“Todas las irregularidades e incumplimientos detectados que pudieran resultar constitutivos de conductas ilícitas se encuentran actualmente bajo análisis de los asesores legales de la entidad, con el objeto de impulsar todas las acciones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses de la institución y del conjunto de sus socios”, añade.

Además, se indica que los resultados de la auditoría externa “constituyen información sensible, cuya divulgación podría afectar significativamente los intereses de la SRA, especialmente en el contexto de los procesos legales y comerciales actualmente en curso”.

“Comprometida con la transparencia hacia sus socios, la entidad mantiene la reserva de dichos hallazgos en observancia de criterios de prudencia institucional y de protección de sus derechos, mientras continúa trabajando con la máxima diligencia para resolver la situación”, remarca.

La agrupación de Marcos Pereda Born salió a responder y difundió un comunicado que señala que el texto difundido por la gente de Pino “parece una tomada de pelo a los socios de la SRA” porque “la conducción de la SRA implementó el cambio de sistemas sin preocuparse en absoluto por la preparación necesaria de los equipos técnicos de la institución y sin llevar a cabo los controles indispensables en cada etapa del proceso”.

“En septiembre de 2025 decidieron poner en marcha el nuevo sistema de manera intempestiva sin realizar las pruebas técnicas mínimas que son indispensables en cualquier migración de sistemas. Aprobaron todos los pagos mientras el proyecto fracasaba. Hoy la institución carga con una deuda millonaria, un juicio y un sistema que sigue perjudicando a los socios”, argumenta.

El comunicado asegura que los responsables “son exclusivamente quienes tenían el deber de decidir, gestionar, controlar y rendir cuentas: la presidencia ejercida por Nicolás Pino, la Dirección de Registros Genealógicos presidida por Raúl Etchebehere y la Tesorería, a cargo de Ángel Rossi. Son ellos quienes contrataron, renegociaron, aprobaron pagos y deberían haber supervisado el proyecto. Son ellos quienes deben explicar cómo se perdió el control de una iniciativa que terminó costando millones de dólares y que para peor ni siquiera funciona”.

Además, afirma que, en lugar de asumir la responsabilidad, “eligieron otro camino: ocultar los errores, construir relatos, buscar culpables en quienes por su posición no tenían poder de decisión y atacar cobardemente, sin dar la cara, a quienes exigen explicaciones, utilizando para ello los canales institucionales de la SRA”.

El daño reputacional que está provocando la disputa pública entre Pino y Pereda es mucho más costos que los millones tirados a la basura en un programa informático fallido, aunque eso no pueda evidenciarse en lo inmediato.

Bichos de Campo

Máxima tensión: otro cruce de acusaciones hizo estallar la interna en la Sociedad Rural Argentina

La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que tiene enfrentados al presidente de la entidad, Nicolás Pino, y a su vicepresidente, Marcos Pereda, que competirán en las elecciones de septiembre próximo, sumó otro duro capítulo. La controversia tiene que ver con un sistema contratado para registros genealógicos que presentó fallas. La interna escaló así a 15 días del inicio de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo.

En un documento publicado en su sitio web, titulado "La situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente, Marcos Pereda Born", la entidad comenzó señalando: "Con relación a los inconvenientes registrados en el desarrollo e implementación del proyecto del área de Sistemas de la entidad, la Sociedad Rural Argentina reafirma la posición institucional que hizo pública mediante el comunicado dirigido a los socios el pasado 24 de abril, dejando constancia que la evaluación de los hechos y las acciones impulsadas por la entidad han mantenido, desde entonces, una línea de actuación coherente, consistente y transparente".

Según la organización, “desde hace meses se encuentra en ejecución un plan de contingencia destinado a paliar la situación, asegurar la continuidad operativa durante la transición, minimizar los inconvenientes para los socios y alcanzar una mejora progresiva del sistema”.

En este contexto, apuntó que “durante este proceso se han constatado, tanto a través de los registros propios de la entidad como de la auditoría independiente realizada, numerosas deficiencias atribuibles al proveedor del software, Mobile Computing S.A. (actualmente Grid Dynamics Holdings Inc.), reflejadas en múltiples errores, fallas de funcionamiento, incumplimientos de los desarrollos comprometidos y reiteradas demoras respecto de los plazos originalmente previstos”.

De acuerdo con el escrito, “más allá del desempeño del proveedor, durante todo este proceso también ha quedado expuesta la activa participación de diversas personas en la toma de decisiones vinculadas con la contratación, supervisión y control del proyecto, quienes respondían y contaban con el respaldo de quien aún se desempeña como vicepresidente de nuestra entidad”.

