Jueves, 02 Julio 2020 02:28

El gobernador Perotti intervino el puerto de Reconquista que controla Vicentin

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intervino el puerto de la ciudad de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario que detallaba irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin. El mandatario provincial firmó el decreto a través del cual dispuso la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días. Perotti indicó en el decreto de intervención que "por la magnitud, extensión, capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".

A través del mismo decreto, Perotti designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin.

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA.

El decreto indicó que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.

El informe reveló que supuestamente “la Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque la Terminal A no efectúa un embarque desde el año indicado, no registra movimiento portuario alguno, situación que configura un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual".

Además, "conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina que “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador Cynthia, matrícula 01478, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal".

El decreto añadió que “la Terminal B utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya y que el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas) y a un estacionamiento".

También puntualiza el decreto que "según surge de las actas del directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos una confusión de funciones y responsabilidades que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El decreto también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la fiscalización y control, que deriva en que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos".

"No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año", añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días "ante la gravedad de los hechos detallados”.

La Capital (Rosario)

 

La IGPJ desmiente la participación minoritaria de Vicentin en otras sociedades

La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ) hizo una ampliación de las pruebas en la causa de Vicentin a través de la cual desmintió que la participación de la cerealera en otras sociedades sea minoritaria, y fundamentó la presentación enumerando diferentes sociedades nacionales y extranjeras en donde la compañía está involucrada.

El organismo desmintió que la participación societaria de Vicentin en otras firmas sea minoritaria porque “surge también de dichos de la propia concursada, a través de los estados contables de su página web, todo lo cual tiene valor confesional".

El IGPJ mencionó en su escrito que se requieren “estados contables no sólo de Vicentín S.A.I.C. sino de diversas sociedades de las que Vicentín S.A.I.C. forma parte, en algunos casos con control declarado, en otros no; en algunos casos es accionista directa; en otros lo son sociedades que ella controla”. Y en función de ello agrega: “No cabe duda de que la sociedad cuenta con ejemplares de esos estados contables, por lo que es quien está en mejores condiciones para aportar ese elemento. De allí que habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley”.

Si así no sucediese, el órgano judicial indica que la información será pedida a la sindicatura societaria y a la sindicatura concursal, "que tiene atribuciones para obtenerlos”, advierte.

La falta de presentación del último estado contable también fue un aspecto abordado por el documento de la IGPJ, razón por la cual instruye que “si no estuviesen confeccionados, constituye un incumplimiento grave de los integrantes del órgano de administración, quizá el más elemental y el primero a que se recurre a la hora de ejemplificar sobre el mal desempeño”.

Por otro lado, el escrito informa del dominio de bienes de los directores, en los que se registran maniobras de venta, donación y otros hechos sobre los mismos, lo que motiva otro aspecto de investigación.

Sustentado en el informe de la Sigen, se alude a que en el mismo constan serias falencias en el desempeño de la administración societaria, que sobradamente configuran el peligro en la demora para justificar una intervención.

Cuando se procede a la lectura de las irregularidades, el informe mencionado describe: "No apareció el libro diario, un registro elemental; la caja es compartida, manifestando el tesorero bajo su firma que parte de los billetes son de la concursada y otros de diversas sociedades; no hay seguridad informática; no se pudo conciliar el inventario de bienes de uso, donde hay precariedad en nóminas y falta de homogeneidad en valuaciones; inclusión de gastos por mejora en avión cuando no se declaró tener ningún avión; mezcla de chequeras de todas las sociedades, incluidas algunas en las que Vicentín S.A. declara tener participaciones ínfimas (caso Algodonera Avellaneda S.A.); cheques firmados en blanco y cheques faltantes en los talonarios; ausencia de organigrama y plan de gestión; falta de seguridad informática y precariedad de registros, etc”.

Todo esto, más los actos de enajenación de los directores constatados y que ya fueron denunciados el 22 de junio, “sustentan el pedido de intervención realizado por el organismo administrativo”.

La Capital (Rosario)