Viernes, 31 Julio 2020 02:46

El directorio de la empresa Vicentin hizo caer el plan de salvataje vía fideicomiso

No hubo fumata blanca en Reconquista: la segunda audiencia de conciliación entre funcionarios de la Casa Gris y el actual directorio de Vicentin concluyó ayer sin acuerdo y ahora la Justicia Civil y Comercial de esa ciudad del departamento General Obligado deberá resolver si el gigante agroexportador en default es intervenido o no, como solicitó en su momento la provincia, que cerró la instancia de diálogo. Es que la gerencia se negó a dar un paso al costado y a transferir acciones, condiciones inamovibles para el plan de salvataje de la cerealera a través de un fideicomiso mixto impulsado por los Estados nacional y santafesino.

Tras la reunión de mediación, que arrancó sobre las 15.40 y finalizó pasadas las 18, los representantes de Vicentin se retiraron del Juzgado Civil y Comercial N° 2, a cargo de Fabián Lorenzini, sin realizar declaraciones. Sólo hubo una breve exposición de Alberto Macua, vicepresidente del directorio, quien afirmó que el diálogo con la provincia seguía abierto. Y puso énfasis en desestimar un avance de la Justicia federal porteña sobre la sede central de Vicentin, ubicada en la vecina ciudad de Avellaneda (ver aparte). "No hubo allanamiento en las oficinas", dijo a la radio Reconquista Hoy.

Sin embargo, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, apuntó a la intransigencia del directorio de la empresa y dio por terminada la negociación. "Vicentin se negó a acceder a las dos condiciones que pretendíamos la provincia y la Nación: ceder los cargos de sus integrantes y que las acciones queden en fideicomiso de los nuevos administradores", aseguró a La Capital.

Al respecto, el funcionario agregó: "Decidimos dejar la negociación y poner un punto límite de tolerancia. El juez, como conductor del concurso preventivo de acreedores, en cualquier otro momento podría convocarnos. Pero esta instancia de diálogo es un capítulo cerrado".

El directorio que llevó a Vicentin al default y las autoridades provinciales volvieron a confluir en Reconquista, en el marco de la puja judicial por la conducción de la agroexportadora. Luego de la primera cita, concretada dos semanas atrás, el consenso en torno al rescate de la cerealera a través de un fondo fiduciario fue diluyéndose como consecuencia de los condicionamientos de la gerencia, que en particular reclamó un cese del avance de la Justicia respecto de las irregularidades administrativas actualmente bajo la lupa (incluso en Estados Unidos).

A ese planteo, la cúpula de la firma sumó su pretensión de que las acciones quedaran en garantía, como también continuar un tiempo más al mando de Vicentin para, posteriormente, constituir un nuevo directorio en asamblea de asociados.

Del encuentro participaron la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, y Somaglia, mientras que por Vicentin lo hicieron Daniel Buyatti (titular del directorio), Macua, abogados de Reconquista y la Capital Federal que representan al grupo y los síndicos del concurso preventivo.

"Para poder abocarnos a una tarea de diálogo y salida con los acreedores es imprescindible recibir la administración de la empresa y contar con las acciones, que seguirán siendo propiedad de socios de Vicentin. Pero los derechos serán ejercidos por el Estado, en el marco del fideicomiso. Por ejemplo: elegir directorio, definir balances y celebrar los contratos", detalló Somaglia acerca del plan oficial.

El funcionario también habló sobre los probables pasos a seguir por Lorenzini. "No ponemos plazos firmes, porque dependen de las pruebas que restan. Pero estimamos unos 15 ó 20 días, tras lo cual el magistrado podrá resolver" el planteo de intervención de la agroexportadora.

Cronología

En ese sentido, el pedido de intervención fue presentado por la gestión de Omar Perotti en junio pasado como una opción a la expropiación fogoneada previamente por la Casa Rosada. Ahora, el juez tiene la palabra.

Los principales acreedores de Vicentin son el Banco Nación (BNA, unos 300 millones de dólares), varias entidades crediticias internacionales (cerca de U$S 500 millones) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, U$S 90 millones).

El fideicomiso mixto aspiraba a dotar de fondos y confianza a una empresa jaqueada por un concurso preventivo por unos 100 mil millones de pesos.

La propuesta contemplaba para accionistas y acreedores la chance de sumarse, ya que la instancia permite transferir tanto capital como derechos.

La Capital (Rosario) – Javier Felcaro

 

Pedido de allanamiento a la sede central

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga el millonario préstamo que recibió la agroexportadora Vicentin durante la gestión de Mauricio Macri, le pidió a la Justicia federal de Rosario que lleve adelante un operativo en la sede central de la empresa, ubicada en la ciudad de Avellaneda (General Obligado), para buscar documentos, con autorización para allanarla si fuera necesario.

El objetivo de la Justicia es acceder a balances, libros societarios y documentación ligada al préstamo otorgado a través del Banco Nación (BNA), a través de una "orden de presentación con allanamiento en subsidio".

El pedido de Pollicita detonó ayer versiones sobre la concreción de un allanamiento a la sede de Vicentin, que fueron rechazadas por integrantes del directorio a la salida de la audiencia de conciliación realizada en la vecina ciudad de Reconquista.

En el expediente se investiga si la entidad bancaria autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de 18.500 millones de pesos en contra de las normativas del banco.

El caso lo llevan adelante el juez federal Julián Ercolini y Pollicita y se encuentra, todavía, en una fase inicial. El magistrado había solicitado en febrero pasado información al Banco Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), pero los pedidos al BNA no fueron respondidos en su totalidad.

Los imputados, ex autoridades del banco e integrantes del directorio de la cerealera, todavía no fueron citados a indagatoria, pero sí están inhibidos y con prohibición de salir del país. La Unidad de Información Financiera (UIF) interviene como querellante en el proceso.

El actual director del Nación, Claudio Lozano, advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.

La Capital (Rosario)