria, es decir, desprenderse o transferir acciones. La cautelar es por todo el grupo económico.

En su denuncia, Feldman apuntó contra el directorio de la firma agroexportadora santafesina. Su presentación pedía que se determine si hubo un “esquema defraudatorio a gran escala” y un plan de vaciamiento. En ese expediente, ingresó un pedido de inhibición general de bienes de las empresas, directores y ejecutivos del grupo.

En la denuncia, recordó que la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe , por medio de distintos escritos, le manifestó al juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, que “se registraron como sociedades (creadas en 2014) tres entes denominados Vicentin Familia Grupo, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA e Industria Agroalimentaria Latam SA”.

Por otra parte, planteó que “Vicentin Family Group controla a las sociedades que hasta hace cinco años controlaba Vicentin Saic, que varios directores de la compañía han realizado movimientos tendientes a la extracción de bienes de sus patrimonios y consecuente insolvencia”. Y agrega que “se llevaron a cabo actos concretos que evidencia una sistemática conducta delictual”.

En el mes de junio, Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la intervención del grupo cerealero y anticipó que remitiría al Congreso nacional un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra. Un mes y medio después dio marcha atrás a la decisión y anuló el decreto.

La Capital (Rosario)

 

Advierten sobre el deterioro patrimonial de Vicentin

En su actual estado de situación, Vicentin necesitaría unos 60 años para cancelar su deuda de más de u$s 1.300 millones. Esa es la proyección que surge de un análisis económico que circula entre acreedores de la compañía. El informe advierte que este cuadro se agrava día a día y estima que sólo la construcción de una voluntad mayoritaria de los votos de los acreedores puede evitar la quiebra y garantizar la continuidad a la firma. Ese objetivo, señala, podría alcanzarse por vía de un liderazgo colegiado que “no puede excluir al Estado nacional”.

El trabajo revisa el balance de 2019 que presentó tardíamente la empresa. Y observa que el patrimonio neto declarado, negativo en $ 17.502 millones, se eleva a $ 37.248 millones si se recalcula ajustando dos partidas del activo “cuya posibilidad de cobro o valuación permite ser puesta en duda”. Se trata de los rubros “activo neto por impuesto diferido” y “revalúo técnico de bienes de uso no computable Afip”. Algo parecido ocurre con el estado de activos y pasivos presentado por la empresa cuando se abrió el concurso: se mostró un patrimonio neto positivo de $ 2.483 millones que, “recalculado”, se convertiría en $ 30.710 millones para atrás. Estos saldos negativos se agravan por el efecto de la devaluación del peso sobre los pasivos en dólares, euros o granos.

Es que, al ajustar con esta variable los créditos presentados por los acreedores, el pasivo concursal pasa de los $ 99.487 millones estimados por la empresa al 9 de febrero pasado, a $ 114.656 millones. Un aumento del 14%. Si se actualiza al mes en curso, el crecimiento de la deuda sería superior al 40%. “Si bien falta la aceptación o rechazo total o parcial de las pretensiones, el aumento del pasivo no hace sino profundizar el tamaño de la pérdida de capital”, señala el informe.

El trabajo estima que la concursada sólo tiene disponible entre $ 180 millones y $ 250 millones mensuales para atender el pasivo concursal calculado en $ 144.129 millones. La proyección es que se requerirán unos 60 años para cancelarlo, “sin incluir actualizaciones ni intereses”.

En ese sentido, el análisis concluye que es imprescindible restaurar el patrimonio a los niveles previos al cierre del balance de octubre de 2019 para “evitar la quiebra, la liquidación o enajenación parcial y toda otra forma de vaciamiento”. Ese objetivo requiere construir una mayoría de acreedores que, en un universo heterogéneo, sólo se puede articular con un liderazgo colegiado que, “debe incluir al Estado nacional, sus agencias acreedoras, sus niveles subnacionales, cooperativas, productores y, en la medida de lo posible, contar con el aval de los acreedores financieros no residentes en el país”.

El informe advierte que el patrimonio neto de Vicentin Saic “viene decreciendo desde que se presentó a concurso” y que la firma “no puede producir el excedente necesario para afrontar su pasivo de u$s 1.300 millones”.

Estima que con el paso del tiempo “se seguirán depreciando sus activos” y que “la firma así sólo podrá funcionar por un año más”.

También señala que si avanza la apuesta de la actual conducción empresaria de vender los activos devaluados a algún grupo transnacional, le quedará al Estado “el rol de hacerse cargo de las consecuencias sociales que dejará la caída de Vicentin”.

Para que ello no suceda, sugiere que YPF Agro, el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Bapro y el Bice “actúen coordinadamente bajo un misma estrategia” con el objetivo de crear una empresa de agroexportaciones público-privada con mayoría estatal.

La Capital (Rosario)