“Fue tremendo. Hubo productores que tuvieron que gastar lo que no tenían para alimentar la hacienda mientras no producían. El estrés de los rodeos, la falta de pasto y los caminos cortados terminaron generando pérdidas enormes”, señaló.

Frente a ese escenario, cuestionó que las autoridades vuelvan a anunciar planes de gestión hídrica sin que las obras aparezcan en el territorio.

 “Está muy bien que anuncien planes para la Cuenca del Salado, pero nosotros queremos ver las obras. De anuncios estamos saturados. Hasta que no vemos las máquinas trabajando donde tienen que trabajar, ya no creemos más”.

Según explicó, el problema no pasa únicamente por las grandes obras hidráulicas sino también por el abandono del mantenimiento cotidiano.

“Nos dicen que hacen obras, pero uno recorre el distrito y encuentra cunetas inexistentes, canales llenos de sedimentación, acacio negro invadiendo los desagües y caminos totalmente abandonados. Después muestran una foto de una máquina trabajando, pero la realidad es otra”, describió.

La productora aseguró que la situación pone en riesgo no solo la producción agropecuaria sino también la vida de quienes habitan la ruralidad.

“El acceso a la educación, a la salud y a cualquier servicio se vuelve un problema enorme. El año pasado hubo productores que para recorrer 27 kilómetros hasta su campo tenían que hacer 140 por los desvíos. Los docentes no podían llegar a las escuelas rurales y muchas familias quedaron prácticamente aisladas”.

Además, advirtió que el agua se encuentra muy cerca de distintos pueblos del sur casarense y que, si se cumplen los pronósticos de nuevas lluvias abundantes, la situación podría agravarse rápidamente.

“No queremos volver a vivir lo del año pasado. Si vienen las lluvias que anuncian, con los campos en estas condiciones, el impacto sobre la producción agrícola y ganadera va a ser muy fuerte”, advirtió.

Como abogada, Córdoba Martin representa a pequeños y medianos productores que decidieron llevar sus reclamos a la Justicia ante la falta de respuestas oficiales. Las demandas apuntan principalmente al estado de los caminos rurales y al cobro de la tasa vial sin la correspondiente prestación del servicio.

“La gente está cansada del cuento. Nadie se niega a pagar. Nosotros no promovemos la rebelión fiscal. Lo único que exigimos es que el Estado cumpla con la contraprestación que corresponde por los impuestos que cobra”.

En ese sentido, explicó que las acciones judiciales buscan determinar la responsabilidad estatal por las omisiones en el mantenimiento de la red vial.

“En derecho existe la acción por omisión. La lluvia no la puede manejar nadie, pero el mantenimiento de los caminos sí. Hay responsabilidades que tienen que asumirse”.

También cuestionó la falta de planificación por parte del municipio. “Dicen que tienen un plan de caminos en la cabeza. Yo los felicito por la memoria, pero me gustaría verlo escrito para que todos sepamos cuáles son las prioridades y dónde van los recursos que aportan los contribuyentes”.

Finalmente, Córdoba Martin consideró que el deterioro de la infraestructura rural termina expulsando población del campo y golpeando especialmente a los productores de menor escala.

“Nuestros abuelos poblaron esta región trabajando la tierra. Hoy pareciera que todo empuja para que la gente se vaya. Nosotros no pedimos privilegios. Pedimos caminos transitables, canales mantenidos y obras de verdad. Lo único que queremos es poder producir”.

Bichos de Campo – Nicolás Razzetti