Después apuntó contra Marcos Pereda, de quien dijo que “ha sido un partícipe necesario y responsable, tanto por el nivel de conocimiento que tuvo de todo el proceso como por las responsabilidades inherentes a su función y por el aval y respaldo —directos e indirectos— brindados a las personas que ocuparon posiciones clave durante las gestiones con el proveedor, seleccionado y recomendado por ese mismo equipo".

En otro tramo indicó: “Se cometieron errores y uno de ellos fue haber confiado en las decisiones del actual vicepresidente —quien hoy pretende presentarse como ajeno a los hechos mediante alegatos infundados— y en el equipo de profesionales que oportunamente impulsó y respaldó”.

Y precisó que los asesores legales tienen bajo análisis la situación. Sobre esto dijo: “Todas las irregularidades e incumplimientos detectados que pudieran resultar constitutivos de conductas ilícitas se encuentran actualmente bajo análisis de los asesores legales de la entidad, con el objeto de impulsar todas las acciones que resulten pertinentes para la defensa de los intereses de la institución y del conjunto de sus socios”.

La entidad recordó que en diciembre de 2021 se lanzó el Plan Estratégico, “liderado por el vicepresidente Marcos Pereda Born y por su asesor y persona de confianza, el Sr. Gustavo Papini. Dicho plan contemplaba la modernización de los sistemas de la entidad e incluía el desarrollo de un nuevo software y la conformación del equipo responsable de llevar adelante ese proyecto”.

En un apartado sobre la cronología de los hechos indicó: “El 8 de junio de 2023, Fernando Mosquera y el CEO de Mobile Computing S.A., Sebastián Wainztein, suscribieron el contrato, estableciendo un plazo de ejecución de nueve meses para la finalización del proyecto, pese a que el Estudio Cassagne —asesor legal externo de la entidad— había formulado observaciones críticas y advertencias sustanciales sobre su contenido, las cuales no fueron consideradas al momento de la firma".

Respuesta

En este marco, Marcos Pereda envió una carta a los socios donde realizó diversas apreciaciones.

“Dice el mensaje recibido por todos los socios de la SRA el 30 de junio de 2026: ‘El 8 de junio de 2023, Fernando Mosquera y el CEO de Mobile Computing S.A., Sebastián Wainztein, suscribieron el contrato, estableciendo un plazo de ejecución de nueve meses para la finalización del proyecto, pese a que el Estudio Cassagne —asesor legal externo de la entidad— había formulado observaciones críticas y advertencias sustanciales sobre su contenido, las cuales no fueron consideradas al momento de la firma’”.

Tras esa cita, indicó que “nuevamente Nicolás Pino y sus seguidores omiten decir maliciosamente que el Sr Fernando Mosquera era el gerente general de la SRA, es decir un empleado designado y contratado por Nicolás Pino con aprobación de la Comisión Directiva".

“El gerente general (como en cualquier otra institución) solo suscribe documentación que obligue a la SRA -si y solo si -tiene poderes suficientes otorgados por la SRA y siguiendo instrucciones de sus empleadores”, señaló.

Agregó: “Resulta muy extraño que, si el gerente general hubiera firmado sin tener poder otorgado y en contradicción con lo indicado por los asesores legales de la SRA, el Presidente haya dado validez a ese contrato y no lo haya invalidado inmediatamente. Además de que hubiera debido tomar medidas disciplinarias por el uso indebido de la firma social”.

“Más extraño aún es que estos hechos hayan sido comunicados a los asociados tres años después de haberse firmado el contrato. Por último, es extrañísimo que después de tres años y luego de haberse gastado alrededor de US$4.500.000, cuando el contrato firmado era por US$900.000, nos den cuenta de que ese contrato no debió nunca haberse firmado”, remarcó.

En su mensaje Pereda amplió: “Una vez firmado el contrato, la conducción de la SRA implementó el cambio de sistemas sin preocuparse en absoluto por la preparación necesaria de los equipos técnicos de la institución y sin llevar a cabo los controles indispensables en cada etapa del proceso. En septiembre de 2025 decidieron poner en marcha el nuevo sistema de manera intempestiva sin realizar las pruebas técnicas mínimas que son indispensables en cualquier migración de sistemas. Aprobaron todos los pagos mientras el proyecto fracasaba. Hoy la institución carga con una deuda millonaria, un juicio y un sistema que sigue perjudicando a los socios".

Con otro mensaje dirigido a los socios, Pereda, que retrucó con la frase de una supuesta “falta de honestidad”, cerró: “Quienes tomaron las decisiones que provocaron este fracaso carecen de autoridad y de credibilidad para conducir la solución. Quienes le mienten en la cara a los socios no tienen los valores indispensables para conducir a la institución. La Sociedad Rural Argentina necesita una gestión profesional, transparente, responsable y, sobre todo, honesta. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo ahora”.

La Nación