Según reconstruyó LA NACION, el objetivo de la reunión es que “no queden dudas conceptuales sobre el alcance de la normativa internacional”. La intención es concluir esta etapa para que el debate pase a centrarse en la unificación de los puntos mencionados que generan diferencias.
“Después de esta instancia alguien podrá decir que está a favor o en contra o que considera que la adhesión es o no conveniente. Lo que ya no podrá decir es que no entiende de qué se está hablando”, resumió una fuente que sigue de cerca las negociaciones.
Incluso, según pudo saber este medio, Huerta manifestó su disposición a responder consultas adicionales por correo electrónico o mantener breves reuniones con quienes aún necesiten alguna aclaración puntual. La intención es que ningún participante llegue a las próximas instancias argumentando desconocimiento sobre los aspectos técnicos de la Upov-91.
La exposición de Huerta estará enfocada en el resto de los conceptos incorporados por el Acta de 1991, como las variedades esencialmente derivadas, el alcance de los derechos del obtentor, la protección sobre el material cosechado y otros aspectos que la Argentina deberá reglamentar si finalmente decide adherir al convenio.
Uno de los puntos centrales entre los productores es que en el acta de la Upov 1978 se permite de manera implícita guardar e intercambiar semilla para uso propio sin prohibición expresa. En tanto que en Upov 1991 deja la excepción opcional a cada país para que autorice el uso propio en sus tierras, prohíba la venta o intercambio libre.
La reunión del miércoles no abordará el punto sobre el uso propio de semillas. Como se dijo, ese tema continúa discutiéndose en una mesa paralela entre representantes de los productores y la industria semillera, con el objetivo de alcanzar una propuesta consensuada.
El encuentro se enmarca en el proceso que el Gobierno de Javier Milei viene desarrollando desde hace más de un año para analizar la modernización del régimen de propiedad intelectual sobre semillas. Durante ese período se realizaron reuniones con productores, entidades rurales, empresas semilleras y especialistas para discutir los alcances de la adhesión a la Upov-91 y su vinculación con una futura reforma de la Ley de Semillas.
Semanas atrás, durante una jornada organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), el presidente del Inase, Martín Famulari, ratificó el compromiso de enviar el proyecto al Congreso antes de fines de 2027. No obstante, aclaró que la prioridad oficial sigue siendo construir el mayor consenso posible antes de avanzar.
La expectativa que tienen en el Gobierno es que productores y semilleros logren acordar una propuesta sobre el uso propio mientras el resto de los aspectos técnicos quede definitivamente esclarecido.
Actualmente, la Argentina integra la Upov bajo el Acta de 1978. La adhesión al Acta de 1991 implicaría actualizar el sistema de protección de las obtenciones vegetales, fortaleciendo los derechos de los obtentores, incorporando nuevas figuras jurídicas como las variedades esencialmente derivadas y ampliando el alcance de la protección, cambios que la industria semillera considera claves para incentivar la inversión y el desarrollo genético. En tanto, algunos sectores de productores mantienen reparos, principalmente por las implicancias que podría tener sobre el uso propio y el alcance de los derechos de obtentor.
La Nación – Belkis Martínez