Entre los factores mencionados por la compañía aparecen los brotes de influenza aviar registrados en el país desde el 2023, que —según la empresa— determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación. La firma señaló que esto provocó una “significativa reducción de las exportaciones”, junto con una sobreoferta en el mercado interno y una marcada caída de los precios de comercialización.

A esos factores, la compañía sumó un incremento sostenido de los costos, circunstancias que, según planteó, derivaron en un “profundo deterioro” de su situación económica, financiera y productiva. La empresa también hizo referencia a sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad y profundizaron la disminución de la producción y de los niveles de faena.

Granja Tres Arroyos también señaló que “había adoptado distintas medidas para preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad posible de puestos de trabajo”. Según explicó, buscó adecuar sus operaciones y reducir sus costos, pero consideró que las medidas implementadas resultaron insuficientes para revertir la crisis y que tampoco fue posible lograr una recuperación rápida de su organización y de su dotación de personal.

Por esos motivos, la compañía comunicó la extinción de los vínculos laborales bajo los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y señaló que pondría a disposición de los trabajadores la liquidación final y la indemnización prevista en esa norma.

Conflicto

En tanto, la FTIA y STIA cuestionaron la decisión y sostuvieron que los despidos se producen mientras las organizaciones sindicales realizan gestiones con la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para buscar alternativas que permitan sostener el proceso productivo y reactivar las plantas.

Afirmaron que “los trabajadores de Granja Tres Arroyos vienen atravesando un atraso de más de cinco quincenas en el pago de salarios”, situación que, según indicó, genera una creciente incertidumbre para los empleados y sus familias. Los gremios calificaron los despidos de “masivos” y afirman que no contribuyen a resolver la situación de la empresa. “Con la clara intención de dividir y debilitar a los representantes de los trabajadores entre los despedidos se encuentran delegados de personal”, dijeron.

Reclamaron la preservación de las fuentes laborales y pidieron un “accionar responsable” tanto a la empresa como a las autoridades nacionales. “Los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, en un delicado contexto que requiere compromiso, diálogo, soluciones y no más despidos. Ni ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”, sintetizaron.

La Nación – Belkis Martínez